La DEA pone la mira en Tierra del Fuego por el escándalo del fentanilo contaminado
El organismo antidrogas de EE. UU. investiga posibles vínculos logísticos y financieros en la provincia más austral, en el marco de la causa por el fentanilo clínico adulterado que ya dejó más de 68 muertes en Argentina. Zonas francas y debilidades en el control del lavado de dinero, en el centro de la pesquisa.
El caso del fentanilo contaminado comenzó a sacudir a la Argentina a mediados de mayo, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó los primeros pacientes con graves infecciones tras recibir ampollas de este potente analgésico.
Los análisis revelaron la presencia de bacterias multirresistentes —Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii— en lotes producidos por HLB Pharma Group y Laboratorio Ramallo. En las semanas siguientes, la tragedia escaló: se confirmaron muertes en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, CABA y otras provincias, con un saldo que hoy supera las 68 víctimas y decenas de infectados.
La ANMAT ordenó el retiro e inmovilización de los lotes, mientras que la Justicia federal avanzó con allanamientos, clausuras e inhibiciones de bienes contra los responsables de los laboratorios implicados. Se estima que se aplicaron más de 45.000 ampollas antes de que se descubriera la contaminación.
En este contexto, la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE. UU.) ha puesto la mira en Tierra del Fuego. Según un informe reservado citado por Ámbito, el organismo estadounidense evalúa si la provincia, por su régimen de zonas francas y su ubicación estratégica, pudo haber sido utilizada como punto de tránsito, almacenamiento o blanqueo de fondos vinculados a la red de distribución del fentanilo adulterado.
El reporte advierte sobre la “ausencia de recursos suficientes para combatir el lavado de dinero” en estos enclaves y apunta a la UIF (Unidad de Información Financiera) por presuntas falencias en el seguimiento de operaciones sospechosas. Si bien no hay casos confirmados de uso del fármaco contaminado en la provincia, la investigación apunta al plano logístico y financiero más que al sanitario.
La pesquisa continúa y tanto autoridades nacionales como extranjeras coinciden en que el impacto del escándalo excede lo sanitario: expone vulnerabilidades estructurales en el control de sustancias de alto riesgo y en la trazabilidad de los circuitos económicos que las rodean.
