Colapso en las rutas nacionales: dos de cada tres están en mal estado
La fuerte reducción de la inversión en obra pública provocó un deterioro generalizado de la red vial, con impacto directo en los costos logísticos, la competitividad regional y la seguridad vial.
El ajuste en la obra pública impulsado por el gobierno nacional ya se refleja con crudeza en la infraestructura vial. Según un informe elaborado por trabajadores de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, dos de cada tres rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, producto de la falta de mantenimiento y la subejecución presupuestaria.
De acuerdo al relevamiento, durante 2024 y 2025 el gobierno de Javier Milei ejecutó solo la mitad del presupuesto previsto para el área, profundizando un proceso de deterioro que impacta en todo el país.
Los recortes presupuestarios y el abandono del mantenimiento provocaron una caída en la velocidad media de circulación, una disparada de los costos logísticos, pérdida de competitividad regional y un incremento de la siniestralidad vial, afectando de manera directa al transporte de cargas y a la conectividad interprovincial.
El informe compara los niveles de inversión de 2023 con el Presupuesto 2026 y advierte que “el ajuste es brutal y deliberado”. En términos reales, la caída del presupuesto destinado a rutas nacionales ronda el 75% respecto de 2023, consolidando un escenario crítico para la red vial.
Actualmente, al menos el 60% de la Red Vial Nacional presenta un estado regular o malo, aunque los propios técnicos aclaran que las mediciones disponibles son parciales y desactualizadas. Proyecciones conservadoras estiman que el deterioro real podría alcanzar entre el 65% y el 70% de la red, incluyendo rutas estratégicas en todas las provincias.
Otro punto señalado es el abandono del mantenimiento preventivo, como la tradicional campaña invernal en rutas nacionales. Según el informe, esta decisión acelera el pasaje de fallas menores a colapsos estructurales, lo que multiplica los costos futuros de rehabilitación y pone en riesgo la seguridad de los usuarios.
En paralelo, la federación denuncia que el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que tiene asignación específica para obras viales y se cobra en cada carga de combustible, no se ejecuta en el mantenimiento de rutas, pese a seguir siendo recaudado por el Estado nacional.
El ajuste también impactó en el personal técnico: más de 800 agentes especializados —entre ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas— fueron despedidos en los últimos dos años. Además, advierten que podrían perderse otras 900 posiciones mediante retiros voluntarios, debilitando aún más la capacidad operativa de Vialidad Nacional.
Fuente: La Política Online (LPO)
