Bogado advirtió que la deuda provincial pone en riesgo los servicios básicos de Río Grande
El concejal de Provincia Grande cuestionó la demora en las transferencias de coparticipación, que superan los $17.000 millones, y anticipó un escenario complejo para el presupuesto 2027. También habló de las alianzas electorales, el transporte público y el nuevo programa de loteo municipal.
La deuda de coparticipación que el Gobierno de Tierra del Fuego mantiene con el Municipio de Río Grande condicionará la discusión del Presupuesto 2027 y podría comprometer el funcionamiento de servicios esenciales si continúan las demoras en las transferencias. Así lo planteó el concejal de Provincia Grande, Jonatan Bogado, quien señaló que la situación financiera municipal dificulta proyectar el próximo ejercicio en un contexto de caída de la actividad económica y mayores demandas de asistencia a las familias.
El edil explicó que las reuniones de comisión para analizar el presupuesto comenzarán durante la semana del 13 de noviembre, con la participación de las distintas áreas del Ejecutivo municipal. Sin embargo, consideró que el debate estará atravesado por una deuda provincial que, según señaló, ya supera los 17.000 millones de pesos y continúa incrementándose.
En declaraciones a FM La Isla, Bogado expresó que la falta de regularización de esos recursos genera incertidumbre sobre la capacidad del Municipio para afrontar sus obligaciones durante el próximo año.
“Frente a ese escenario de deuda ya consolidada por más de 17.000 millones de pesos, cuesta un poco olvidarse de esa deuda y pensar en el presupuesto 2027, porque si uno simplemente hace una proyección, en este caso económico-financiera, en el marco en el que estamos hoy, en la falta de pago y en el incremento día a día de la deuda, preveemos una situación caótica para el ejercicio del año que viene del presupuesto”, sostuvo.
El concejal señaló que las consecuencias podrían alcanzar prestaciones fundamentales para la comunidad, particularmente si se mantiene el ritmo actual de las transferencias. Al referirse a los servicios que podrían verse afectados, afirmó que la situación “pone en riesgo el cumplimiento de los servicios básicos de la ciudad, la recolección de residuos o la potabilización del agua” y remarcó que se trata de dos prestaciones esenciales cuyo funcionamiento podría quedar comprometido si persisten las demoras.
Bogado consideró que la deuda constituye un problema inmediato que condiciona cualquier discusión sobre la planificación financiera municipal. Según explicó, incluso en las conversaciones informales entre concejales, el reclamo por los fondos provinciales aparece como uno de los principales temas de preocupación. “Condiciona absolutamente cualquier discusión y cualquier charla la situación de deuda que mantiene el gobierno de la provincia con el municipio. Es imposible separarse de esa situación”, remarcó.
Provincia Grande y las elecciones de 2027: acuerdos para gobernar
La entrevista también abordó el escenario político de cara a las elecciones provinciales y municipales de 2027, particularmente las posibilidades de conformar alianzas y las definiciones que deberá adoptar Provincia Grande.
Bogado confirmó que el espacio político vinculado al intendente Martín Perez tiene la decisión de participar en los distintos niveles electorales, aunque aclaró que todavía no existen candidaturas definidas.
“Nosotros planteamos, y lo ha planteado el Intendente, la certeza que tiene Provincia de Río Grande de no solo el deseo, sino de la decisión de participar con una propuesta, tanto a nivel provincial como a nivel ejecutivo municipal, Concejo Deliberante y Legislatura”, expresó.
El concejal explicó que la definición de los nombres dependerá también de las conversaciones con otras fuerzas políticas, ya que considera necesario mantener abierta la posibilidad de construir acuerdos más amplios. En ese sentido, sostuvo que las alianzas deben trascender los objetivos electorales inmediatos y contemplar coincidencias sobre la manera de administrar el Estado.
“No solamente tenemos que hacer alianzas meramente electoralistas o resultadistas, sino que después, una vez que se llega, tenemos que poder tener sinergia en el trabajo conjunto”, afirmó.
Bogado señaló que la experiencia política de Tierra del Fuego demuestra las dificultades que pueden surgir cuando los acuerdos se construyen únicamente para ganar una elección, sin coincidencias suficientes para sostener una gestión. “Porque si no, se transforma en una imposibilidad de gobierno. Y no es solamente llegar, sino que es llegar y es gobernar”, manifestó, al insistir en que los acuerdos electorales deben estar acompañados por compromisos de gobernabilidad durante los cuatro años de mandato.
La ordenanza sobre Uber y los desafíos del transporte público
Otro de los temas abordados fue la decisión del Superior Tribunal de Justicia de rechazar una medida cautelar contra la Ordenanza 4892, vinculada con la regulación de plataformas de transporte como Uber en Río Grande. Bogado valoró la resolución, aunque aclaró que todavía no había tenido acceso al fallo completo y que su interpretación se basaba en la información conocida públicamente.
El concejal consideró que la presentación judicial no había acreditado suficientemente las razones para suspender la aplicación de la ordenanza y cuestionó la motivación del planteo realizado por Maturano. Desde su perspectiva, “fue más una jugada política que realmente un interés legítimo de hacer un reclamo”, teniendo en cuenta la participación política de quien impulsó la medida. En ese sentido, valoró que la Justicia haya resuelto la cuestión cautelar sin impedir la vigencia de la normativa municipal.
Más allá de esa controversia, Bogado señaló que uno de los principales desafíos pendientes para el Concejo Deliberante será la discusión de la nueva concesión del transporte público colectivo, cuyo contrato vence durante 2027. Explicó que el esquema vigente se remonta a 2017 y que las condiciones de la ciudad cambiaron significativamente desde entonces, por lo que será necesario revisar las características del servicio y las exigencias que deberán incorporarse al próximo pliego.
“Las condiciones de la ciudad y las condiciones de ese primer pliego es totalmente diferente a la necesidad y la realidad actual de la ciudad. Así que va a implicar un desafío en términos de la nueva propuesta y la necesidad de nuestra comunidad para lo que es el transporte público colectivo”, manifestó. Si bien consideró que el debate podría comenzar antes de finalizar el año, anticipó que tendrá mayor desarrollo durante 2027.
La situación de taxis y remises también formó parte del análisis. Bogado explicó que ambos sectores vienen planteando dificultades económicas relacionadas con la caída de la cantidad de viajes y de la recaudación, además de los costos necesarios para mantener las unidades en funcionamiento.
“La recaudación es menor, las complicaciones son mayores, la cantidad de viajes son menos, que tiene que ver con la realidad económica del país”, señaló. En ese contexto, explicó que el Concejo mantiene conversaciones con los representantes del sector para evaluar posibles flexibilizaciones de determinadas obligaciones tributarias y requisitos vinculados con la antigüedad de los vehículos.
Sobre este último punto, recordó que actualmente existe una suspensión temporal de las exigencias que permite utilizar unidades más antiguas que las previstas originalmente por la normativa. Su continuidad deberá analizarse durante el próximo año, de acuerdo con la evolución de la situación económica.
El programa de Chacra XII y el papel del Concejo Deliberante
Bogado también se refirió a la participación del Concejo Deliberante en la creación del marco normativo que permitió poner en marcha el Programa Público-Privado de Loteo Municipal, presentado por el intendente Martín Perez. La iniciativa contempla una primera etapa de 231 terrenos en Chacra XII, dentro de una urbanización de más de 600 lotes, con un sistema de preventa y distintas alternativas de financiación.
El concejal explicó que la intervención legislativa estuvo orientada a generar las herramientas jurídicas necesarias para articular la participación de propietarios privados con la inversión municipal en infraestructura. También destacó que el nuevo mecanismo permite acceder a la convocatoria a personas que no se encuentran previamente incorporadas al Registro de Demanda Habitacional.
Al explicar el papel del Concejo Deliberante, Bogado señaló que la intervención legislativa permitió “generar la posibilidad de hacer un convenio público-privado que permita la administración de las tierras que son privadas, la participación del Estado municipal desde el sector público”, además de ampliar el acceso al programa a personas que no están inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional.
El edil remarcó que el cuerpo legislativo debe establecer las condiciones normativas que permitan al Ejecutivo desarrollar políticas públicas y avanzar en soluciones para las necesidades de la comunidad.
“Nosotros les generamos la herramienta, la posibilidad jurídica al gobierno municipal y fue el intendente con su decisión de avanzar sobre esta realidad que se presentó el día de ayer”, sostuvo, al diferenciar la responsabilidad legislativa de la decisión de implementación adoptada por la gestión de Martín Perez.
En esa línea, consideró que tanto los concejos deliberantes como las legislaturas provinciales deben proporcionar herramientas que permitan a los gobiernos concretar proyectos de desarrollo urbano, productivo y social. Para el edil, la experiencia de Chacra XII demuestra la importancia de contar con instrumentos normativos que amplíen las posibilidades de intervención del Estado municipal.
Producción local y generación de empleo
Hacia el cierre de la entrevista, Bogado identificó a la generación de empleo como uno de los principales desafíos de Río Grande para 2027, especialmente ante las dificultades que atraviesa la actividad industrial. Reconoció que buena parte de las decisiones relacionadas con el sostenimiento y la creación de puestos de trabajo exceden las competencias municipales, aunque consideró que desde el Concejo Deliberante pueden impulsarse herramientas para acompañar otros sectores productivos.
En ese sentido, destacó el trabajo que viene desarrollando el bloque de Provincia Grande junto al área municipal encabezada por Facundo Armas, con el objetivo de fortalecer los emprendimientos locales y facilitar el crecimiento de la producción de alimentos.
Sobre el trabajo legislativo en materia productiva, explicó que desde Provincia Grande decidieron “generar las herramientas de permanencia y auspicio a un sector que ha crecido mucho y que tiene mucho por crecer que es el sector productivo en Río Grande”.
El concejal explicó que esa orientación se tradujo en el trabajo sobre ordenanzas destinadas a ampliar las herramientas disponibles para el Ejecutivo municipal, particularmente en materia de desarrollo productivo y soberanía alimentaria.
En esa línea, señaló que buscan “generar herramientas que le permitan al Ejecutivo poder desarrollar su política productiva” y destacó que el sector ofrece oportunidades “no sólo de abastecimiento interno sino también de mediano y largo plazo de un potencial exportador en diversos mercados”.
Bogado consideró que estas iniciativas pueden contribuir a diversificar las oportunidades económicas de Río Grande, aunque reconoció que los problemas vinculados con la generación de empleo industrial requieren respuestas de mayor alcance.
La discusión sobre el desarrollo productivo se suma así a los desafíos que enfrentará el Concejo Deliberante durante el tratamiento del Presupuesto 2027, en un escenario atravesado por las dificultades financieras del Municipio, el reclamo por los recursos de coparticipación y la necesidad de sostener los servicios esenciales y la actividad económica de la ciudad.
