El Gobierno de Milei decreta el cierre definitivo de Vialidad Nacional y anuncia concesiones privadas
La medida, presentada como un golpe a la corrupción, desata críticas por el desmantelamiento de un organismo clave en el mantenimiento de rutas y la seguridad vial.
En un movimiento que marca un nuevo hito en su política de reducción del Estado, el Gobierno nacional confirmó este lunes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, ente encargado de la conservación de más de 40 mil kilómetros de carreteras en todo el país. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, defendió la decisión al afirmar que con este decreto se firma el "certificado de defunción" de los esquemas corruptos en la obra pública.
Junto con Vialidad, también quedaron suprimidas la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, en lo que el Ejecutivo describe como una reestructuración para optimizar recursos. Sin embargo, la medida genera alarma entre trabajadores y gobernadores, quienes alertan sobre el vacío que dejará el organismo en el control de rutas, especialmente en situaciones críticas como inundaciones o nevadas.
Concesiones privadas y un futuro incierto
Adorni explicó que se lanzará una licitación para traspasar 9.120 kilómetros de rutas a manos privadas, bajo la supervisión de una nueva entidad denominada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. El anuncio estuvo acompañado por un video que rescataba fragmentos de un informe periodístico sobre presuntas irregularidades en Vialidad, reforzando el discurso oficial contra la corrupción.
No obstante, los sindicatos rechazan la medida y sostienen que el cierre dejará sin empleo a más de 5.500 trabajadores, además de abandonar vastas regiones del país sin mantenimiento vial. Graciela Aleñá, secretaria general del STVyARA, acusó al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger de crear "Rutas Nacionales de la Muerte" al eliminar un pilar fundamental para la seguridad en las carreteras.
Gobernadores en pie de guerra
La decisión también enfrenta resistencias en las provincias. Los mandatarios de Santa Fe y Río Negro, Maximiliano Pullaro y Alberto Weretilneck respectivamente, ya habían llevado el caso a la Justicia federal ante la falta de acuerdos con el Gobierno nacional para garantizar el mantenimiento de las rutas. Desde las administraciones provinciales reclaman que, si Nación desiste de su rol, al menos se transfieran los recursos necesarios para evitar el colapso vial.
Mientras el oficialismo insiste en que esta reforma acabará con décadas de malversación de fondos, las críticas se multiplican: sin un plan claro de transición, advierten, el desguace de Vialidad podría traducirse en un aumento de accidentes y un deterioro acelerado de la infraestructura caminera. Con el plazo de las facultades delegadas por la Ley Bases a punto de vencer, el tiempo dirá si la polémica estrategia de Milei logra sus objetivos o profundiza la crisis en un sector ya golpeado.
