Municipio, Concejo Deliberante y organismos de control evalúan acciones conjuntas por la deuda provincial con Río Grande
Representantes de los cuatro organismos analizaron la deuda de coparticipación, que supera los $17.000 millones. Las demoras alcanzan los 45 días y podrían derivar en un reclamo judicial.
La deuda de coparticipación que el Gobierno de Tierra del Fuego mantiene con el Municipio de Río Grande supera los $17.000 millones, según informó la administración municipal, que advirtió sobre las consecuencias de las demoras en las transferencias para el funcionamiento de los servicios públicos. Ante esta situación, representantes del Ejecutivo, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas mantuvieron una reunión para evaluar medidas conjuntas, incluida la posibilidad de avanzar con un reclamo judicial.
El encuentro contó con la participación del secretario de Gobierno, Gastón Díaz, integrantes del equipo municipal de Finanzas, concejales y representantes de los organismos mencionados. Durante la reunión se analizó el estado de las transferencias pendientes y las dificultades que genera la falta de esos recursos para la administración de la ciudad.
Díaz cuestionó la actuación del Ejecutivo provincial y atribuyó las demoras a una decisión política que, según sostuvo, perjudica directamente al Municipio.
“Existe una decisión política de parte del Gobierno Provincial de desfinanciar a Río Grande, y eso ya está perjudicando a los vecinos de nuestra ciudad”, afirmó.
El funcionario señaló que los fondos reclamados corresponden a recursos que, según explicó, ya fueron percibidos por la Provincia y deben ser transferidos al Municipio. Además, aseguró que las demoras alcanzan los 45 días, una situación que describió como inédita por su magnitud.
El impacto sobre los servicios municipales
La administración municipal advirtió que la deuda compromete la disponibilidad de recursos necesarios para sostener distintas prestaciones y programas destinados a la comunidad.
“Los fondos que se le están retrasando a Río Grande van en desmedro de los servicios municipales y de los riograndenses”, sostuvo Díaz, al referirse a las consecuencias de la falta de transferencias.
Entre las prestaciones mencionadas se encuentran los servicios de agua y cloacas, los 15 dispositivos municipales de salud, más de 20 espacios deportivos y el transporte público, además de las políticas de asistencia social.
El secretario de Gobierno también señaló que las restricciones financieras repercuten sobre las herramientas de acompañamiento a las familias que atraviesan dificultades económicas, como los comedores, el Programa Alimentario Municipal, la distribución de agua y las becas.
Desde el Ejecutivo municipal consideran que la regularización de las transferencias resulta necesaria para garantizar previsibilidad presupuestaria y sostener los servicios que se brindan en la ciudad.
Una mesa de trabajo para definir los próximos pasos
Durante la reunión se abordó la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, creada por ordenanza e integrada por representantes del Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas.
El objetivo es compartir información sobre la situación financiera y coordinar las acciones que permitan reclamar los recursos pendientes.
Díaz destacó el acompañamiento de los distintos bloques políticos del Concejo Deliberante al planteo municipal y confirmó que se avanzará inicialmente mediante los mecanismos administrativos correspondientes.
“Vamos a realizar un reclamo formal, primero por la vía administrativa y eventualmente por la vía judicial, para que la Provincia corrija esta situación y los fondos lleguen a los vecinos de Río Grande”, expresó.
De esta manera, el Municipio buscará avanzar en un reclamo conjunto por la deuda superior a los $17.000 millones, mientras sostiene que la demora en el envío de fondos coparticipables afecta su capacidad de planificación y financiamiento de los servicios públicos.
Por el momento, la presentación judicial aparece como una alternativa que será evaluada en caso de que las gestiones administrativas no permitan regularizar las transferencias pendientes.
