La Justicia Laboral frena el intento del Gobierno de restringir el derecho a huelga
Un fallo judicial suspendió provisoriamente artículos clave del DNU 340/2025, tras una presentación de la CGT que denunció inconstitucionalidad y violación de tratados internacionales.
La Justicia laboral hizo lugar a un reclamo de la CGT y ordenó la suspensión temporal de dos artículos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, mediante el cual el Ejecutivo nacional pretendía limitar el ejercicio del derecho a huelga, garantizado por la Constitución. La magistrada Moira Fullana resolvió paralizar de manera preventiva los efectos de las disposiciones cuestionadas, en una decisión que marca un nuevo revés para las pretensiones del gobierno de Javier Milei.
La central obrera había argumentado que la modificación del régimen de protesta laboral no puede instrumentarse por vía de un decreto, sino que requiere el tratamiento legislativo correspondiente. Además, destacó que la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo no solo contraviene leyes nacionales, sino también pactos internacionales con jerarquía constitucional.
En su resolución, la jueza Fullana rechazó el intento del Gobierno de derivar la causa al fuero Contencioso Administrativo, subrayando que corresponde a la Justicia laboral intervenir en la disputa. La magistrada coincidió con el Ministerio Público Fiscal al señalar que el caso involucra derechos sociales y, por lo tanto, debe ser resuelto en el ámbito especializado.
La medida judicial evoca lo ocurrido a principios de la administración de Milei, cuando el DNU 70/2023 —que sigue vigente— también buscó recortar facultades sindicales. En aquella oportunidad, el oficialismo alegó contar con atribuciones delegadas para imponer restricciones, un argumento que ahora vuelve a ser cuestionado.
El fallo representa un respaldo a los reclamos gremiales y refuerza el debate sobre los límites del poder presidencial. La CGT celebra la decisión como un triunfo en defensa de las garantías laborales, mientras el Gobierno enfrenta otro obstáculo en su estrategia por reformar las normas que regulan la protesta social.
La disputa jurídica continúa, pero por ahora, la suspensión de los artículos impugnados mantiene intacto el derecho a huelga, en lo que se perfila como un nuevo capítulo de tensiones entre el oficialismo y los sindicatos.
