Labroca advirtió que el congelamiento del subsidio nacional a la tarifa social trasladará el costo del transporte a los municipios
El presidente de UISE explicó que la Resolución 40/2026 fija el aporte de la Nación sobre la tarifa de junio: cualquier aumento posterior deberá ser absorbido por las provincias o los gobiernos locales.
El presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), José Labroca, advirtió sobre el impacto de la Resolución 40/2026, mediante la cual el Gobierno nacional modificó el esquema de financiamiento de la tarifa social del transporte público, congelando su aporte sobre el valor del boleto vigente al 30 de junio de 2026.
"El Gobierno nacional decidió congelar el aporte que realiza para la tarifa social. Va a seguir pagando el beneficio, pero calculado sobre la tarifa de junio. Cada vez que aumente el boleto, esa diferencia deberá ser afrontada por las provincias o, en nuestro caso, por el Municipio", explicó Labroca.
La medida implica que el Estado nacional continuará financiando el beneficio del 55% de descuento únicamente sobre la tarifa actual. Cualquier incremento posterior en el valor del boleto quedará fuera del aporte nacional y deberá ser cubierto por los gobiernos locales.
Quiénes se ven afectados
La tarifa social alcanza a jubilados y pensionados, beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo, personal de casas particulares, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales, personas con prestaciones por desempleo y otros programas sociales nacionales.
"Estamos hablando de personas que utilizan el colectivo para ir a un hospital, a una escuela, a realizar un trámite o simplemente para poder desarrollar su vida diaria. Es un beneficio que protege a quienes tienen menores ingresos y hoy esa responsabilidad comienza a trasladarse a los gobiernos locales", sostuvo el funcionario.
El contexto del transporte público
Labroca señaló que la decisión se produce en un momento crítico para el sector, con fuertes incrementos en los costos operativos —especialmente combustible y salarios, que representan más del 60% de la estructura de costos— y un acompañamiento nacional en retroceso. "Se están cerrando líneas, reduciendo frecuencias y restringiendo servicios porque los costos siguen aumentando mientras disminuye el acompañamiento del Estado nacional", indicó.
En el caso de Ushuaia, el titular de UISE precisó que sin los ingresos complementarios que genera la empresa, el Municipio debería destinar alrededor de $8.000 millones anuales para sostener el transporte público. "Las decisiones nacionales trasladan cada vez más responsabilidades a los gobiernos locales", advirtió.
"Cuando la Nación congela el financiamiento de la tarifa social, el costo no desaparece: alguien tiene que asumirlo. Si no lo hace el Estado nacional, termina recayendo sobre los municipios, que son quienes garantizan que el transporte siga funcionando", concluyó Labroca.
