Barja exige la reincorporación de los 140 trabajadores del puerto de Ushuaia y no descarta medidas internacionales
El secretario general del SUTAP cuestionó la intervención nacional y rechazó una reincorporación parcial del personal. Confirmó gestiones ante la Corte Suprema y anticipó que organizaciones portuarias internacionales podrían intervenir si no se resuelve el conflicto.
El conflicto por la intervención nacional del puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo con la presentación de organizaciones sindicales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la posibilidad de que el reclamo por los 140 trabajadores portuarios alcance dimensión internacional. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Administración Portuaria (SUTAP), Adolfo Barja, cuestionó la actuación del organismo nacional que administra la terminal y rechazó cualquier propuesta que implique reincorporaciones parciales o exclusiones por edad.
En diálogo con Guillermo Lacaze, el dirigente explicó que la movilización frente al máximo tribunal busca dar mayor visibilidad a la situación de los trabajadores afectados por la intervención y obtener una respuesta judicial que permita avanzar hacia una solución. Sobre por qué el reclamo se lleva a Buenos Aires, recurrió a un refrán: “Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires”, y agregó que cuando el problema se plantea solo en la isla, “por ahí evitarás que le dan tanta bola”.
Barja sostuvo que el reclamo laboral debe mantenerse por encima de las diferencias políticas e institucionales: “Tenemos que resolver el problema a los 140 trabajadores, más allá de qué sindicatos tienen unos u otros”, expresó, al remarcar que la prioridad es garantizar la continuidad laboral de todo el personal.
Rechazo a las reincorporaciones parciales y a las restricciones por edad
Uno de los cuestionamientos más fuertes de Barja estuvo dirigido a las alternativas de reincorporación que, según afirmó, plantea la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
El dirigente aseguró que se mencionaron propuestas para que los trabajadores vuelvan de a poco y para dejar afuera a quienes superen determinada edad. “Hay propuestas de ANPYN que yo y mis clientes ya no las queremos tener. Hay propuestas que ANPYN quiere que empiecen a entrar los trabajadores de a poquito. Hay una propuesta que quieren que los compañeros que tengan 50 años no los dejen tomar. Esto es loco”, manifestó.
Barja aclaró que no mantiene conversaciones con el organismo nacional, aunque reconoció que otros dirigentes sí lo hacen: “Yo no hablo con la gente de ANPYN. Yo sé que hay dirigentes que hablan”.
Frente a esas alternativas, sostuvo que la posición de su organización es exigir una solución para la totalidad de los afectados. “¿Entra todo o no entra ninguno? Es así el tema”, sintetizó.
La presentación ante la Corte Suprema y el reclamo por la intervención
Barja explicó que las organizaciones sindicales decidieron trasladar el reclamo a Buenos Aires para exigir una respuesta frente a la situación del puerto de Ushuaia. Ya se realizaron presentaciones ante la Corte Suprema, aunque todavía esperan definiciones.
“Esta es nuestra primera sala de discusión con la Justicia. Decimos, les presentamos algunos papeles y dicen, bueno, normalicen eso. Nosotros creemos que está mal y ahí calculo yo que en el transcurso de mañana o por ahí la semana que viene algo van a decir”, señaló.
El dirigente manifestó sus dudas sobre la posibilidad de una respuesta favorable: “Le tengo un poco de desconfianza. Espero que esté a la altura del conocimiento y que entreguen el puerto nuevamente. Pero no en las condiciones que quiere ANPYN”.
También cuestionó directamente la intervención nacional y consideró que el puerto debe volver a la órbita provincial: “ANPYN se tiene que ir de ahí. No puede estar. Eso es de la Provincia y hay que defenderlo como sea”.
La posibilidad de extender el conflicto a otros puertos del mundo
Otro de los ejes de la entrevista fue la participación de organizaciones sindicales internacionales vinculadas con los trabajadores portuarios argentinos.
Barja señaló que, si no se logra una solución mediante el diálogo y las instancias judiciales, el reclamo podría derivar en acciones de solidaridad en otros países. “Si no nos dan la bolilla necesaria, ahí creo que hay algunos documentos que las internacionales nuestras ya los plantearon. Si tocan a uno, tocan a todos”, advirtió.
“Creo que va a haber un problema internacional, porque los barcos también pasan por Montevideo, pasan por Brasil, pasan por Europa. Y nuestra central es una organización muy fuerte donde podemos poner algunos frenos a esto”, manifestó. Anticipó además que en noviembre se realizará en Brasil una reunión internacional a nivel mundial que, según dijo, tomará una decisión sobre el tema.
También recordó antecedentes en los que la intervención de organizaciones internacionales permitió ampliar las negociaciones con empresas y operadores, y planteó que el conflicto también alcanzaría a los armadores: “Cuando los trabajadores quieren hacer un movimiento, vamos a ver lo que dicen los armadores. Y ese es un problema que tienen internacionalmente”.
Aclaró, sin embargo, que por el momento no se adoptaron medidas concretas: “Hasta ahora estamos hablando. Hasta ahora estamos hablando”.
“Primero queremos solucionar el problema de los 140”
Consultado sobre las responsabilidades políticas del conflicto, Barja cuestionó la intervención del Gobierno nacional, aunque insistió en que su principal preocupación son los trabajadores. Consideró que el mayor problema es la propia intervención: “Nosotros creemos que la Nación, con la intervención, es ese problema”.
“Yo no soy ni del gobierno ni en contra del gobierno. Yo lo que le digo al gobernador: che, hay que defender los 140 trabajadores”, expresó.
Sobre el contexto geopolítico, sostuvo que las organizaciones internacionales dudaron en involucrarse, pero que cambió su postura: “Yo observaba la discusión por un tema de la geopolítica, y no se quisieron meter, pero ahora sí se meten porque hay trabajadores en el medio”.
Para Barja, la discusión política puede darse después, y primero debe resolverse la situación del personal: “Que se vayan los que están ahí adentro y que queden los 140 compañeros y compañeras a trabajar. Si no, no va a haber solución”.
Las organizaciones seguirán esperando una respuesta de la Corte Suprema y mantendrán los contactos con sus representaciones internacionales. Por el momento, el conflicto continúa abierto, con el reclamo por la reincorporación de los 140 trabajadores como principal exigencia del sector.
