Gobierno de Milei intensifica presión sobre hospitales Garrahan y Posadas ante reclamos salariales
Amenazas de despido, bonos insuficientes y un conflicto que se extiende: los trabajadores de la salud denuncian persecución y ajuste mientras el oficialismo insiste en deslegitimar sus protestas.
Crisis en los hospitales nacionales: represión salarial y amenazas en lugar de diálogo
En un contexto marcado por el descontento generalizado, el gobierno de Javier Milei optó por escalar la tensión en los hospitales Garrahan y Posadas en lugar de abordar con seriedad los reclamos históricos de sus trabajadores. Lejos de proponer soluciones concretas, las autoridades recurrieron a intimidaciones, incluyendo advertencias de sanciones y despidos, según confirmaron fuentes internas a El Destape.
Amenazas bajo firma
Los residentes de ambos centros médicos recibieron notificaciones formales en las que se les exigía retomar sus actividades bajo la amenaza de perder sus puestos y oportunidades de formación. "No nos abandonen", clamaron los jóvenes del Garrahan, cuyo paro fue levantado temporalmente ante la presión institucional. A pesar de que la administración del hospital aseguró que los servicios se estaban "normalizando" y mencionó una "mejora en las becas", los afectados insistieron en que sus salarios siguen por debajo de la línea de pobreza.
La respuesta oficial incluyó la implementación de un sistema biométrico para controlar la asistencia, mientras se deslizaban acusaciones de que las protestas respondían a "intereses ajenos" al hospital. Sin embargo, lo omitido en los comunicados fue la coerción ejercida: los residentes revelaron que, durante las negociaciones, se les advirtió sobre consecuencias laborales si persistían en su reclamo.
Un guión repetido en el Posadas
La estrategia se replicó en el Hospital Posadas, donde las autoridades ofrecieron un bono no remunerativo —similar al del Garrahan— que fue rechazado de inmediato por considerarlo insuficiente. "Esperamos una propuesta real del Ministerio de Salud, no migajas", expresaron los residentes, quienes también recibieron advertencias de sanciones si mantenían las medidas de fuerza.
Pese a un acuerdo verbal para suspender el paro previsto para el 10 de junio, los trabajadores aclararon que el conflicto dista de resolverse. "Esto no es más que un paliativo bajo coerción", denunciaron, al tiempo que recordaron los casi 300 despidos de planta durante la actual gestión.
El Garrahan, en pie de lucha
Mientras tanto, el hospital pediátrico se convirtió en un símbolo de resistencia. Los residentes, encargados de gran parte de la atención médica, detallaron que trabajan hasta 70 horas semanales por salarios que no superan los $797.000, cifra incompatible con la canasta básica. "Nuestra reincorporación no significa claudicar; seguiremos exigiendo un salario digno", afirmaron en un comunicado.
La situación derivó en una masiva asamblea donde los empleados no residentes exigieron la renuncia del Consejo de Administración y ratificaron un paro de 48 horas para la próxima semana. "El gobierno no ofrece nada más que discursos y represión", sostuvieron, en alusión a las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien semanas atrás desacreditó al personal con datos falsos.
Un patrón que se expande
Los ataques desde el oficialismo no cesan: el propio Milei tildó a los trabajadores de "ñoquis kirchneristas", una narrativa que busca justificar el ajuste. Frente a esto, la respuesta de los hospitales nacionales parece unificarse: la lucha por salarios justos no se detendrá, aunque el costo sea enfrentar amenazas y despidos.
Mientras el conflicto se profundiza, la pregunta que resuena es cuánto más podrá sostener el sistema de salud público bajo políticas que priorizan la austeridad sobre la vida.
