Pauli, el “anticasta” que usó fondos públicos para gastos partidarios
Un audio revela cómo el diputado de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego admitió destinar el viático “desarraigo” a financiar actividades partidarias.
El contraste resulta evidente: el espacio político que llegó al poder bajo la consigna de “terminar con la casta” y eliminar los privilegios del Estado aparece ahora involucrado en una maniobra que reproduce los mismos mecanismos de financiamiento político que denunciaba. Mientras La Libertad Avanza construyó su identidad sobre la austeridad, la meritocracia y el rechazo a los “vivos del Estado”, una grabación difundida recientemente muestra una práctica que encarna exactamente aquello que el propio Javier Milei y sus referentes prometían erradicar.
El protagonista es el diputado Santiago Pauli, quien fue grabado por un operador político identificado como “Rolo” mientras discutían sobre el manejo del viático por desarraigo, un suplemento salarial que se paga en la Legislatura de Tierra del Fuego para cubrir los gastos de traslado de empleados que deben viajar desde Río Grande a Ushuaia. En la conversación, el legislador admite que esos fondos públicos son utilizados para sostener la estructura partidaria de La Libertad Avanza.
“Voy a dar de baja todos los contratos y poner gente que cobre y nos pase todo el desarraigo; le transferimos la diferencia porque nos estamos endeudando con Miguel… yo estoy poniendo arriba de un millón y medio de pesos”, se lo escucha decir al diputado, dejando en claro su control sobre partidas que no le corresponden personalmente, sino al bloque legislativo.
El intercambio comienza cuando el puntero le plantea que no puede seguir “haciendo venta de empanadas para juntar plata para el partido”, en alusión a una colecta entre militantes para financiar actividades proselitistas. Pauli corta en seco y responde con dureza: “Prefiero dar de baja esos contratos y poner alguien que ponga la cara y me pase el 100% del desarraigo para pagar los alquileres… Con la plata de los desarraigos tenemos para bancar los alquileres”.
A lo largo de la grabación, Pauli insiste en justificar el esquema argumentando que “no se trata de sueldo, sino de un viático”. Incluso llega a afirmar que “el desarraigo es un viático por un trabajo que alguien no hace, entonces en lugar de exigirle el sueldo, es pedirlo”, admitiendo así que el dinero se desvía de su propósito original. “En el caso de quienes no lo usan como viático, lo usamos para sostener el partido”, remata.
La confesión expone la naturalización del uso político de los recursos públicos dentro del bloque libertario, bajo la apariencia de “aportes voluntarios” que en realidad resultan compulsivos y ajenos a la función pública. Detrás del argumento del “ahorro estatal” se esconde un mecanismo que convierte fondos legislativos en caja partidaria, una práctica que contradice el espíritu del discurso libertario y podría configurar el delito de peculado.
El caso reabre el debate sobre la transparencia en el uso de los recursos legislativos y deja en evidencia la brecha entre el discurso anticasta y la práctica interna de quienes lo enarbolan. Lo que se presentaba como una cruzada contra los privilegios del Estado, termina mostrando cómo el Estado sigue siendo, para algunos, la billetera de la política.
