Presión mediática y judicial: el cerco político a Cristina Kirchner en la causa Vialidad
Mientras sectores del poder mediático y político exigen un fallo rápido de la Corte Suprema, el expediente sigue estancado en instancias previas. La decisión podría definir no solo el futuro legal.
El máximo tribunal bajo la lupa
El último fin de semana se intensificó una campaña pública para que la Corte Suprema ratifique las condenas en la causa Vialidad, con el objetivo explícito de inhabilitar políticamente a Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones del próximo año. La presión incluyó declaraciones anticipadas del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien aseguró que el fallo se conocería en los próximos días. Sin embargo, dentro del Palacio de Tribunales, la situación dista de reflejar ese apuro.
El expediente, que investiga la construcción de rutas en Santa Cruz, aún no ha sido distribuido entre los ministros del alto tribunal para su votación. Se encuentra, en cambio, en la Secretaría Penal, a la espera de un dictamen preliminar. Además, sigue pendiente de resolución la recusación presentada por la defensa de la exmandataria contra el juez Ricardo Lorenzetti, luego de que este anticipara en una entrevista su intención de acelerar el proceso.
Un fallo con sello político
Más allá de los trámites judiciales, se espera que la Corte, alineada históricamente con los intereses del macrismo y el establishment económico, confirme la condena contra Fernández de Kirchner. No obstante, las motivaciones detrás de esta decisión no serían jurídicas, sino políticas. Según fuentes cercanas al tribunal, existe la posibilidad de que al menos uno de los magistrados prefiera demorar el fallo, en sintonía con la estrategia del gobierno de Javier Milei, que busca polarizar con el kirchnerismo para debilitar al PRO en el escenario electoral.
La defensa de la expresidenta sostiene que Lorenzetti no puede votar sobre su propia recusación, lo que obligaría a designar un conjuez o incluso tres, para alcanzar el quórum legal requerido. De no respetarse este procedimiento, se consolidaría una nueva irregularidad en un proceso ya cuestionado por su parcialidad.
La carrera contra el calendario electoral
El plazo clave en esta pulseada es el 19 de julio, fecha límite para la presentación de candidaturas en las elecciones bonaerenses de septiembre. Si la Corte no emite su fallo antes, Cristina Kirchner, en caso de ser electa, gozaría de fueros que impedirían su detención durante el ejercicio del cargo. Este escenario explica la urgencia de ciertos sectores por obtener una resolución anticipada.
Medios afines al poder económico han insistido en que la condena es "definitiva" y que la Corte debe "poner punto final" al caso, omitiendo las múltiples irregularidades que marcaron la causa desde su inicio. Entre ellas, la falta de pericias iniciales, los vínculos entre jueces y fiscales con figuras del macrismo, y la ausencia de pruebas que vinculen a la exmandataria con las obras en Santa Cruz.
Un expediente sin sustento
La acusación contra Fernández de Kirchner carece de fundamentos concretos: nunca firmó resoluciones vinculadas a las obras, ningún testigo mencionó su intervención, y su nombre no apareció en las investigaciones por lavado de dinero en el caso "La Ruta del Dinero". Pese a esto, el aparato judicial y mediático insiste en mantenerla bajo sospecha, ignorando incluso que el fallo reciente sobre los fondos de Lázaro Báez se basó en evasión fiscal, no en corrupción.
Mientras el expediente permanece estancado, la demora en la Corte revela una puja interna que trasciende lo jurídico. Lo que está en juego no es la justicia, sino el control del tablero político. La pregunta que queda flotando es si el máximo tribunal actuará como garante de derecho o como instrumento de una estrategia electoral.
