El debate previsional en Argentina: entre derechos, moratorias y la tensión con el sistema político
Fermín Randon analizó en profundidad el presente del sistema jubilatorio argentino, sus fundamentos constitucionales, el impacto de las moratorias y las señales de alarma ante posibles reformas regresivas.
El sistema previsional argentino se encuentra nuevamente en el centro de la escena pública, enfrentando tensiones entre el orden jurídico constitucional, las necesidades fiscales del Estado y la realidad socioeconómica del país. En este contexto, el abogado y docente universitario Fermín Randon ofreció un análisis detallado sobre los principales desafíos que enfrenta el modelo jubilatorio actual, abordando cuestiones técnicas, éticas y políticas.
El primer eje que subrayó Randon fue el carácter constitucional del derecho a jubilarse. Lejos de ser un beneficio discrecional del Estado, la jubilación es un derecho consagrado, y como tal, las leyes y decretos reglamentarios deben respetar su esencia, sin obstaculizar el acceso de los ciudadanos a dicho derecho.
En ese marco, Randon defendió las moratorias previsionales como herramientas necesarias para corregir las falencias estructurales del mercado laboral argentino, donde históricamente un alto porcentaje de trabajadores ha estado fuera del sistema formal. Estas moratorias permiten que personas que han trabajado sin aportes registrados puedan acceder a la jubilación de forma legal, transparente y con pagos mensuales que no son "regalados", como suele afirmarse desde ciertos discursos.
Frente a propuestas que buscan eliminar o discriminar a los jubilados que accedieron mediante moratorias, Randon fue tajante: no se puede distinguir entre jubilados de primera y segunda categoría, y cualquier intento en ese sentido es abiertamente inconstitucional. “Si dos personas están jubiladas, no puede una recibir aumentos y otra no, solo por cómo accedió al beneficio”, remarcó.
Otro punto clave fue la advertencia sobre reformas previsionales que avanzan en sentido regresivo, amparadas en la necesidad de ajustar el gasto público. Según Randon, no solo sería jurídicamente inviable, sino que además va en contra de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina, como la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, que tiene jerarquía constitucional.
Desde lo económico, Randon explicó que el argumento del “alto costo” de las jubilaciones no puede utilizarse como excusa para restringir derechos adquiridos. "El problema no es cuánto cuestan las jubilaciones, sino cómo se organiza la recaudación fiscal del Estado", señaló, subrayando la necesidad de aumentar la base de aportantes y no de reducir beneficios.
También cuestionó la narrativa que apunta a que los jubilados "no trabajaron" o "no aportaron", recordando que muchas veces fueron las empresas quienes incumplieron con sus obligaciones y que, paradójicamente, es el propio trabajador quien termina pagando esa deuda mediante la moratoria.
A nivel político, advirtió sobre la construcción de relatos que demonizan lo público para luego justificar privatizaciones o recortes, como ya ocurrió en otras épocas y países. La estrategia de “desprestigiar, desfinanciar y eliminar” es, según Randon, una receta conocida de ciertas ideologías que promueven el ajuste fiscal a costa de los más vulnerables.
Finalmente, llamó a recuperar el valor de la Constitución y del sistema de reparto solidario, donde los trabajadores activos financian a los pasivos como parte de un pacto intergeneracional.
“Si ves a tu papá o tu mamá y ves un gasto, y no ves a una persona que se esforzó toda la vida, y bueno… ”
En un momento donde el sistema previsional se presenta como una variable de ajuste, voces como la de Fermín Randon resultan fundamentales para reafirmar los principios jurídicos y éticos sobre los que debería basarse cualquier debate serio sobre el futuro de las jubilaciones en Argentina.
