Araujo impulsa una comisión investigadora por las denuncias sobre el PAMI en Tierra del Fuego
El diputado nacional Jorge Araujo presentó un proyecto para investigar presuntas irregularidades en prestaciones médicas, facturación y controles del PAMI fueguino. La iniciativa busca revisar denuncias formuladas desde 2025 y la respuesta del organismo.
Las denuncias por presuntas irregularidades en prestaciones médicas financiadas por el PAMI en Tierra del Fuego llegaron al Congreso Nacional. El diputado Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto de resolución para crear una Subcomisión Especial Investigadora que pueda revisar expedientes, auditorías, contrataciones y actuaciones administrativas vinculadas al funcionamiento del organismo en la provincia.
La iniciativa, registrada bajo el Expediente 3463-D-2026, lleva además las firmas de otros trece diputados nacionales y propone que la investigación funcione dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja. Su objetivo no se limita a determinar qué ocurrió con las prestaciones cuestionadas, sino también a establecer cómo actuaron los mecanismos internos de auditoría y control del PAMI después de recibir las denuncias.
“Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes, pedidos de auditoría e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación institucional de intervenir”, sostuvo Araujo. Y agregó: “Frente a hechos de esta gravedad, el silencio no es una opción”.
Qué irregularidades se busca investigar
Los fundamentos del proyecto reconstruyen una serie de presentaciones iniciadas a partir de inconsistencias advertidas por profesionales vinculados al sistema prestacional. Una de las primeras situaciones señaladas corresponde a la facturación de biofeedback anorrectal, una práctica especializada que requiere equipamiento y capacitación específicos.
Según el documento, se detectaron numerosas órdenes asociadas a esa prestación y surgieron dudas acerca de su efectiva realización, de la infraestructura disponible y de la identificación de los profesionales que habrían intervenido. A partir de esos cuestionamientos se realizaron reuniones con autoridades del PAMI y se aportó documentación para solicitar verificaciones y auditorías.
Con el tiempo, las observaciones se extendieron a procedimientos urológicos, prácticas de laboratorio, estudios diagnósticos, intervenciones quirúrgicas y estudios de fertilidad, entre otras prestaciones. El proyecto plantea que debería reconstruirse la trazabilidad entre órdenes médicas, autorizaciones, historias clínicas, prestaciones efectivamente realizadas y posterior facturación.
Los antecedentes también indican que las actuaciones llegaron a la Unidad Fiscal de Investigación de PAMI, dentro del denominado “Caso Coirón” N.º 241115/2025, y mencionan una auditoría realizada en octubre de 2025 sobre el Centro Médico Médici y estructuras empresariales vinculadas. Según los fundamentos, quienes promovieron las denuncias sostienen que no recibieron información oficial sobre las conclusiones de esas verificaciones ni sobre las medidas que eventualmente se adoptaron.
“Lo más grave” es la falta de respuestas
Araujo puso el foco precisamente en ese aspecto. Para el diputado, el caso no debería analizar únicamente las presuntas irregularidades en las prestaciones, sino también qué hizo el organismo una vez que tomó conocimiento de ellas.
“Lo verdaderamente preocupante no son solamente las irregularidades que pudieran haberse cometido. Lo más grave es que, después de más de un año y medio de denuncias, documentación aportada, reuniones, auditorías y presentaciones administrativas, todavía no exista una explicación clara y completa sobre cuál fue la respuesta institucional del organismo”, afirmó.
El proyecto señala que desde los primeros meses de 2025 hubo reuniones con funcionarios, presentación de documentación, denuncias escritas, ampliaciones y pedidos de informes. Sin embargo, sostiene que los antecedentes disponibles no permiten establecer con claridad qué conclusiones alcanzaron los organismos intervinientes, qué medidas adoptaron o qué irregularidades fueron confirmadas o descartadas.
“Si las denuncias son falsas, alguien debe demostrarlo mediante auditorías serias, independientes y transparentes. Si son verdaderas, la sociedad tiene derecho a conocer toda la verdad y a que se determinen las responsabilidades correspondientes”, planteó Araujo.
Qué podría hacer la Subcomisión
De aprobarse el proyecto, la Subcomisión estaría integrada por miembros de la Comisión de Acción Social y Salud Pública respetando la representación política de la Cámara. Tendría facultades para requerir expedientes, informes, auditorías y documentación, además de convocar a funcionarios y exfuncionarios, profesionales, auditores, denunciantes y otras personas vinculadas con los hechos.
También podría solicitar colaboración a organismos nacionales, provinciales y municipales. Una vez constituida, tendría 60 días para elaborar un informe con los hechos analizados, conclusiones y eventuales recomendaciones administrativas, institucionales o legislativas.
Araujo vinculó la necesidad de avanzar con la investigación con el destino de los fondos bajo análisis. “Cada recurso del PAMI que no llegue a destino significa menos estudios, menos tratamientos, menos medicamentos y menos atención para quienes dependen exclusivamente de ese sistema de salud”, afirmó.
Tanto el proyecto como el legislador aclaran que la iniciativa no busca sustituir a la Justicia ni atribuir anticipadamente responsabilidades a funcionarios, exfuncionarios, prestadores o particulares. El objetivo planteado es esclarecer las denuncias y determinar si los mecanismos de auditoría, fiscalización y control del organismo funcionaron adecuadamente.
“Cuando existen dudas sobre el destino de esos fondos, el Congreso tiene el deber indelegable de investigar”, concluyó Araujo.
