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El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad: qué cambia en pensiones y prestaciones

Con 71 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara alta sancionó una normativa que mantiene las pensiones no contributivas, su actualización por inflación y el nomenclador único de prestaciones. También permite compatibilizar el beneficio con el empleo formal y establece mecanismos de financiamient

El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad: qué cambia en pensiones y prestaciones

Con 71 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara alta sancionó una normativa que mantiene las pensiones no contributivas, su actualización por inflación y el nomenclador único de prestaciones. También permite compatibilizar el beneficio con el empleo formal y establece mecanismos de financiamient

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, en una sesión realizada este jueves 19 de noviembre. La iniciativa busca establecer un marco de protección y financiamiento para las personas con discapacidad, ante el vencimiento, previsto para el 31 de diciembre, de la emergencia nacional vigente en el sector.

El proyecto llegó a la Cámara alta después de un acuerdo alcanzado en Diputados, donde el oficialismo aceptó modificaciones reclamadas por distintos bloques de la oposición. El texto finalmente sancionado conserva aspectos centrales del sistema de prestaciones, entre ellos las pensiones no contributivas, el nomenclador universal, los aranceles unificados y los mecanismos de actualización.

La nueva legislación también establece condiciones para compatibilizar las pensiones con el trabajo registrado, incorpora controles sobre los beneficios y contempla recursos presupuestarios para sostener el funcionamiento del sistema.

Pensiones y compatibilidad con el empleo formal

Uno de los principales puntos de la normativa es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto se mantiene en el 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización de acuerdo con los mecanismos previsionales vigentes.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) conserva un papel central en el acceso a los beneficios correspondientes.

Además, la ley permite que las personas beneficiarias puedan mantener la pensión aun cuando accedan a un empleo registrado o se encuentren inscriptas en un régimen tributario, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La medida busca evitar que la incorporación al mercado laboral implique automáticamente la pérdida del beneficio, dentro de los límites establecidos por la normativa.

También se garantiza el acceso a las prestaciones básicas de salud contempladas en la Ley 24.901, mediante el programa Incluir Salud, para las personas comprendidas en los regímenes de pensiones previstos.

Actualización de prestaciones y deudas con prestadores

Otro de los puntos que se mantuvo tras las negociaciones legislativas es el nomenclador universal de prestaciones, junto con un esquema de aranceles unificados y actualización para evitar que los valores pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

La normativa también contempla mecanismos para regularizar las deudas pendientes con los prestadores del sistema.

En caso de existir obligaciones impagas al momento de la sanción, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las deudas en un plazo de 90 días, conforme a las condiciones establecidas.

El financiamiento fue uno de los principales puntos de discusión durante el debate. Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) citadas en el recinto, el costo de implementación podría alcanzar aproximadamente $1,2 billones durante 2027.

El texto contempla partidas específicas del Ministerio de Salud y mecanismos de compensación desde el Tesoro nacional si los recursos asignados resultaran insuficientes.

Controles y auditorías sobre los beneficios

La ley incorpora mecanismos de fiscalización mediante auditorías periódicas y cruces de información entre organismos nacionales, entre ellos ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS.

Las verificaciones estarán a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad y podrán derivar en medidas preventivas cuando se detecten incumplimientos objetivos.

Sin embargo, la normativa establece garantías de procedimiento, notificación y posibilidades de revisión para las personas alcanzadas por estas decisiones.

Un acuerdo unánime, con diferencias sobre su implementación

Durante el debate, representantes del oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de establecer mayor previsibilidad para las personas con discapacidad y los prestadores, aunque expresaron diferencias sobre el financiamiento y la capacidad del Estado para implementar las nuevas disposiciones.

El senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde, miembro informante del proyecto, sostuvo que la continuidad de un sistema basado exclusivamente en emergencias genera incertidumbre para beneficiarios y prestadores.

Por su parte, la senadora Alicia Kirchner, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, valoró la necesidad de avanzar con la legislación, pero manifestó preocupación por la capacidad operativa de ANSES para asumir las tareas previstas.

Desde la UCR, Mariana Juri planteó que los problemas presupuestarios del sector se arrastran desde administraciones anteriores y reclamó que el Presupuesto Nacional 2027 contemple los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, destacó el acuerdo político alcanzado, mientras que distintos representantes opositores reclamaron especial atención a las auditorías, la regularización de pagos y la efectiva cobertura de las prestaciones.

Los próximos pasos de la nueva ley

Con la votación del Senado, la iniciativa completó su tratamiento en el Congreso, aunque su entrada en vigencia y aplicación efectiva dependerán de los pasos institucionales correspondientes, entre ellos la promulgación y la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

El Gobierno nacional conserva la facultad constitucional de observar total o parcialmente la norma, mientras que su implementación requerirá definir los procedimientos administrativos y garantizar las partidas presupuestarias previstas.

La sanción representa un nuevo marco legislativo para el sistema de discapacidad, con el objetivo de dar continuidad a las prestaciones, proteger los ingresos de las personas beneficiarias y establecer reglas de financiamiento y control más estables.

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