Carrizo emplazó a Cancillería por la ruta Punta Arenas-Malvinas: "Puede generar un precedente muy peligroso"
El presidente del CECIM La Plata, Rodolfo Carrizo, explicó los alcances de la carta documento enviada al canciller Pablo Quirno para exigir precisiones sobre las acciones adoptadas frente a la nueva ruta logística. También respaldó la decisión de la jueza Mariel Borruto de declararse competente en la demanda contra las petroleras que operan en la Cuenca Malvinas Norte.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata emplazó al canciller Pablo Quirno para que informe las acciones adoptadas por el Gobierno nacional frente a la ruta logística proyectada entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, una iniciativa que para la organización involucra cuestiones de jurisdicción, soberanía y explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
El presidente del CECIM La Plata, Rodolfo Carrizo, explicó en diálogo con Guillermo Lacaze que la presentación fue realizada mediante una carta documento y que se otorgó un plazo de 72 horas para que Cancillería dé cuenta de las medidas llevadas adelante. Según sostuvo, el planteo busca que el Estado argentino utilice los instrumentos jurídicos disponibles frente a una operación que considera que no puede ser tratada exclusivamente como un acuerdo entre privados.
"Nuestra actitud y comportamiento está en el marco del derecho. No es nada irregular lo que estamos planteando", señaló Carrizo, quien cuestionó las características de la ruta y advirtió: "esto puede generar un precedente muy peligroso".
El cuestionamiento a la ruta entre Punta Arenas y Malvinas
Carrizo puso el foco en el argumento de que se trataría de un acuerdo privado y sostuvo que, desde la perspectiva del CECIM, esa explicación resulta insuficiente cuando la navegación involucra espacios sobre los cuales Argentina reivindica jurisdicción.
"El problema es que en el acuerdo privado acá estamos hablando de aguas territoriales que son del Estado argentino, de la Nación argentina. Entonces los privados deberían tener los acuerdos y los consensos de los Estados", planteó.
La preocupación del CECIM se vincula además con el desarrollo hidrocarburífero en el área de Malvinas. Carrizo relacionó la nueva ruta logística con las operaciones proyectadas en la Cuenca Malvinas Norte y cuestionó el accionar de las empresas extranjeras que desarrollan actividades en la zona sin autorización argentina, a las que calificó como parte de un "poder hegemónico" ejercido por firmas como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
En ese contexto, reclamó una intervención concreta de Cancillería y cuestionó lo que considera una contradicción entre el discurso reciente del Gobierno nacional sobre Malvinas y las políticas que efectivamente lleva adelante.
"No se puede construir libremente un discurso patriótico y a lo segundo burlarse, que es lo que está sucediendo", afirmó. Carrizo fue especialmente crítico con el giro discursivo del presidente Javier Milei, al que calificó de "canto de sirena" y comparó con "una especie de galtierazo para salvar una gestión horrible" en materia económica. Consideró además que existen instrumentos jurídicos que deberían aplicarse para limitar la actuación de las multinacionales en el Atlántico Sur.
"Hay que condenar estas acciones que atentan contra la soberanía nacional"
El titular del CECIM ubicó el reclamo dentro de una discusión más amplia sobre los recursos naturales y el control argentino del Atlántico Sur.
"Nosotros venimos sosteniendo ya hace mucho tiempo que hay que condenar estas acciones que atentan contra la soberanía nacional y obviamente pretenden despojarnos de todos los bienes naturales estratégicos", sostuvo.
Carrizo planteó que la defensa de esos recursos no debería quedar circunscripta al Gobierno nacional y reclamó una participación activa de sectores políticos, sociales, universidades, empresas estatales, trabajadores y provincias.
"Hay que ser enfáticos, contundentes, que las fuerzas sociales, políticas, las universidades, las empresas del Estado y sus trabajadores, y obviamente provincias como la de ustedes, hagan una fuerte e intensa defensa de la soberanía nacional y del territorio", afirmó.
El respaldo a la decisión de Borruto
Durante la conversación también se abordó la reciente decisión de la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto, quien se declaró competente para intervenir en la acción colectiva contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por sus actividades hidrocarburíferas en el área de Malvinas.
Carrizo valoró especialmente los fundamentos utilizados por la magistrada. "Para nosotros es muy importante que la jueza Borruto se declare competente", sostuvo, y destacó que la resolución pone el foco en que la infraestructura proyectada para la explotación se asienta sobre la plataforma continental argentina.
"Lo que está poniendo en evidencia es que estas empresas actúan ahí en tu territorio y están haciendo un saqueo, porque no lo pueden hacer", afirmó.
El dirigente vinculó ese argumento con la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y citó como respaldo la Resolución 39/41 de Naciones Unidas, que sostuvo que impide a las partes actuar de manera unilateral mientras no esté resuelta la cuestión de fondo sobre la soberanía en el área.
Críticas por las decisiones sobre Tierra del Fuego
Otro de los ejes fue el rol de Tierra del Fuego y Ushuaia frente a las decisiones nacionales vinculadas con el Atlántico Sur y la Base Naval Integrada.
Carrizo cuestionó que, según planteó durante la entrevista, la Provincia y el Municipio de Ushuaia no tengan participación en decisiones que impactan directamente sobre el territorio fueguino. Frente a la posibilidad de una participación extranjera en la Base Naval Integrada planteada durante la entrevista, coincidió con esa preocupación y vinculó el proyecto con el interés estratégico que tienen la Patagonia, el Atlántico Sur y la Antártida para distintas potencias.
En ese marco, mencionó a Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, a los que ubicó como "grandes portadores de un acuerdo ultramacro" en torno a negocios cuya proyección, sostuvo, alcanza también a la Antártida. Además, definió al Gobierno de Javier Milei como "el socio cómplice" de esos intereses.
Para Carrizo, la discusión excede la explotación de hidrocarburos y alcanza la posición estratégica de la región. Señaló que la condición bioceánica, el acceso a la Antártida y los recursos naturales convierten al sur argentino en un espacio central dentro de las disputas geopolíticas.
En ese escenario, el CECIM sostiene que el Estado argentino debe utilizar las herramientas jurídicas disponibles y adoptar una posición activa frente a las operaciones desarrolladas en el área de Malvinas. El emplazamiento al canciller Quirno busca, precisamente, obtener una respuesta concreta sobre qué medidas adoptó el Gobierno nacional ante la nueva ruta logística y las implicancias que la organización atribuye a su puesta en funcionamiento.
