Perez respaldó el avance de la demanda contra Rockhopper y Navitas: “Este es el camino”
El intendente de Río Grande destacó la decisión de la jueza federal Mariel Borruto de declararse competente en la acción colectiva contra las petroleras. Consideró que se trata de “un paso concreto y serio” para defender la soberanía argentina y los recursos naturales en el Atlántico Sur.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, respaldó la decisión de la jueza federal Mariel Borruto de declararse competente y dar curso a la demanda colectiva contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
A través de sus redes sociales, Perez destacó el avance judicial y lo vinculó directamente con la defensa de la soberanía argentina y los recursos naturales en el Atlántico Sur.
“Este es un paso concreto y serio para afirmar la soberanía Argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes”, expresó el intendente.
La definición se conoció luego de que el Juzgado Federal de Río Grande asumiera competencia en la acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
“Paso a paso, sin shows”
Perez también introdujo una definición política al valorar el camino judicial elegido para avanzar sobre las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en el área de Malvinas.
“Paso a paso, sin shows, pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana”, sostuvo.
Y cerró su publicación con una definición breve: “Este es el camino”.
Las declaraciones se producen en momentos en que la cuestión Malvinas y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur volvieron a ocupar un lugar central en la discusión política nacional y provincial.
El avance de la causa en Río Grande
La resolución de Borruto determinó que la Justicia Federal argentina tiene jurisdicción para intervenir en la demanda contra las petroleras extranjeras por actividades desarrolladas sobre la plataforma continental.
Entre los fundamentos de la competencia aparecen la protección ambiental, la jurisdicción marítima argentina y la cuestión de soberanía. La magistrada sostuvo en su resolución que en la causa “subyace la defensa de la soberanía nacional”, a la que definió como un interés federal.
La jueza también reconoció el carácter colectivo de la acción y dio intervención a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, que contará con diez días para presentarse en el expediente en defensa de los intereses patrimoniales y ambientales de la Provincia.
Las medidas cautelares solicitadas por los demandantes, entre ellas pedidos vinculados con la paralización de actividades, todavía no fueron resueltas. Su tratamiento quedó pendiente del cumplimiento de una serie de requisitos procesales por parte de quienes promovieron la acción.
En ese contexto, Perez ubicó el avance de la demanda como una acción concreta en defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y diferenció ese camino de las disputas de coyuntura electoral: “Pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana”.
