Gobierno provincial interpone acción judicial para defender la autonomía y el Puerto de Ushuaia
La Provincia solicitó ante la Justicia Federal la declaración de inconstitucionalidad de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia y requirió su cese inmediato, en base a normas constitucionales y al convenio de transferencia vigente desde 1992.
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó una acción judicial de inconstitucionalidad contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), con el objetivo de dejar sin efecto la intervención dispuesta sobre el Puerto de Ushuaia.
La demanda fue elaborada por la Secretaría Legal de Gobierno y presentada ante la Justicia Federal, cuestionando la Resolución RESOL-2026-4-APN-ANPYN#MECON, mediante la cual el organismo nacional dispuso la intervención del puerto.
Según se detalla en la presentación, la intervención se concretó el 20 de enero de 2026, cuando autoridades de la ANPyN notificaron la toma de control de las instalaciones portuarias, desplazando a las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) sin la presentación de un plan operativo que garantizara la continuidad del servicio.
Entre los principales fundamentos jurídicos, la Provincia sostiene que la medida vulnera la autonomía provincial y el régimen federal, al configurarse como una intervención sin la sanción de una ley del Congreso de la Nación, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Asimismo, se invoca el Convenio de transferencia de puertos Nación–Provincia de 1992, ratificado por ley, mediante el cual la Nación transfirió a la Provincia el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia, los cuales continúan bajo jurisdicción provincial.
La presentación también cuestiona la centralización de la facturación de los servicios portuarios en cuentas nacionales, señalando que esta operatoria altera el circuito presupuestario provincial y limita la intervención del Tribunal de Cuentas, además de advertir sobre el impacto en las fuentes laborales vinculadas a la actividad portuaria.
Por otro lado, se argumenta que la ANPyN habría excedido las facultades de control y fiscalización previstas en la Ley de Puertos N° 24.093, avanzando sobre funciones de administración directa que corresponden a la Provincia.
En ese marco, el Gobierno provincial solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la resolución impugnada, el cese inmediato de la intervención, y la restitución plena de la administración, explotación y percepción de recursos del puerto. Además, se requirió una medida cautelar para suspender los efectos de la intervención mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La acción judicial fue impulsada por la Secretaría Legal de Gobierno, en el marco de las atribuciones constitucionales de la Provincia.
