Deuda de coparticipación: Río Grande intimó vía carta documento a funcionarias provinciales
El Municipio reclamó más de $17.294 millones a la Contadora General y a la Tesorera de Tierra del Fuego. Exigió regularizar las transferencias en 48 horas y advirtió sobre posibles responsabilidades administrativas y penales.
El Municipio de Río Grande formalizó una intimación mediante cartas documento dirigidas a dos funcionarias del Gobierno de Tierra del Fuego, ante las reiteradas demoras en las transferencias de coparticipación, regalías y otros recursos provinciales. El reclamo comprende una deuda estimada en $17.294.814.520 y advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales e impulsar investigaciones por eventuales responsabilidades administrativas y penales.
Las cartas documento fueron enviadas el viernes 30 de octubre a la contadora general de la Provincia, Yesica Solange Flecha, y a la tesorera provincial, Romina Rouco, a quienes el Ejecutivo municipal exige adoptar las medidas necesarias para regularizar el envío de los fondos que legalmente corresponden a la ciudad.
Según la documentación municipal, la deuda acumulada al 30 de septiembre incluye recursos provenientes de la coparticipación, regalías y fondos correspondientes al Bono de Compensación. Se trata de ingresos que forman parte del financiamiento de la administración local y que resultan necesarios para afrontar compromisos presupuestarios, ejecutar obras y garantizar la prestación de servicios públicos.
El planteo no se limita al monto reclamado. La Municipalidad sostiene que, mediante el cotejo de decretos provinciales y transferencias bancarias, pudo identificar que determinados fondos fueron girados después de las fechas en las que debían ser remitidos.
De acuerdo con la presentación, estas demoras afectan la disponibilidad de recursos municipales y dificultan la planificación financiera, especialmente en un contexto económico en el que las administraciones públicas deben afrontar mayores restricciones presupuestarias.
La intimación también incorpora un fundamento constitucional. Las cartas documento invocan el artículo 135 de la Constitución de Tierra del Fuego, vinculado con la autonomía económica de los municipios y las obligaciones provinciales en materia de distribución de recursos.
En ese sentido, el Ejecutivo municipal sostiene que los fondos de coparticipación no constituyen una asistencia discrecional del Gobierno provincial, sino recursos que corresponden legalmente a las administraciones locales y cuya transferencia debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes.
Uno de los puntos centrales del reclamo es el plazo de 48 horas establecido a partir de la recepción de las notificaciones. Durante ese período, las funcionarias intimadas deberán adoptar las medidas requeridas para normalizar las transferencias y brindar información sobre la situación de los fondos reclamados.
La Municipalidad solicitó además detalles sobre las liquidaciones realizadas, los pagos efectuados y los fundamentos legales de eventuales retenciones, descuentos, compensaciones o postergaciones en el envío de los recursos.
La advertencia incluida en las cartas documento contempla la posibilidad de avanzar con medidas legales si persisten los incumplimientos denunciados. En particular, Río Grande se reserva el derecho de recurrir a la Justicia, solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas provincial y presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen posibles responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios involucrados.
Estas acciones fueron planteadas como eventuales instancias posteriores y no implican que ya se hayan determinado responsabilidades ni que se hayan iniciado necesariamente los procedimientos mencionados.
La decisión de recurrir a las cartas documento representa una nueva etapa en el conflicto por la deuda de coparticipación, que durante los últimos meses generó reiterados cuestionamientos desde la administración municipal por el retraso en la disponibilidad de fondos.
Desde Río Grande vienen señalando que la falta de previsibilidad en las transferencias condiciona la posibilidad de organizar los gastos, cumplir con obligaciones frente a terceros y sostener prestaciones esenciales para la comunidad.
La intimación se produce, además, en vísperas de la reunión convocada por el Ministerio de Economía provincial para el martes 3 de noviembre, en Ushuaia, donde representantes de los tres municipios fueguinos fueron convocados para analizar la situación financiera y la distribución de los recursos de coparticipación.
El encuentro tendrá lugar en un escenario de diferencias entre el Gobierno provincial y las administraciones municipales sobre los tiempos de transferencia y la disponibilidad de recursos.
Mientras se espera conocer la respuesta de las funcionarias notificadas, el Municipio de Río Grande mantiene su reclamo por la regularización de la deuda y deja abierta la posibilidad de avanzar por la vía judicial si no obtiene una respuesta satisfactoria dentro de los plazos establecidos.
