Lapadula cuestionó el proyecto de Lechman: “Es un recorte brutal a los fondos de los municipios”
El legislador rechazó la propuesta de destinar el 3% de la coparticipación y las regalías a educación, salud y seguridad antes de distribuir los recursos municipales. También cuestionó el financiamiento educativo del Gobierno y pidió retomar la ley de goteo diario.
El legislador provincial Matías Lapadula cuestionó el proyecto presentado por Jorge Lechman para financiar educación, salud y seguridad mediante la creación de un fondo permanente integrado con el 3% de los recursos de coparticipación federal y regalías, que serían retenidos antes de distribuir los ingresos correspondientes a los municipios. Consideró que la iniciativa representa un recorte sobre las finanzas municipales y sostuvo que la Provincia debe revisar la administración de sus recursos antes de impulsar nuevos mecanismos de financiamiento.
Durante una conversación con Guillermo Lacaze en FM La Isla, Lapadula analizó las discusiones abiertas en la Legislatura después de la quinta sesión ordinaria, particularmente el tratamiento del proyecto de financiamiento educativo enviado por el Gobierno de Gustavo Melella y las alternativas que comenzaron a presentar distintos bloques.
Consultado sobre la iniciativa de Lechman, que propone fortalecer tres servicios esenciales sin crear nuevos impuestos, el legislador fue categórico: “Respeto por supuesto al legislador Lechman, pero no comparto en absoluto el proyecto ni ninguna de las cosas que dicen”.
Lapadula explicó que su principal objeción es el mecanismo de retención de fondos previo a la distribución municipal, una disposición que, a su entender, reduciría los ingresos que reciben Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.
“Él muchas veces mencionó en sus discursos y en sus intervenciones una cuestión así, pero ahora lo plasmó en un proyecto que me parece a mí, obviamente y con todo el respeto que merece el legislador Lechman, me parece absurdo, me parece absolutamente absurdo, es un recorte brutal a los fondos de los municipios”, sostuvo.
Los recursos provinciales y los adicionales de Ingresos Brutos
Para fundamentar su rechazo, Lapadula recordó que durante los últimos años se incorporaron adicionales al impuesto sobre los Ingresos Brutos, algunos de ellos destinados originalmente a atender conflictos vinculados con el financiamiento educativo.
El legislador mencionó la creación del Fondo Social y cuestionó que esos recursos sean percibidos íntegramente por la Provincia sin formar parte de la distribución habitual hacia las administraciones municipales.
Según su explicación, los adicionales tributarios incrementaron los ingresos disponibles para el Gobierno provincial, aunque considera que ese aumento no se tradujo en soluciones sostenidas para los servicios públicos.
En ese sentido, invitó a consultar los registros de recaudación de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y afirmó que una parte significativa de lo percibido por Ingresos Brutos corresponde a conceptos que no se coparticipan.
“Un 40% de los recursos que se recaudan por el impuesto a los ingresos brutos que son estos adicionales, se los queda todo la provincia”, aseguró, al cuestionar la posibilidad de volver a modificar la distribución de fondos para atender las necesidades presupuestarias.
Lapadula también planteó interrogantes sobre la utilización de los recursos educativos. Según indicó, el presupuesto provincial contempla una asignación cercana a los 12 millones de pesos anuales por alumno, una cifra con la que cuestionó el argumento de que la única alternativa para mejorar el sistema sea incrementar el financiamiento disponible.
“Que alguien me diga que con un millón de pesos por alumno por mes, 12 millones de pesos por año por alumno, no podemos tener una educación de calidad y tenemos que poner impuestos a la gente para fortalecer el presupuesto de educación de la provincia”, expresó.
El legislador sostuvo que antes de impulsar nuevas cargas tributarias o modificar la distribución de recursos es necesario revisar las prioridades presupuestarias y la eficiencia del gasto público.
Financiamiento educativo: buscarán quitar el trámite de urgencia
Otro de los principales temas de la entrevista fue el conflicto legislativo por el proyecto de financiamiento educativo presentado por el Ejecutivo provincial con trámite de urgencia, una modalidad que establece plazos específicos para su tratamiento.
Lapadula explicó que durante la sesión del miércoles distintos legisladores intentaron incorporar al orden del día la propuesta de retirar ese procedimiento, pero no consiguieron los diez votos necesarios para apartarse del reglamento.
La situación derivó en la convocatoria a una sesión especial para el lunes 2 de noviembre, donde el único asunto será el tratamiento de la urgencia legislativa. En esa instancia, según explicó, será suficiente reunir una mayoría simple de ocho votos.
El legislador sostuvo que existe voluntad entre distintos bloques para avanzar en esa dirección, aunque cuestionó la estrategia del oficialismo y la falta de consensos en torno a una alternativa de financiamiento.
“El estilo de este gobierno es llevarse todo puesto. Primero enviar este proyecto con tratamiento de urgencia para obligarnos a que si no nos ponemos de acuerdo sale el proyecto tal cual estaba”, manifestó.
Lapadula también cuestionó la decisión del oficialismo de avanzar con un dictamen en comisiones sin contar, según su evaluación, con los votos necesarios para aprobarlo posteriormente en el recinto.
“¿Qué sentido tiene sacar un dictamen cuando no tenés los votos para aprobarlo en el recinto?”, planteó, antes de considerar que la estrategia responde a una disputa política en lugar de priorizar la búsqueda de acuerdos.
En ese contexto, insistió en que retirar el trámite de urgencia no implica abandonar la discusión sobre las necesidades del sistema educativo.
“El hecho de quitar el tratamiento de urgencia de la ley no quiere decir que no queramos trabajar para solucionar los problemas de la educación, todo lo contrario”, aclaró. Según explicó, la intención es continuar el debate sin la presión de los plazos establecidos por el procedimiento especial.
El presupuesto 2027 como ámbito para discutir las prioridades
Como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, Lapadula anticipó que el tratamiento de las cuentas provinciales comenzará el próximo miércoles, con la participación del ministro de Economía y del jefe de Gabinete.
Explicó que el cronograma prevé reuniones durante las siguientes semanas, con funcionarios de las distintas áreas del Ejecutivo, y manifestó su intención de que la discusión incluya las necesidades de financiamiento de educación, salud y otros sectores.
Para el legislador, el presupuesto constituye el ámbito adecuado para analizar de manera integral la distribución de los recursos y evitar que cada problema se aborde mediante una ley específica que incorpore nuevos tributos.
“En vez de poner tres, cuatro proyectos que crean impuestos o más impuestos para solucionar las emergencias que este propio gobierno generó, me parece muy importante que estos temas se incluyan en la discusión del presupuesto”, sostuvo.
Lapadula consideró que la Provincia dispone de recursos que deberían administrarse con otras prioridades y planteó la necesidad de revisar partidas destinadas a gastos que, a su entender, no resultan indispensables.
En esa línea, afirmó que el objetivo debe ser garantizar el financiamiento de los servicios esenciales mediante una reasignación presupuestaria, sin trasladar nuevas obligaciones tributarias a los contribuyentes ni afectar los recursos municipales.
Coparticipación: propuso retomar la ley de goteo diario
La situación financiera de los municipios también ocupó un lugar central en la entrevista, especialmente por la deuda de coparticipación que el Gobierno provincial mantiene con Río Grande, estimada en más de $17.000 millones.
Lapadula consideró que una de las alternativas para resolver las demoras sería volver a impulsar la ley de transferencia automática de recursos, conocida como goteo diario, que había sido aprobada por la Legislatura y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo.
“A lo mejor es momento de volver a insistir con la ley que fue vetada por el gobierno de goteo diario”, expresó, al cuestionar las explicaciones oficiales sobre las dificultades administrativas para transferir los fondos.
El legislador sostuvo que los porcentajes correspondientes a cada municipio son conocidos y que su distribución podría realizarse automáticamente cuando ingresan los recursos nacionales.
“Cuando llegue el dinero de la Nación, automáticamente se transfiera a los municipios en el porcentaje que corresponde”, planteó.
En ese sentido, afirmó que las demoras permiten a la administración provincial utilizar temporalmente recursos que corresponden a las ciudades, una situación que cuestionó en términos políticos y financieros.
“Se están financiando con los fondos que no le pertenecen, esta es la única realidad”, sostuvo, al referirse a la falta de transferencias en los plazos que reclaman los municipios.
Lapadula relacionó esta situación con su rechazo al proyecto de Lechman, al considerar que una nueva retención previa de fondos agravaría las dificultades financieras de los gobiernos locales.
Las próximas sesiones y la disputa por los recursos
Hacia el cierre de la entrevista, Lapadula se refirió a las versiones sobre una posible convocatoria a otra sesión ordinaria para el martes siguiente, aunque aclaró que al momento de sus declaraciones no había recibido una notificación oficial.
El legislador consideró que, si el objetivo fuera tratar el dictamen de financiamiento educativo aprobado en comisiones, el oficialismo debería reunir previamente los consensos necesarios para garantizar su sanción.
En ese contexto, volvió a cuestionar la utilización de los plazos legislativos como mecanismo de presión y reclamó una discusión más amplia sobre las prioridades provinciales.
“Queremos trabajar seriamente y responsablemente y no apurando para sacar un proyecto que no sirve absolutamente para nada”, expresó al reafirmar su posición frente al tratamiento de urgencia.
Con la sesión especial prevista para el lunes y el inicio del debate presupuestario durante la semana siguiente, la Legislatura tendrá por delante una discusión que excede el financiamiento educativo: cómo distribuir los recursos provinciales, qué prioridades establecer para los servicios esenciales y de qué manera garantizar los fondos que corresponden a los municipios.
