Manuel Adorni: la cronología del escándalo que pone bajo la lupa su patrimonio y su entorno
Vuelos privados, una operación inmobiliaria cuestionada y las declaraciones juradas bajo sospecha: los episodios que derivaron en la imputación del jefe de Gabinete.
El ascenso de Manuel Adorni en el Gobierno fue tan rápido como contundente: de vocero presidencial a jefe de Gabinete y uno de los hombres de mayor confianza de Javier Milei. Sin embargo, ese crecimiento político hoy convive con una investigación judicial que pone bajo la lupa su patrimonio, sus viajes y sus vínculos comerciales.
La causa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, reúne una secuencia de episodios que, entre marzo y abril de 2026, fueron configurando un escenario cada vez más comprometido para el funcionario.
11 de marzo: el primer cortocircuito
El punto de partida del caso se dio con el viaje oficial a Nueva York. La presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva abrió el primer foco de conflicto. Desde el entorno del funcionario se aseguró inicialmente que el pasaje había sido pagado de manera privada. Sin embargo, la posterior confirmación de que fue invitada por Presidencia dejó expuesto un primer punto de inconsistencia que encendió las alertas.
Mediados de marzo: el vuelo privado
Pocos días después, la lupa se trasladó a un viaje familiar a Punta del Este realizado en un avión privado. El dato que agravó la situación fue que el vuelo fue facturado a nombre del periodista Marcelo Grandio y su productora Imhouse, empresa con contratos en la Televisión Pública, un área bajo la órbita del propio Adorni. Según los responsables de la firma que operó el vuelo, el traslado habría sido pagado por Grandio en carácter de invitación. La Justicia busca determinar si existió un beneficio indebido o un mecanismo de financiamiento irregular.
25 de marzo: la operación inmobiliaria
El núcleo más sensible de la causa se concentra en la compra de un departamento en Caballito por USD 230.000. Según la investigación, el 87% del valor fue cubierto mediante una hipoteca privada con las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. El caso dio un giro cuando ambas mujeres negaron públicamente haber prestado dinero o incluso conocer al funcionario. Esa contradicción se convirtió en uno de los puntos más delicados del expediente y fortaleció las sospechas sobre la operatoria.
Fines de marzo: declaraciones juradas en cuestión
En paralelo, la investigación avanzó sobre las declaraciones juradas del funcionario. Entre las inconsistencias detectadas se encuentran la falta de registro de la venta de una propiedad en Parque Chacabuco y la incorporación de nuevos activos no informados en tiempo y forma. A esto se suma su presunta residencia en el country Indio Cuá, donde los gastos asociados al inmueble figuran a nombre de su esposa, lo que refuerza las dudas sobre la composición real de su patrimonio.
Abril: la factura y el posible conflicto de intereses
El expediente sumó un elemento particularmente sensible con la facturación de $6,37 millones por parte de la consultora +BE, vinculada a Angeletti, a la empresa National Shipping S.A. La firma es proveedora de YPF, donde Adorni fue designado director en enero de 2026. La cercanía temporal entre ambos hechos es analizada por la Justicia en el marco de un posible conflicto de intereses.
La imputación
El 27 de marzo, el fiscal Pollicita impulsó la acción penal y solicitó al juez Lijo una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario, entre ellas el levantamiento del secreto bancario y fiscal y el acceso a sus declaraciones juradas desde 2022.
La causa se encuentra en etapa inicial, pero el impacto político ya es evidente: el funcionario que hizo de la exposición pública y la confrontación su sello ahora enfrenta el desafío de dar explicaciones en sede judicial.
