Barcesat: “Pudieron tomar la iniciativa y nunca lo hicieron ni la Nación ni Tierra del Fuego”
El constitucionalista Eduardo Barcesat, patrocinante de la demanda colectiva impulsada por la Fundación Agustina Lerena por la explotación pesquera en el Atlántico Sur, explicó en FM La Isla los fundamentos jurídicos de un reclamo estimado en US$ 26.000 millones. Aseguró que la iniciativa había sido propuesta previamente a autoridades nacionales y provinciales, cuestionó la falta de respuestas y sostuvo que “nadie está excluido” entre quienes operaron bajo permisos británicos.
El constitucionalista Eduardo Barcesat, patrocinante de la demanda colectiva promovida por la Fundación Agustina Lerena por la explotación pesquera en el Atlántico Sur, aseguró que la acción judicial busca avanzar sobre un reclamo que durante años fue acercado a autoridades nacionales y de Tierra del Fuego sin obtener una respuesta concreta.
En diálogo con FM La Isla, explicó que la investigación fue elaborada por César Lerena y que su participación está centrada en aportar la fundamentación constitucional y jurídica que sostiene la presentación. “Esto oportunamente se lo hemos propuesto a las autoridades provinciales, nunca hemos tenido una respuesta concreta en el sentido de decir que la provincia va a hacer esta reclamación”, afirmó.
Barcesat señaló que, ante esa falta de definición, se resolvió impulsar la acción a través de la Fundación Agustina Lerena, vinculada específicamente con la pesca, la preservación del ambiente marino y la defensa de los recursos naturales. El planteo cuestiona que empresas hayan desarrollado actividades pesqueras con permisos otorgados por las autoridades británicas de Malvinas, sin autorización argentina. “Han recibido permisos de pesca de una autoridad usurpante sin consulta con las autoridades ni de la Nación ni de la provincia de Tierra del Fuego”, sostuvo.
Un reclamo con epicentro en Tierra del Fuego
Barcesat consideró que la Justicia fueguina tiene competencia para intervenir debido a la afectación que, según la demanda, se produjo sobre recursos vinculados con la provincia, aunque aclaró que el reclamo tiene un alcance mayor y comprende el litoral de la Zona Económica Exclusiva argentina. “Esta acción entendemos que le compete a la Justicia fueguina porque es allí donde se ha producido la mayor afectación a la pesca de nuestras riquezas, pero comprende todo el litoral de nuestra Zona Económica Exclusiva”, explicó.
En ese sentido, señaló que la presentación también contempla la participación de otras provincias con litoral marítimo y que se solicitó su convocatoria para que puedan intervenir en el proceso. Su tarea, detalló, consiste en sostener jurídicamente “los aspectos constitucionales que justifican el dominio argentino, la condena de la usurpación perpetrada desde 1833 y mantenida hasta la fecha” y cuestionar la potestad británica para conceder licencias pesqueras.
“Es una forma de poner en práctica aquello que anunciamos. Pusimos el ofrecimiento a autoridades provinciales y también de la Nación, no hubo eco, entonces la acción la promueve una fundación con competencias suficientes”, afirmó.
US$ 26.000 millones y un eventual fideicomiso
La demanda estima en alrededor de US$ 26.000 millones el perjuicio derivado de años de explotación pesquera en el Atlántico Sur bajo autorizaciones británicas. Barcesat aclaró que, en caso de prosperar la acción y lograrse una reparación económica, los fondos no serían destinados a la fundación que promovió el reclamo, sino que la intención es constituir un fideicomiso “en beneficio del conjunto del pueblo argentino”.
La presentación está acompañada por diez anexos documentales que, según detalló, contienen antecedentes sobre las operaciones desarrolladas durante años en la zona. “Hay diez anexos con todas las publicaciones que tienen las constancias de los años en que han estado, diría, depredando el mar austral, la Zona Económica Exclusiva y sin rendir nunca ni un pedido de autorización, ni cuenta, ni mucho menos efectuar los pagos correspondientes a la autoridad argentina”, sostuvo.
Para Barcesat, Argentina es “la única con legitimidad histórica, geográfica y jurídica” para percibir esos pagos, por lo que el reclamo económico forma parte de una discusión más amplia sobre soberanía y control efectivo de los recursos naturales del Atlántico Sur.
“Nadie está excluido del reclamo”
Consultado sobre qué empresas o flotas podrían quedar alcanzadas, el constitucionalista aseguró que la presentación no establece diferencias según nacionalidad o bandera. “Nadie está excluido del reclamo, no hemos hecho distinción de banderas, de pertenencias, sino señalar que todos ellos han operado bajo, entre comillas, permisos de pesca del usurpante del territorio argentino”, afirmó.
Ante la consulta sobre eventuales empresas argentinas asociadas con compañías extranjeras, Barcesat evitó precisar casos particulares y señaló que ese aspecto corresponde específicamente a la investigación desarrollada por César Lerena. Sí remarcó que la intención es convocar a quienes tienen legitimación para reclamar lo que definió como una “compensación económica sustraída, usurpada, a la Nación Argentina”.
La crítica a Nación y a la Provincia
Uno de los ejes más fuertes de la entrevista estuvo centrado en la falta de intervención previa de los gobiernos nacional y fueguino. Barcesat sostuvo que la iniciativa pudo haber sido impulsada directamente por el Estado y aseguró que esas posibilidades fueron planteadas con anterioridad. “Pudieron tomar y nunca lo hicieron ni la autoridad nacional ni la autoridad fueguina”, afirmó.
Según explicó, las propuestas habían sido acercadas a las autoridades provinciales “por lo menos cuatro o cinco años” atrás. También señaló que, hasta el momento de la entrevista, el Gobierno nacional no se había pronunciado sobre la presentación y que el Ejecutivo fueguino tampoco había tomado contacto con los impulsores de la demanda. “Hasta acá son los municipios los que han apoyado vivamente esta presentación, en tanto que el Gobierno provincial no ha hecho ningún contacto con los presentantes para interiorizarse, sumarse o lo que fuere”, expresó.
Barcesat aclaró que el expediente ya cuenta con número, ingreso formal y autoridad judicial interviniente, por lo que consideró que las autoridades podrán incorporarse posteriormente como terceros interesados. Sin embargo, insistió en que tanto Nación como Provincia “son los que debieron haber actuado de inicio, porque esto les fue ofrecido hace mucho tiempo”.
La Justicia de Río Grande y las causas por soberanía
Durante la entrevista también fue consultado sobre la receptividad que ha mostrado la Justicia Federal de Río Grande frente a distintas presentaciones vinculadas con Malvinas y el Atlántico Sur. Barcesat aclaró que se trataba de una apreciación personal, como alguien externo al juzgado y a la fiscalía, pero destacó la respuesta institucional que encontró este tipo de planteos.
“Lo que aprecio es que, primero, saben derecho; segundo, lo aplican; tercero, no admiten presiones políticas ni buscan negociados económicos”, sostuvo. A partir de esa valoración, contrastó el funcionamiento judicial con lo que considera una falta de decisiones políticas frente a iniciativas vinculadas con la soberanía territorial y marítima.
“Créame que hemos empleado mucho tiempo en aportar iniciativas reivindicativas de soberanía territorial y marítima a la provincia”, señaló, y recordó que a lo largo de esos años presentaron propuestas que incluían tanto legislación provincial como iniciativas destinadas a proyectarse hacia el Congreso Nacional. Para Barcesat, el problema no pasa por la ausencia de discursos sobre Malvinas, sino por la dificultad para traducirlos en medidas concretas.
“Hablan de soberanía”
En ese punto, el constitucionalista amplió sus cuestionamientos hacia la política argentina sobre Malvinas y puso como ejemplo los acuerdos de Madrid I y II y otros entendimientos posteriores celebrados con el Reino Unido. “¿Cuánto tiempo vamos a esperar para denunciar por su falta de aprobación en el Congreso de la Nación los tratados Madrid I, Madrid II, Foradori-Duncan y Mondino-Lamy?”, planteó.
Barcesat sostuvo que esos instrumentos deberían atravesar el tratamiento previsto por la Constitución Nacional y cuestionó que sigan produciendo efectos sin una definición del Congreso. “Hablan de soberanía, pero el paso primero que debe ser dado es desechar eso”, afirmó, al considerar que existe una contradicción entre el discurso público sobre Malvinas y la continuidad de acuerdos que, desde su perspectiva, deberían ser revisados.
La crítica se extendió tanto al Gobierno nacional como al Ejecutivo provincial. “Me da la sensación que en esta, como en otros temas sobre los cuales también he escrito, la Constitución no existe para el Gobierno, en este caso nacional, y también agrego lamentablemente provincial”, expresó. En relación con la administración nacional fue todavía más gráfico al señalar que pareciera que el texto constitucional está “en una caja fuerte bajo 70 candados”.
Barcesat vinculó esa observación con el régimen jurídico de los recursos naturales y recordó que los pactos internacionales de Naciones Unidas incorporados a la Constitución reconocen a los pueblos como titulares de sus riquezas y recursos. A su entender, ese principio no tuvo una traducción adecuada en la legislación interna, donde señaló que el Código Civil y Comercial los contempla como bienes privados del Estado Nacional.
Esa distancia entre la jerarquía jurídica de los tratados y su aplicación concreta resume, para el constitucionalista, una de las contradicciones centrales del sistema. “Están en el altar jurídico pero no se aplican en la vida cotidiana”, afirmó.
La demanda impulsada por la Fundación Agustina Lerena se inscribe, según explicó Barcesat, precisamente en la búsqueda de trasladar el reclamo de soberanía sobre Malvinas y el Atlántico Sur desde el plano declarativo hacia acciones concretas sobre la explotación y el valor económico de sus recursos.
