De 79 medicamentos a 3: el desmantelamiento del Plan Remediar y su impacto en la salud pública de Río Grande
Agustín Pérez, secretario de Salud del Municipio de Río Grande, advirtió que la eliminación del programa impacta desde la atención primaria hasta la salud mental, en un sistema que pasó de 50.000 a 270.000 prestaciones anuales en seis años.
El secretario de Salud del municipio de Río Grande, Agustín Pérez, se refirió al impacto que tendrá la eliminación del Plan Remediar durante una entrevista con FM La Isla, donde alertó por las consecuencias del recorte en el sistema sanitario local.
El programa nacional, creado tras la crisis de 2001, garantizaba el acceso a medicamentos esenciales en centros de salud de todo el país. Hoy, de los casi 80 fármacos que contemplaba, quedan apenas tres, todos vinculados a tratamientos cardiovasculares.
Qué se pierde con el recorte del Plan Remediar
Durante años, el Plan Remediar fue una herramienta clave para resolver lo cotidiano en los centros de salud: desde una infección hasta el tratamiento de enfermedades crónicas. A través de este programa, los efectores públicos recibían medicamentos genéricos producidos y distribuidos por el Estado nacional, lo que permitía iniciar tratamientos de forma inmediata sin depender de la capacidad de compra de cada paciente.
“Le daba a los efectores de salud una cantidad de medicamentos genéricos administrados por la Nación, no a través de un laboratorio privado, sino mediante producción estatal”, explicó Pérez.
Ese esquema también se amplió en los últimos años con la incorporación de psicofármacos, lo que permitió sostener tratamientos de salud mental, una demanda creciente dentro del sistema público.
Hoy todo eso desapareció.
Para el funcionario, el proceso fue progresivo. “Primero arrancaron con el desmembramiento del Remediar psicofármaco, después fueron recortando, mandaban a cuenta gotas y llegaba casi nada, y ahora directamente no lo hacen funcionar bien para después decir que no sirve”, sostuvo.
Por qué preocupa el recorte
La eliminación del programa, advirtió, no solo afecta a quienes no pueden comprar medicamentos, sino que tiene consecuencias sanitarias más amplias. “Si una persona con una enfermedad infectocontagiosa no accede al tratamiento, termina contagiando a otros. Y si no se trata en atención primaria, se complejiza y termina siendo un costo mucho mayor para el sistema de salud”, explicó.
En ese sentido, trazó un paralelo con la pandemia y remarcó el rol del Estado. “Si el Estado no hubiese estado presente, hubiese muerto mucha más gente. El sistema de salud pudo responder porque estaba fortalecido”, afirmó.
También alertó sobre el aumento de enfermedades de transmisión sexual en la ciudad. “Hoy estamos en una de las ciudades con más altos casos de sífilis en la Argentina. Eso tiene que ver con política sanitaria. El rol del Estado es fundamental, esto no puede quedar solo en manos del sector privado”, planteó.
Más pacientes, menos recursos
Pérez detalló que el sistema de salud municipal experimentó un crecimiento significativo en los últimos años. De siete dispositivos y 50.000 prestaciones anuales al inicio de la gestión, pasó a quince dispositivos y más de 270.000 atenciones por año.
Este aumento, explicó, no responde solo a una ampliación de servicios, sino también a un cambio en la demanda. “La población no se multiplicó por cinco, pero sí la cantidad de personas que necesitan del sistema público, muchas porque perdieron la obra social o no pueden sostener una prepaga”, señaló.
Prevención como respuesta
Frente a este escenario, el municipio apunta a reforzar las políticas de prevención y promoción de la salud como estrategia central. “Más del 70% de las enfermedades se pueden prevenir. Nuestro objetivo es volver a las bases de la medicina sanitarista y evitar que la gente se enferme”, explicó.
En esa línea, destacó el fortalecimiento de programas de salud mental, consumo problemático, prevención del suicidio, atención a adultos mayores y campañas de detección temprana de enfermedades.
El rol del sector privado en un sistema tensionado
Consultado sobre alternativas de financiamiento, Pérez planteó la necesidad de sostener una articulación con el sector privado, aunque remarcó que las políticas sanitarias deben seguir siendo responsabilidad del Estado.
“La sinergia tiene que estar, porque el sistema privado sin el sistema público tampoco puede funcionar”, afirmó. En ese sentido, mencionó experiencias de trabajo conjunto en capacitaciones, campañas de prevención y apoyo a actividades sanitarias.
No obstante, fue claro en marcar los límites: “Las políticas públicas sanitarias tienen que estar definidas por el Estado. No puede cada sistema actuar de manera autónoma”.
“Es muy difícil recuperar lo que se destruye”
En el cierre, el funcionario advirtió sobre los riesgos de naturalizar el desfinanciamiento del sistema de salud. “No podemos pensar que estos derechos van a estar garantizados para siempre. Cuando se desfinancia un sistema, es muy difícil recuperarlo”, sostuvo.
Y concluyó: “Lo estamos viendo en distintos lugares del país. Es un proceso que empieza con el deterioro y después cuesta muchísimo revertirlo”.
