Luft advirtió que Tierra del Fuego no cuenta con infraestructura para aplicar el nuevo régimen penal juvenil
El abogado Martín Luft analizó en FM La Isla los alcances del nuevo sistema, que establece la imputabilidad desde los 14 años. Señaló que la provincia no tiene un instituto específico para alojar a menores y explicó que la ley prioriza la reinserción y prevé alternativas a la prisión para delitos menos graves.
La implementación del nuevo régimen penal juvenil plantea un desafío particular para Tierra del Fuego: qué ocurre cuando un adolescente debe cumplir una medida de privación de la libertad si la provincia no dispone de un establecimiento específico para alojarlo.
El abogado Martín Luft puso el foco sobre esa dificultad al analizar en FM La Isla los alcances del nuevo sistema y el debate abierto a partir de su aplicación. Según explicó, la discusión no se limita a la reducción de la edad de imputabilidad, sino que involucra las condiciones materiales y los equipos profesionales necesarios para cumplir con un régimen orientado a la reinserción.
“En términos generales me parece que sí, yo no he leído que haya habido ningún tipo de inversión a gran escala para lograr un sistema que tenga el foco en la reinserción”, señaló al referirse a la situación provincial.
Qué implica la imputabilidad desde los 14 años
Luft explicó que establecer la responsabilidad penal desde los 14 años no significa que cualquier adolescente que cometa un delito vaya automáticamente a prisión.
Para los hechos de menor gravedad, el régimen contempla medidas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas trabajos comunitarios, realización de cursos o mecanismos destinados a reparar el daño ocasionado.
El abogado remarcó que uno de los principios centrales del sistema es precisamente evitar que el encierro sea la única respuesta y trabajar sobre la posibilidad de reinserción del adolescente.
En Tierra del Fuego, además, sostuvo que los delitos graves cometidos por menores representan un número reducido y que todavía no existen antecedentes provinciales bajo el nuevo régimen debido a su reciente entrada en vigencia.
“En Tierra del Fuego no contamos con un instituto”
El principal interrogante aparece, según Luft, cuando por las características del delito resulta necesaria una medida que implique privación de la libertad.
“En Tierra del Fuego no contamos con un instituto”, advirtió.
La ausencia de un establecimiento especialmente preparado para menores representa, a su entender, uno de los principales obstáculos para implementar integralmente el régimen en la provincia.
Luft descartó que el problema pueda resolverse simplemente destinando un pabellón dentro de una unidad penitenciaria para adultos. Los adolescentes deben permanecer separados de la población carcelaria mayor y contar con un espacio adecuado a las características y objetivos específicos del sistema penal juvenil.
Por eso, señaló que además de infraestructura se necesitan equipos profesionales especializados que puedan acompañar el proceso y trabajar sobre la reinserción.
El debate por las condiciones para aplicar el régimen
El abogado relacionó la situación fueguina con la discusión surgida a partir de una decisión judicial que suspendió temporalmente la aplicación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires.
Según explicó, el planteo no estaría dirigido contra la constitucionalidad de la legislación, sino hacia las condiciones concretas existentes para poder aplicarla, particularmente frente a la falta de establecimientos adecuados.
Ese debate, consideró, también resulta pertinente para Tierra del Fuego ante la ausencia de un instituto específico y la necesidad de contar con una estructura profesional acorde a las exigencias del nuevo sistema.
La prevención más allá de la respuesta penal
Luft planteó finalmente que la discusión sobre los delitos cometidos por adolescentes no debería quedar reducida al derecho penal ni a la edad a partir de la cual pueden ser responsabilizados.
En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer políticas de prevención, educación, clubes de barrio y espacios de contención que permitan ofrecer alternativas y perspectivas a los jóvenes.
El nuevo régimen abre así en Tierra del Fuego una discusión que excede la modificación de la edad de imputabilidad: además de establecer cuándo un adolescente puede responder penalmente, la provincia deberá contar con infraestructura, profesionales y herramientas de reinserción para que el sistema pueda aplicarse en las condiciones previstas.
