Capotorto, sobre la reunión con Provincia: “No hay ninguna posibilidad de que me levante de esa mesa sin un acta firmada”
La secretaria de Finanzas de Río Grande exigirá un compromiso formal para cancelar la deuda de coparticipación. Afirmó que la Provincia terminó de pagar los fondos de junio recién el 19 de octubre, cuestionó los atrasos y advirtió sobre un posible trato desigual respecto de Ushuaia.
La secretaria de Finanzas del Municipio de Río Grande, Valeria Capotorto, anticipó que concurrirá a la reunión convocada por el Gobierno de Tierra del Fuego con una exigencia concreta: obtener un acta firmada que establezca cómo y cuándo se cancelará la deuda de coparticipación, que supera los $17.200 millones. La funcionaria cuestionó las reiteradas demoras en las transferencias provinciales, aseguró que los fondos correspondientes a junio terminaron de pagarse recién el 19 de octubre y advirtió sobre un posible trato desigual respecto de Ushuaia.
En una entrevista con Guillermo Lacaze en FM La Isla, Capotorto marcó una diferencia respecto de los dos encuentros anteriores y sostuvo que ya no considera suficiente recibir explicaciones o compromisos verbales. “En esta oportunidad no hay ninguna posibilidad que yo me levante de esa mesa sin un acta firmada con un compromiso por parte del Ministro en cómo y cuándo va a cancelar”, afirmó.
La reunión está prevista para este martes 3 de noviembre y será la tercera del año entre el Ministerio de Economía y las áreas de Finanzas de los tres municipios. Capotorto consideró que la convocatoria se produjo como consecuencia de las acciones impulsadas por Río Grande, particularmente las cartas documento enviadas el viernes 30 de octubre a dos funcionarias provinciales para exigir la regularización de las transferencias. “Estoy convencida de que esta convocatoria tan rápida es el resultado de lo que desencadenamos”, expresó, al recordar que el Municipio había realizado distintas gestiones administrativas e institucionales sin obtener una respuesta concreta sobre la cancelación de la deuda.
Las intimaciones fueron dirigidas a la contadora general de la Provincia, Yesica Solange Flecha, y a la tesorera provincial, Romina Rouco, con un plazo de 48 horas desde su recepción. Según la documentación municipal, las acreencias ascendían al 30 de septiembre a $17.294.814.520,88, incluyendo coparticipación, regalías y otros recursos pendientes de transferencia.
“Tengo que volver con un documento firmado”
Capotorto explicó que las cartas documento fueron enviadas por la Asesoría Letrada municipal a partir de la documentación elaborada por la Secretaría de Finanzas. Señaló que esa decisión estuvo precedida por pedidos formales al Ministerio de Economía, intervenciones de los organismos de control y reuniones con representantes del Concejo Deliberante. “Hemos llevado adelante un montón de pasos previos, nadie quería llegar a la carta documento, porque Martín es una persona conciliadora, dialoguista por naturaleza”, sostuvo, al recordar que el intendente Martín Perez había manifestado públicamente su disposición a reunirse con el gobernador Gustavo Melella para acordar la cancelación de los fondos pendientes.
La funcionaria explicó que también envió varias notas al ministro de Economía solicitando información sobre los plazos y las modalidades de pago. Ante la falta de respuestas, el Municipio avanzó con la intimación formal, una decisión que vinculó con las obligaciones que tienen los funcionarios públicos de resguardar los recursos municipales. Sobre las expectativas para la reunión, insistió en que resulta indispensable contar con un documento firmado. “La palabra es válida pero a esta altura tengo que volver con un documento firmado”, expresó, al considerar que las conversaciones anteriores no se tradujeron en una reducción de los atrasos.
Capotorto reconoció las dificultades económicas que atraviesan el país y la Provincia, pero diferenció la caída de la recaudación de las transferencias que, según afirmó, ya deberían haber recibido los municipios. “Nadie niega la coyuntura nacional”, señaló, y admitió que el estancamiento económico provoca una reducción de los fondos que se distribuyen entre Nación, provincias y municipios. Sin embargo, aclaró que “nosotros lo que estamos reclamando es dinero que ya entró en las arcas del Gobierno de la provincia”.
Consultada sobre la posibilidad de recibir una propuesta parcial de pago, explicó que cualquier ofrecimiento sería evaluado posteriormente por los equipos municipales para determinar hasta cuándo pueden sostener la espera. No obstante, consideró que, por los plazos transcurridos y la proximidad del cierre del año, lo más adecuado sería obtener un cronograma concreto de cancelación de la deuda.
Los fondos de junio se terminaron de pagar el 19 de octubre
Uno de los datos más relevantes de la entrevista fue la confirmación, según Capotorto, de que la Provincia completó recién el 19 de octubre las transferencias correspondientes a junio. La funcionaria explicó que ese mismo lunes había recibido la notificación de un decreto provincial que permitía comprobar la fecha en que se terminó de cancelar aquella liquidación. “Hoy me notificaron de un decreto y el Gobierno en ese decreto confirma, ratifica que el 19 de octubre terminó de enviar fondos correspondientes a junio para el municipio de Río Grande”, afirmó, y consideró que ese documento constituye una prueba de las demoras denunciadas.
Ante una consulta de Lacaze, aclaró que esto no significa que durante julio, agosto y septiembre no se hayan enviado recursos, sino que las transferencias se realizan de manera parcial y los saldos correspondientes a cada período terminan completándose varios meses después. “Puede ser que haya habido pero parcializados”, respondió, antes de explicar que Nación publica diariamente los montos transferidos a Tierra del Fuego. A partir de esa información, los equipos contables municipales aplican las deducciones previstas por distintas leyes y calculan el porcentaje que corresponde a Río Grande.
Capotorto recordó que algunas de esas deducciones responden a obligaciones provinciales para las cuales los municipios resignan parte de su coparticipación, como ocurre con el financiamiento de los bomberos. Una vez realizados esos cálculos, el Municipio puede determinar cuánto dinero debería recibir por cada jornada. Sin embargo, según explicó, la Provincia efectúa transferencias parciales que se acumulan hasta completar la liquidación definitiva. “El Gobierno hace transferencias parciales de esos diarios, entonces termina de cancelar en octubre”, señaló, al referirse específicamente a los fondos correspondientes a junio.
La secretaria también cuestionó las interpretaciones que se realizan sobre los decretos de liquidación definitiva, porque considera que pueden presentar como transferencias recientes montos correspondientes a obligaciones de meses anteriores. En ese sentido, sostuvo que algunas publicaciones realizan una lectura equivocada de esos documentos al destacar las sumas enviadas a los municipios sin precisar a qué período pertenecen. “No, no, hay que leer el decreto”, expresó, al remarcar que la información debe analizarse teniendo en cuenta el mes al que corresponde cada liquidación. Como ejemplo, reiteró que el 19 de octubre Río Grande terminó de recibir los fondos de junio.
Una resolución de 2009 y atrasos que ya superan los 40 días
Capotorto también explicó que los plazos de transferencia están establecidos mediante una normativa surgida después de un conflicto judicial entre los municipios y el Gobierno provincial. Consultada por Lacaze sobre los tiempos previstos para recibir la coparticipación, corrigió la referencia a los usos y costumbres: “No hay uso ni costumbre. Hay una ley. Hay una resolución ministerial que fue confeccionada con la conformidad en aquel momento, que data del año 2009, con la conformidad de los tres municipios”.
Se refirió a la Resolución 665, aprobada durante la gestión de Fabiana Ríos, luego de que Río Grande recurriera a la Justicia por las demoras y retenciones de fondos. Según relató, el Superior Tribunal de Justicia convocó a Ushuaia y Tolhuin y, después de distintas audiencias, se alcanzó un mecanismo de transferencia aceptado por las administraciones involucradas.
La funcionaria sostuvo que aquel procedimiento fue establecido en una época en la que gran parte de los registros administrativos se realizaban manualmente, por lo que considera injustificable que actualmente se argumenten dificultades operativas similares. “En el 2009 no existía ni por cerca ni estaba en nuestras cabezas la tecnología con la que contamos hoy, la rapidez con la que corre la información y el mejoramiento de los sistemas operativos internos del Gobierno de la provincia”, recordó.
Capotorto relató que, durante una de las reuniones anteriores, representantes provinciales explicaron que los trámites internos podían demandar entre diez y quince días hasta completar los registros contables. La secretaria rechazó ese argumento y comparó el procedimiento con la administración diaria de los ingresos municipales. “Esto no tiene ningún sentido, ingresan a las arcas hoy, automáticamente se registran, no nos subestimen tampoco”, manifestó.
También cuestionó el incumplimiento de compromisos asumidos anteriormente por el ministro de Economía, quien, según recordó, había anunciado públicamente que se reducirían los días de retraso. “No solo no sucedió, sino que se incrementaron. En aquel momento, la verdad no recuerdo bien, pero obviamente superábamos ampliamente los 30 días, hoy ya estamos arriba de los 40”, afirmó, al sostener que esa situación contribuyó al crecimiento de la deuda.
Las verificaciones de una deuda que sigue aumentando
La secretaria de Finanzas repasó las distintas instancias de control que, según explicó, respaldan el reclamo económico del Municipio. Capotorto señaló que el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego había certificado que, al 31 de diciembre de 2025, la Provincia mantenía una deuda superior a los $11.000 millones con Río Grande. Según relató, esa información surgió de un requerimiento realizado durante enero para la evaluación de las cuentas provinciales y posteriormente fue incorporada al informe emitido en abril. “A diciembre del 2025 nos debía más de 11.000 millones que lo tenía registrado en sus cuentas y no los había transferido, lo dice el Tribunal de Cuentas de la provincia”, sostuvo.
Posteriormente, el Municipio solicitó una nueva verificación contable sobre la deuda consolidada a agosto, que, de acuerdo con Capotorto, alcanzaba los $16.000 millones. La funcionaria señaló que esa presentación también fue respaldada por el órgano de control municipal y recordó que el 30 de septiembre, cuando el intendente Martín Perez presentó el proyecto de Presupuesto 2027 ante el Concejo Deliberante, informó sobre estas verificaciones en presencia de representantes del Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, aseguró que las transferencias pendientes continuaron acumulándose. “No sólo no ha bajado la deuda, sino que se ha incrementado”, sostuvo, al señalar que el monto actual ya supera los $17.200 millones. Para Capotorto, la evolución de esas cifras demuestra que las gestiones realizadas y los compromisos asumidos en encuentros anteriores no consiguieron reducir el problema financiero que denuncia Río Grande.
“La coparticipación no es un gasto”
Otro de los planteos más contundentes de Capotorto estuvo relacionado con la naturaleza de los recursos que reciben los municipios. La funcionaria rechazó que las transferencias de coparticipación sean consideradas una obligación presupuestaria equivalente a los gastos propios del Gobierno provincial y remarcó que se trata de fondos que corresponden legalmente a las administraciones locales.
“La coparticipación no es un gasto. Nosotros no formamos parte de los costos del Gobierno. El Gobierno recibe dinero de Nación que tiene que transferir al municipio de Río Grande, no lo puede utilizar”, afirmó. Capotorto reconoció nuevamente las dificultades de financiamiento que atraviesa la Provincia, pero insistió en que esa situación no modifica la obligación de transferir los recursos municipales. “Si te entró dinero para el municipio de Río Grande, no lo uses para tus gastos, porque nosotros no somos parte de tus costos”, expresó, al vincular el planteo con el principio de autonomía municipal.
Para la secretaria, la discusión no consiste en solicitar asistencia financiera al Gobierno provincial, sino en reclamar fondos que ya fueron recaudados y que, según los porcentajes establecidos, corresponden a Río Grande.
Advirtió sobre un posible trato desigual respecto de Ushuaia
Capotorto también fue consultada sobre si las demoras en las transferencias afectan de la misma manera a los tres municipios de Tierra del Fuego. La funcionaria aclaró que no podía determinarlo a partir del último decreto recibido, pero hizo referencia a declaraciones públicas de un representante del Municipio de Ushuaia, quien habría informado sobre una reducción de la deuda que la Provincia mantenía con la capital fueguina.
Según recordó, el funcionario mencionó una disminución de aproximadamente $14.000 millones a $11.000 millones, aunque aclaró que no tenía certeza sobre las cifras exactas. “Si yo me ciño a las manifestaciones públicas que hizo el secretario de Ushuaia, digo que claramente hay un trato desigualitario”, sostuvo, condicionando esa interpretación a la información difundida por la administración de la capital.
Capotorto también mencionó otras situaciones que, a su entender, evidencian diferencias en el acompañamiento provincial a ambas ciudades. Entre ellas, se refirió a los convenios de prestaciones de salud con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Según explicó, Ushuaia cuenta con un acuerdo para su centro asistencial municipal, mientras que Río Grande, que dispone de una red de quince establecimientos, no logró obtener el reconocimiento económico de las atenciones brindadas a afiliados de la obra social.
“En los siete años que Martín es intendente nunca nos ha reconocido ni un solo peso de las atenciones que llevamos adelante a los afiliados de la obra social”, afirmó, al cuestionar que los pedidos de convenio no hayan prosperado. La funcionaria sostuvo que el intendente había planteado personalmente la situación al gobernador Gustavo Melella y que, pese a una respuesta favorable al reclamo, no se concretaron los acuerdos solicitados.
En ese contexto, reiteró su preocupación por las diferencias que observa en el tratamiento de determinadas obligaciones provinciales, aunque evitó asegurar que el último decreto de coparticipación demuestre por sí mismo un reparto desigual.
La reunión del martes: una exigencia de respuestas concretas
Capotorto confirmó que concurrirá al encuentro con el contador general del Municipio, responsable de las certificaciones contables, y con el asesor letrado que interviene en el reclamo desde el punto de vista jurídico. La presencia de ambos funcionarios responde a la intención de abordar la discusión con la documentación financiera y legal que respalda las acreencias reclamadas.
La reunión se realizará después de que el Municipio enviara las cartas documento a dos funcionarias provinciales, exigiendo regularizar las transferencias y advirtiendo sobre la posibilidad de impulsar acciones legales ante la persistencia de los incumplimientos denunciados.
Capotorto reconoció que cualquier propuesta de pago deberá analizarse teniendo en cuenta la situación económica general, pero consideró que las experiencias anteriores demuestran la necesidad de contar con compromisos verificables. Para la secretaria de Finanzas, el encuentro no debería limitarse a una exposición sobre las dificultades presupuestarias de Tierra del Fuego, sino avanzar hacia una respuesta sobre los fondos que ya ingresaron a la Provincia y todavía no fueron transferidos a Río Grande.
Con una deuda que, según las verificaciones municipales, continúa creciendo y atrasos que ya superan los 40 días, Capotorto llegará a la reunión del martes con la exigencia de obtener un compromiso firmado que establezca cómo y cuándo se cancelarán los recursos adeudados, después de dos encuentros previos que no lograron resolver el conflicto.
