Arroyo: “El fallo que frenó la reforma constitucional tiene un componente político”
La secretaria de Coordinación Legal y Técnica confirmó que el Gobierno provincial apelará la resolución que anuló la convocatoria a elecciones constituyentes, cuestionó los fundamentos de la sentencia y sostuvo que la decisión judicial llegó fuera de los plazos razonables para una causa de estas características.
El Gobierno de Tierra del Fuego ya trabaja en la apelación del fallo de la jueza electoral Mariel Zanini que declaró la nulidad del decreto de convocatoria a elecciones para convencionales constituyentes. Así lo confirmó la secretaria de Coordinación Legal y Técnica, Mariángeles Arroyo, quien aseguró que la Provincia no comparte ni los fundamentos jurídicos ni la interpretación institucional que contiene la resolución.
En diálogo con Guillermo Lacaze en FM La Isla, la funcionaria evitó adelantar detalles sobre la estrategia judicial que seguirá el Ejecutivo, aunque confirmó que la decisión será recurrida dentro de los plazos legales establecidos.
La Provincia apelará el fallo
Arroyo explicó que la Secretaría Legal y Técnica se encuentra analizando la resolución para definir los pasos a seguir, aunque ratificó que el camino elegido será la apelación.
“Estamos analizando el fallo y evaluando qué estrategia legal seguimos. Por supuesto, no estamos de acuerdo ni con el fallo ni con la interpretación que se hace de la ley”, sostuvo.
La funcionaria confirmó además que la Provincia dispone de cinco días hábiles para presentar el recurso correspondiente, plazo que comenzó a correr luego de la notificación formal recibida este jueves.
“Sí, vamos a recurrirlo. Los plazos son de cinco días hábiles y la notificación la recibimos hoy”, señaló.
La discusión por los 210 días
Uno de los puntos centrales del conflicto jurídico gira en torno al momento en que comenzaron a computarse los 210 días previstos para la convocatoria electoral.
La jueza Zanini consideró que ese plazo aún no había comenzado a correr debido a que la sentencia vinculada al Superior Tribunal de Justicia no se encontraba firme. Sin embargo, la Provincia sostiene una interpretación distinta.
“Nosotros entendemos que el fallo quedó firme al momento de la denegación del REF. Desde ese día comenzamos a contar el plazo de los 210 días”, explicó Arroyo.
Según indicó, esa diferencia de interpretación es uno de los aspectos que el Gobierno cuestionará en la instancia superior.
“En los tiempos, el fallo es político”
Aunque reconoció que el texto de la sentencia no contiene argumentos de naturaleza política, la funcionaria sostuvo que el contexto y los tiempos en los que fue emitida la resolución generan interrogantes.
“Si ponemos atención a los tiempos, sí lo hace”, afirmó al ser consultada sobre la posibilidad de que exista un componente político detrás del fallo.
Arroyo recordó que el expediente había atravesado distintas etapas procesales, incluyendo consultas al Ministerio Público Fiscal que ya habían sido respondidas semanas atrás.
“Hace un mes que esta evaluación debería haberse hecho, pero no se hizo en ese tiempo. Se consultó al Ministerio Público Fiscal, respondió las consultas que tenía la jueza y después demoramos diez días más en emitir ese fallo”, sostuvo.
Por ese motivo, consideró que más allá del contenido formal de la resolución, el momento elegido para dictarla resulta llamativo desde la perspectiva del Ejecutivo provincial.
Un escenario abierto
La funcionaria evitó profundizar sobre los argumentos que presentará la Provincia en la apelación y reiteró que el análisis jurídico continúa en marcha.
“No lo voy a contar”, respondió entre risas cuando fue consultada sobre la estrategia que prepara el Gobierno.
Sin embargo, confirmó que la Secretaría Legal y Técnica trabaja contrarreloj para completar la presentación dentro de los plazos previstos y trasladar la discusión a la instancia judicial correspondiente.
De esta manera, el conflicto por la convocatoria a la reforma constitucional suma un nuevo capítulo. Mientras la Provincia prepara su apelación, el debate continuará en los tribunales y mantendrá abierto un proceso que sigue generando fuertes repercusiones políticas e institucionales en Tierra del Fuego.
