Modifican la Ley 1004 para ordenar y garantizar los pagos en el sistema público de salud
La Legislatura aprobó una modificación a la Ley Provincial N.º 1004 que fija reglas claras para el cobro de prestaciones sanitarias, mejora la previsibilidad financiera y protege los recursos del sistema público de salud.
La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego sancionó una modificación a la Ley Provincial N.º 1004 con el objetivo de ordenar y garantizar los pagos que deben realizar obras sociales, prepagas y empresas de seguros por las prestaciones que reciben sus afiliados en hospitales y centros de salud públicos.
La iniciativa busca corregir demoras históricas en los cobros y evitar que el Estado provincial deba absorber costos que corresponden a terceros financiadores, una situación que impacta directamente en la disponibilidad de recursos para el funcionamiento del sistema sanitario.
Qué establece la modificación
La actualización de la norma incorpora plazos definidos y mecanismos de cobro que aseguran que las prestaciones brindadas por el sistema público sean abonadas en tiempo y forma por las entidades responsables.
De este modo, se establece un marco más claro para la relación entre el sistema público y los financiadores privados, brindando mayor previsibilidad financiera a los efectores sanitarios.
Sustentabilidad y cuidado de los recursos públicos
Desde el Gobierno provincial destacaron que la reforma permite:
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Fortalecer la sustentabilidad del sistema público de salud.
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Mejorar la planificación y el funcionamiento de hospitales y centros de atención.
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Proteger los recursos del Estado, asegurando su correcta recuperación y utilización.
La ley apunta a que los fondos que ingresen por estas prestaciones puedan destinarse a mejorar la atención, sostener servicios esenciales y acompañar la gestión sanitaria.
Impacto en hospitales y centros de salud
Con esta modificación, los efectores públicos cuentan con herramientas más ágiles y ordenadas para el recupero de costos, lo que contribuye a garantizar la continuidad de los servicios y a sostener la calidad de la atención.
Además, se avanza en un esquema más equilibrado entre el sistema público y los financiadores privados, con responsabilidades claramente definidas.
