José Bustos: “La reforma laboral no crea empleo, solo traslada los riesgos económicos a los trabajadores”

El abogado laboralista José Bustos analizó en diálogo con Guillermo Lacaze por FM La Isla los alcances del nuevo proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional. Advirtió que la iniciativa “desfinancia el sistema previsional”, “limita la negociación sindical” y “profundiza la desigualdad entre empleadores y trabajadores”.

En una extensa entrevista con FM La Isla, el periodista Guillermo Lacaze conversó con el doctor José Bustos, abogado laboralista, sobre el proyecto de reforma laboral que el Gobierno Nacional presentó en el Congreso y que, según los especialistas, introduce modificaciones profundas en las relaciones entre empleadores, trabajadores y sindicatos.

“Recordá que la otra vez hablábamos de un proyecto que estaba dando vueltas. En este, que ya se presentó formalmente, se agregan un montón de cuestiones que afectan la relación entre el trabajador y el empleador, y también se vuelve sobre las entidades sindicales”, explicó Bustos. “En conclusión, lo que se busca es trasladar los riesgos económicos a los trabajadores. No se ataca la productividad ni la inflación, se trata simplemente de bajar los costos laborales a cualquier precio.”

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que obliga a los empleadores a aportar el 3% de la masa salarial a un fondo administrado por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. “Eso desnuda que atrás de esto hay un negocio financiero”, señaló Bustos. “Y además, ese 3% sale de los aportes que el empleador hace a la Seguridad Social. En otras palabras, se desfinancia el sistema previsional para financiar las indemnizaciones.”

Lacaze apuntó que el vínculo entre la reforma laboral y una eventual reforma previsional parece evidente. Bustos coincidió: “Exactamente. Primero buscan modificar la ley laboral, luego avanzarán sobre el sistema jubilatorio. Todo está relacionado.”

Consultado sobre los periodos vacacionales, el abogado detalló que la nueva normativa permite fraccionar las vacaciones en bloques de siete días y obliga al empleador a garantizar al menos un verano libre cada tres años. “No se modificó eso respecto del proyecto anterior”, indicó.

Sobre la posibilidad de comparar este modelo con otros países, Bustos advirtió: “Se está dando mucho en Perú, donde la informalidad laboral sigue altísima. También hay similitudes en Paraguay, donde los derechos laborales son casi un anexo. Estas reformas no crean empleo; atacan las relaciones laborales existentes.”

“El empleador, por más bajo que sea el costo laboral, si no tiene productividad ni ventas, no va a contratar a alguien por más barato que le salga”, remarcó.

En cuanto al impacto judicial, Bustos pronosticó un aumento de los conflictos: “Esto va a ser más beligerante en tribunales. Ya desde el DNU y la ley bases se incrementó la litigiosidad, y la eliminación de multas provinciales todavía no fue resuelta por los tribunales superiores. Muchos artículos de este proyecto ya fueron rechazados por la justicia cuando se presentó el decreto 70/23. Son textos copiados y pegados.”

El abogado se refirió también a la intención del Gobierno de declarar la esencialidad de los servicios: “Quieren restringir las medidas de acción directa. Si limitás el derecho de huelga a un 50% o 75% de sectores considerados esenciales, le quitás poder de negociación a los sindicatos. Un comercio o restaurante no puede tener la misma categoría que un hospital o el suministro de agua.”

Uno de los cambios más polémicos es el que afecta a los trabajadores monotributistas. “Antes existía una presunción de relación laboral. Ahora se revierte: es el trabajador quien debe demostrar que existe relación de dependencia. Esto genera una vulnerabilidad enorme”, advirtió.

También se modifica la base de cálculo para las indemnizaciones, que se limitará a un máximo de diez meses de sueldo. “Se eliminarán ítems como vacaciones, aguinaldo o premios. Solo se tomará el sueldo básico, lo que reduce significativamente el monto final”, explicó Bustos. “Además, los intereses por falta de pago se bajan: hoy en Tierra del Fuego la tasa es del 51%, pero con la nueva ley será del 31%. Es una pérdida clara para el trabajador.”

El proyecto plantea la posibilidad de acuerdos directos entre empleador y trabajador, sin intervención sindical. Bustos fue categórico: “Eso profundiza la desigualdad. El empleador puede decir ‘si no te gusta, ahí está la puerta’. Y con los niveles de desempleo actuales, muchos aceptan cualquier condición. No hay equilibrio posible sin mediación sindical.”

El abogado adelantó que desde el Colegio de Abogados y las entidades sindicales analizan emitir un comunicado conjunto y estudiar acciones judiciales. “Seguramente presentaremos algo. Este proyecto retoma los mismos fundamentos que el decreto 70/23, y entendemos que la justicia debería fallar en la misma línea”, señaló.

Finalmente, Bustos fue tajante: “No se va a crear ni un solo puesto de trabajo. Esta reforma solo beneficia a una de las partes, y no es precisamente al trabajador.”

Al cierre de la entrevista, Guillermo Lacaze destacó la claridad del análisis y agradeció el contacto. Bustos respondió: “Gracias a ustedes por el espacio y la predisposición para tratar estos temas. Es importante discutirlos, porque de esto depende el futuro de nuestras relaciones laborales.”