Juicio a dirigentes de ATE en Ushuaia: Arana declaró que era Córdoba quien manejaba el listado de viviendas y que le llevaba el dinero a su casa
El imputado Miguel Arana apuntó duramente contra el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, quien se negó a declarar. Hay 22 damnificados que pagaron por un lugar en el listado de 128 viviendas sociales. El IPV no se presentó como querellante.
Comenzó este lunes en Ushuaia el juicio oral contra tres dirigentes de ATE por la entrega irregular de viviendas sociales en el barrio 128 Viviendas ATE de la capital fueguina. El periodista Fernando "Sapo" Medina siguió la primera jornada desde los tribunales y brindó detalles exclusivos al programa El Primero de la Fila de FM La Isla.
Los imputados y los hechos
Los tres imputados son Miguel "Miguelón" Arana, empleado municipal y ex titular del área habitacional de ATE; Carlos Córdoba, secretario general del gremio; y Erick Panoso Moscoso, un ciudadano boliviano vinculado a la construcción, imputado por lavado de activos.
El caso se remonta a un convenio de viviendas articulado entre el IPV, ATE y el banco, que se cristalizó durante el gobierno de Rosana Bertone. Bajo ese esquema, ATE tenía la facultad de presentar los 128 nombres que accederían a las viviendas. Según la acusación fiscal, ese poder discrecional fue utilizado para cobrarle a personas que querían asegurarse un lugar en el listado. Hay 22 damnificados que pagaron y no recibieron una vivienda.
La declaración de Arana: todo apuntó a Córdoba
El fiscal Daniel Curtale abrió el juicio con la acusación y luego se pasó a las indagatorias. Córdoba se negó a declarar y presentó por escrito, a través de su abogada, una declaración realizada durante la instrucción. Arana, en cambio, sí habló, y lo hizo durante un largo tramo en el que se quebró varias veces en llanto.
Arana aseguró que era Carlos Córdoba quien controlaba los listados, quien gestionaba ante el IPV cuando algún nombre pagador se caía, y que él mismo era solo un intermediario que recibía el dinero y se lo llevaba a la casa del secretario general. "Algunos de esos pagos ni siquiera los abrió, eran sobres que él iba y se los llevaba a la casa de Córdoba", explicó Medina.
El imputado reconoció haber cobrado por entre 7 y 9 viviendas, aunque intentó deslindar responsabilidades en varias cuestiones que, según advirtió Medina, ya figuraban documentadas en el expediente. "Quiso zafar de cosas que están escritas", señaló el periodista.
Arana además presentó como prueba una cámara oculta de 20 minutos filmada en una reunión en la sede de ATE, en la que se ve a Carlos Córdoba dando explicaciones ante damnificados que lo reclamaban. El audio era de pésima calidad —el propio presidente del tribunal reconoció no haber entendido nada— pero la imagen de Córdoba presente y respondiendo quedó registrada.
La muerte de Daniel Belbey
Cuando se mencionó en la sala el nombre de Daniel Belbey, el tercer imputado original, Arana volvió a quebrarse. Belbey era su compadre y apareció ahorcado en las tribunas del polideportivo de Ushuaia tiempo después de iniciadas las denuncias. Arana estuvo 40 días en terapia intensiva tras recibir una paliza y dijo que vive permanentemente amenazado. "Al día de hoy tengo dudas de que se haya suicidado", dijo Arana en la sala, en referencia a la muerte de Belbey.
El juicio se desarrolló con fuerte presencia policial en todo el perímetro del juzgado y la sala colmada por afiliados de ATE Ushuaia y ATE Río Grande, incluido el secretario de ATE Río Grande, Felipe Concha.
El IPV no se presentó
Uno de los datos más llamativos de la jornada fue la ausencia del IPV como parte querellante. El organismo provincial de vivienda había sido parte de todo el proceso pero no envió representación al juicio, y ni siquiera notificó su ausencia con anticipación. La decisión fue debatida en la sala y el tribunal resolvió continuar sin la querella del IPV. Para Medina, la lectura es política: "Evidentemente el gobierno provincial no se quiere mostrar detrás de esta causa".
La jornada de mañana
El juicio continúa este martes con 26 testimoniales previstas, entre las que se encuentran los 22 damnificados directos. Los montos en juego ascienden a más de $8 millones de pesos y 52.000 dólares, todos valores del año 2018. La pena por estafa en el Código Penal argentino oscila entre 1 y 6 años, aunque la acumulación de 22 hechos podría elevar significativamente las condenas.
