Acosta alertó por el avance sobre la industria fueguina: “Nos están invitando a irnos de nuestra provincia”
La presidenta de la Cooperativa Renacer cuestionó las modificaciones impulsadas por Nación sobre los procesos productivos y advirtió por su impacto en el empleo y el arraigo. Aseguró que el nuevo esquema para aires acondicionados podría eliminar más de 90 puestos por línea de producción y reclamó una convocatoria política, social y económica para enfrentar la crisis.
En el Día del Trabajador Metalúrgico, Mónica Acosta trazó un diagnóstico crítico sobre el presente de la industria fueguina y ubicó la situación actual entre las más complejas que atravesó el sector en las últimas décadas. Para la presidenta de la Cooperativa Renacer, la diferencia con crisis anteriores está en que esta vez no se trata solamente de una caída del mercado o de una apertura de importaciones, sino de decisiones que avanzan directamente sobre los procesos productivos que sostienen el empleo industrial en Tierra del Fuego.
En declaraciones a FM La Isla, Acosta repasó las distintas etapas que atravesó la industria desde la década del 90, la crisis de 2001 y los años posteriores, y sostuvo que el escenario actual reúne elementos de aquellas experiencias, pero incorpora un componente que considera particularmente grave: el avance sobre la estructura del subrégimen industrial mediante decisiones administrativas.
“Actualmente para mí es un compendio de todas las crisis anteriores”, definió. Sin embargo, al comparar esta etapa con otros períodos de apertura económica, sostuvo que ninguno había avanzado de esta manera sobre los principios centrales de la Ley 19.640.
“Esta es la más dura, la más violenta”
Acosta señaló que las modificaciones comenzaron con medidas que afectaron a los microondas, continuaron con los celulares y ahora alcanzaron de lleno a la fabricación de aires acondicionados.
Según planteó, el problema no reside únicamente en la reducción de las tareas que se realizan en Tierra del Fuego, sino en que los beneficios fiscales del régimen permanecen mientras disminuye el valor agregado generado en la provincia.
“Hoy se vacía de contenido, pero las exenciones fiscales siguen en cabezas de las grandes empresas”, cuestionó.
La dirigente sostuvo que esa transformación golpea especialmente a las empresas de menor escala y a las cooperativas, como Renacer en Ushuaia y Audivic en Río Grande. También afirmó que durante años presentaron proyectos vinculados con diversificación y sustitución de importaciones sin encontrar acompañamiento para desarrollarlos.
Para Acosta, esa ausencia de alternativas es una de las razones que diferencia el escenario actual de otras crisis. “A diferencia de otras instancias, esta es la más dura, la más violenta y la que de alguna manera nos viene acompañando desde hace dos años, invitando a irnos de nuestra provincia después de casi 30 años de actividad”, afirmó.
El impacto del nuevo proceso de aires acondicionados
Uno de los principales ejes de la entrevista fue la modificación del proceso productivo de los aires acondicionados, que entrará en vigencia el 15 de diciembre.
Acosta sostuvo que el impacto laboral será considerablemente mayor al que puede surgir de observar solamente las etapas eliminadas formalmente, porque alrededor de la fabricación existe una cadena que incluye tareas administrativas, compras, logística, despachantes de Aduana, transporte y proveedores.
Según explicó, para producir actualmente un equipo de aire acondicionado intervienen alrededor de 160 trabajadores. Con el nuevo esquema, estimó que entre 91 y 92 puestos vinculados directamente con ese proceso podrían desaparecer.
“Para la realización de un aire acondicionado se necesitan 160 personas, de las cuales, con el nuevo proceso productivo en vigencia, entre 91 y 92 de manera directa perderíamos el trabajo”, sostuvo.
La preocupación alcanza directamente a Renacer. La cooperativa trabaja a fasón para Newsan en la fabricación de placas y cajas utilizadas en esos equipos, tareas que, según Acosta, dejarían de formar parte del proceso local.
De acuerdo con su descripción, quedarían fundamentalmente el control funcional del equipo, la comprobación de eventuales pérdidas de gas y el embalaje. “O sea, 15 personas, esa es la realidad, no quedaría mucho más que eso”, resumió.
“Es erradicarnos, básicamente disminuir sistemáticamente la población”
Para Acosta, las consecuencias exceden a las fábricas y deben analizarse también en términos demográficos y de arraigo. En ese punto vinculó directamente la pérdida de empleo privado con la posibilidad de que más familias abandonen Tierra del Fuego.
“Entonces es erradicarnos, básicamente disminuir sistemáticamente la población. Creo que el laboratorio somos los sectores de la industria, el sector privado”, afirmó. También mencionó la salida de familias de Río Grande como una de las señales del impacto que, a su entender, ya está teniendo la crisis industrial.
La dirigente rechazó además el argumento de que la modificación del proceso de aires acondicionados fuera la única alternativa posible para evitar que directamente se dejara de fabricar el producto en la provincia.
“No, de ninguna manera”, respondió cuando fue consultada sobre esa interpretación. Acosta sostuvo que Renacer no participó de ese acuerdo y cuestionó que la solicitud para modificar el proceso haya contado con participación de representantes empresariales fueguinos.
Una discusión sobre la Ley 19.640
El análisis de Acosta avanzó luego hacia el futuro del régimen de promoción fueguino. La dirigente diferenció la vigencia de la Ley 19.640 de lo que está ocurriendo con el subrégimen industrial y consideró que existe margen para discutir judicialmente algunas de las decisiones adoptadas.
Según sostuvo, hay antecedentes y jurisprudencia que podrían habilitar acciones judiciales o medidas cautelares frente a decisiones que, a su entender, desnaturalicen el objetivo original del régimen.
Acosta cuestionó especialmente la posibilidad de mantener exenciones impositivas sin exigir como contrapartida generación de valor agregado, desarrollo y empleo.
“No era convertir en un paraíso fiscal de cobro sin generar valor agregado, sin adecuarme a un nivel y a un tipo de industria que genere desarrollo, empleo local y, por sobre todas las cosas, arraigo poblacional”, planteó.
En ese sentido, sostuvo que no espera necesariamente una eliminación formal de la Ley 19.640, pero sí observa un fuerte debilitamiento del subrégimen industrial.
“No me gusta para nada la idea de que Tierra del Fuego o Ushuaia en particular se convierta en Panamá, un lugar de paraísos fiscales con exenciones impositivas sin que tenga como correlato el desarrollo, el trabajo, la industrialización de los recursos”, afirmó.
Industria, población y soberanía
La discusión sobre el régimen industrial llevó también a la cuestión de la soberanía y el carácter estratégico de Tierra del Fuego. Acosta recordó que la Ley 19.640 no respondió únicamente a objetivos económicos, sino también a una política destinada a generar población, actividad productiva y presencia efectiva en el territorio.
Desde esa perspectiva, cuestionó que se planteen proyectos estratégicos para la provincia mientras, paralelamente, se adoptan decisiones que pueden reducir el empleo y acelerar la salida de habitantes.
La dirigente también se refirió a los anuncios vinculados con la Base Naval Integrada y planteó interrogantes sobre sus características, conducción y contexto geopolítico. Para Acosta, cualquier iniciativa de esa naturaleza debe analizarse junto con las condiciones económicas y políticas del país y no de manera separada de lo que ocurre con la población y la producción fueguinas.
Un llamado a un acuerdo político, social y económico
Sobre el final de la entrevista, Acosta reclamó una reacción conjunta de los distintos sectores de Tierra del Fuego frente al deterioro industrial.
Consideró “inadmisible” que no exista una convocatoria amplia para discutir una respuesta provincial y planteó la necesidad de construir “un gran pacto político, social y económico” que permita definir cómo enfrentar la crisis.
La preocupación, advirtió, no debería limitarse a los trabajadores privados. Según su análisis, la reducción de la actividad y del empleo terminará repercutiendo también sobre los recursos públicos y, en consecuencia, sobre la capacidad del Estado provincial para sostener su propia estructura.
“Si no se genera laburo, si no se posibilita dar esa discusión, está todo en saco roto”, sostuvo.
El planteo de Acosta vuelve así a colocar la discusión industrial más allá de cada fábrica o proceso productivo. Para la presidenta de Renacer, lo que está en juego no es solamente cuántas etapas se realizan para fabricar un aire acondicionado, sino qué lugar ocuparán la producción, el empleo, el arraigo y la soberanía en el futuro de Tierra del Fuego.
