Lapadula: “El proyecto no es viable así como está, no asegura los recursos ni los objetivos”
El legislador Matías Lapadula cuestionó el esquema de financiamiento educativo enviado por el Ejecutivo y sostuvo que las fuentes previstas aportarían unos $9.000 millones anuales frente a necesidades muy superiores. También advirtió por el impacto del impuesto a la distribución de gas y pidió revisar cómo se administran actualmente los recursos destinados a educación.
El legislador Matías Lapadula cuestionó la viabilidad del proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo y sostuvo que las fuentes de recursos previstas no alcanzan para cumplir con los objetivos que plantea la propia iniciativa.
Consultado por FM La Isla sobre el proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, Lapadula señaló que el debate quedó concentrado en los impuestos incluidos en la propuesta y rechazó que el gravamen sobre la distribución de gas pueda presentarse como un impuesto exclusivamente dirigido a la empresa prestadora.
“El impuesto es a la actividad de distribución de gas domiciliario y ese impuesto no lo va a pagar Camuzzi, lo vamos a pagar cada uno de nosotros porque va a venir en la boleta de gas”, afirmó. Según explicó, el incremento previsto sería del 3,4% y terminaría trasladándose a los usuarios.
Lapadula también diferenció esta iniciativa del proyecto de Presupuesto provincial, donde aseguró que se proponen aumentos sobre una cantidad mucho mayor de actividades. “Si uno lo compara con eso, por supuesto es algo menor. Ahora, no es un impuestazo, es un impuestazo chiquitito”, ironizó.
El cuestionamiento a los números del proyecto
El legislador sostuvo que establecer por ley un piso de inversión educativa puede ser razonable, pero consideró necesario revisar primero cómo se están utilizando actualmente los recursos.
Recordó que, según datos expuestos por el Ministerio de Economía, Educación absorbe aproximadamente el 26% del presupuesto provincial y planteó que ese nivel de inversión no se refleja ni en los salarios docentes ni en el estado de la infraestructura escolar.
“Si dotamos del 26% de todo el presupuesto de la provincia únicamente a Educación y la educación no funciona, no funciona ni el salario docente, que está bajo, ni los edificios, que están explotados, entonces hay que ver qué es lo que está pasando”, sostuvo.
Lapadula cuestionó además que la iniciativa tome como referencia el Producto Bruto Geográfico (PBG) para establecer un sendero de crecimiento de la inversión educativa desde el 4,5% hasta aproximadamente el 7,8% en cinco años.
Según señaló, el propio proyecto establece que la metodología para estimar ese indicador deberá presentarse dentro de los 90 días posteriores a la sanción de la ley. “¿A alguien le parece que podemos sancionar una ley que fija un piso y un camino de aumento del presupuesto educativo sobre un parámetro que no conocemos? A mí me parece, por lo menos, raro”, expresó.
También advirtió que un eventual crecimiento del PBG no implica necesariamente un aumento equivalente de los ingresos provinciales, por lo que puso en duda la sostenibilidad financiera del esquema.
“Necesito seis veces más de lo que se estima recaudar”
Uno de los puntos centrales de su crítica estuvo puesto en la diferencia entre los recursos que podrían obtenerse mediante las nuevas fuentes de financiamiento y el dinero necesario para alcanzar las metas previstas.
Lapadula mencionó cuatro fuentes principales: el gravamen sobre la distribución de gas, el Banco de Tierra del Fuego, una afectación sobre recursos que actualmente se coparticipan a los municipios y el Impuesto Inmobiliario Rural.
Según afirmó, durante la reunión de comisión el Ministerio de Economía estimó que esas modificaciones permitirían recaudar alrededor de $9.000 millones anuales.
“¿Cuánto necesito para aumentar el 10% del presupuesto de educación? 60.000 millones. Entonces, ¿es un verso? Yo necesito seis veces más de lo que la misma ley establece o se estima recaudar aumentando los impuestos”, cuestionó.
El legislador insistió en que, al analizar los números, la propuesta no permitiría financiar los objetivos planteados. “Podemos hacer discursos políticos, podemos rasgarnos las vestiduras hablando de todo, pero a la hora de sacarle punta al lápiz y hacer las cuentas de almacenero, no da ni siquiera con cuentas de almacenero”, afirmó.
El impacto sobre los municipios
Lapadula también cuestionó el artículo que prevé destinar al fondo educativo un porcentaje de la recaudación de Ingresos Brutos antes de realizar la distribución primaria de recursos.
Explicó que, de acuerdo con el texto, un 0,5% de la recaudación sería derivado al fondo antes de coparticipar esos ingresos, lo que interpretó como una reducción directa de los recursos destinados a los municipios.
“Eso es claramente un recorte a la coparticipación de cada uno de los municipios”, sostuvo.
En ese contexto, mencionó además las deudas que mantienen en discusión los gobiernos municipales con la Provincia por fondos de coparticipación y afirmó que no resulta razonable sumar nuevas detracciones en ese escenario.
Revisar cómo se utilizan los recursos de Educación
Para Lapadula, la discusión no debería limitarse a generar nuevas fuentes de ingresos. Consideró necesario analizar en profundidad cómo se administran actualmente los fondos educativos y convocar a los propios docentes a participar de ese diagnóstico.
“Lo que hay que discutir seriamente es cómo se administran y cómo se invierten los fondos que hay para educación”, expresó.
Según el legislador, quienes trabajan diariamente dentro del sistema pueden aportar información concreta sobre qué recursos llegan efectivamente a las escuelas y cuáles no. “Los que mejor pueden dar una mano a la política, a la Legislatura y al Gobierno para ordenar y decir dónde se pierden esos fondos o dónde se malgastan son los mismos docentes”, afirmó.
Advirtió que aumentar impuestos sin revisar previamente esa administración implicaría “volver a tirar en una bolsa rota que nadie sabe dónde va”.
La discusión continuará el martes
Lapadula confirmó que el proyecto volverá a tratarse en comisión el próximo martes y explicó que propuso modificar la metodología de trabajo para acelerar las respuestas técnicas.
Según detalló, los funcionarios provinciales fueron convocados con anticipación y recibieron previamente las preguntas formuladas por los legisladores, con el objetivo de que concurran con la información necesaria y evitar nuevas demoras.
“Es como un examen y les adelanto las preguntas”, graficó.
El legislador sostuvo que el tratamiento requiere menos discursos y más análisis técnico, especialmente porque el proyecto se encuentra bajo trámite de urgencia. Sin embargo, reiteró que mantiene su posición de retirar ese carácter para permitir una discusión más profunda.
“Quedó claro que el proyecto no es viable así como está, no asegura los recursos, no asegura los objetivos del proyecto y creo que necesitamos trabajarlo con muchísimo más tiempo y muchísima más dedicación”, concluyó.
