Rafael Diez reclamó que los jueces del Superior Tribunal den explicaciones sobre el conflicto judicial
El candidato a presidente del Colegio de Abogados de Río Grande cuestionó la prolongación del conflicto entre el Superior Tribunal y los trabajadores judiciales. Advirtió que “hoy por hoy tenemos una justicia que no funciona” y reclamó respuestas ante las demoras que afectan a abogados y ciudadanos.
El abogado Rafael Diez, candidato a presidente del Colegio de Abogados de Río Grande, reclamó que los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) expliquen públicamente su posición frente al prolongado conflicto con los trabajadores judiciales. Cuestionó la falta de respuestas institucionales y advirtió que las demoras afectan tanto a los profesionales que ejercen la abogacía como a los ciudadanos que necesitan recurrir a la Justicia.
En diálogo con Guillermo Lacaze en FM La Isla, Diez sostuvo que el conflicto se ha extendido durante meses sin una solución concreta y que las consecuencias sobre el servicio de justicia son cada vez más evidentes. “Hoy por hoy tenemos una justicia que no funciona, por más que digan que funciona, desde mi humilde punto de vista, no funciona”, afirmó.
El candidato vinculó esa situación con los tiempos de respuesta judicial y la proximidad de la feria, que podría prolongar todavía más las dificultades. “Para que haya justicia, la justicia tiene que ser rápida. Y hoy lo que menos es, es rápido”, expresó, y cuestionó que el conflicto continúe sin resolverse después de tantos meses. “No puede ser que a casi un año de iniciado este conflicto, todavía no haya una solución. O sea, el que tiene que fijar una solución no la toma”, agregó.
El reclamo a los cinco integrantes del Superior Tribunal
“A mí me gustaría que también, viste, salgan los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, los cinco, a dar su opinión”, planteó, y sostuvo que los magistrados deberían explicar qué está sucediendo y cómo consideran que puede resolverse el conflicto.
El abogado diferenció este reclamo de las consultas sobre expedientes judiciales particulares, donde los jueces pueden ampararse en el principio de que se expresan mediante sus sentencias. En este caso, señaló que se trata de un problema institucional que involucra a toda la sociedad.
“No estamos preguntándole, viste, por un juicio determinado que ellos te pueden responder los jueces hablan por su sentencia. Esto no se trata de un juicio ni de una sentencia. Se trata de una situación. Y una situación muy particular y una situación que nos compete a todos como sociedad”, expresó.
Para Diez, las distintas partes involucradas deberían revisar sus posiciones y contribuir a encontrar una salida. “Cada uno tiene que hacer un mea culpa del lugar que le toca en la participación de ver cómo lo soluciona”, sostuvo, al recordar que el Colegio de Abogados ha mantenido una actitud de colaboración para intentar superar las dificultades.
Sin embargo, advirtió que las gestiones institucionales no pueden prolongarse indefinidamente sin resultados. “El Colegio nunca dejó de tener comunicación con el Superior Tribunal de Justicia, y me consta. Y ha utilizado los canales correspondientes para hacer los reclamos respectivos. Ha sido políticamente correcto siempre. Ahora, en lo que a mí respecta, lo políticamente correcto se acaba cuando ya parece ser que te están tomando el pelo”, cuestionó.
El candidato consideró que los reiterados planteos sin respuestas concretas generan desgaste entre los profesionales y anticipó que, si resulta electo, buscará mantener el diálogo, pero con una postura más firme. “Yo, si soy electo en el comicio de ahora del 13 de noviembre, también voy a estar dispuesto. Pero no voy a entrar en una situación de desgaste ni de manoseo. Eso no lo voy a permitir”, afirmó.
Las consecuencias del conflicto para los abogados y la comunidad
Diez planteó que el enfrentamiento entre el Superior Tribunal y sus empleados terminó afectando a sectores que no participan directamente de la controversia. Aunque evitó pronunciarse sobre las responsabilidades específicas de cada parte, insistió en que la administración de justicia no puede quedar condicionada indefinidamente por esa situación.
“Estamos en una situación muy preocupante, porque estamos en el medio de una... no me gusta decirle pelea, pero de una discusión entre el Superior Tribunal de Justicia y sus empleados. El problema es que afecta a los que trabajamos en forma liberal, como abogados de la matrícula, y obviamente directamente afecta al justiciable”, explicó.
El profesional también cuestionó que los pedidos de mayores recursos presupuestarios no se traduzcan necesariamente en mejoras del servicio. Como ejemplo, señaló que existen dos jueces designados desde hace más de dos años que todavía no cuentan con la estructura necesaria para comenzar a ejercer sus funciones.
“Por un lado te dicen que no tienen plata para ciertas cosas y para otras sí. Entonces, piden aumento presupuestario, que está bien que lo pidan, porque obviamente hay aumento, a todos nos aumentan las cosas. Pero eso no se ve reflejado en el servicio de justicia”, cuestionó.
Según explicó, las dificultades afectan especialmente a los abogados que recién comienzan su actividad profesional y necesitan desarrollar una cartera de clientes para sostenerse económicamente. A diferencia de quienes llevan años ejerciendo, los profesionales más jóvenes encuentran mayores obstáculos cuando los expedientes y las resoluciones judiciales se demoran.
Diez sostuvo que la prioridad debe ser garantizar una Justicia eficaz, con tiempos razonables de respuesta. “Que la justicia sea eficaz, rápida, funcione, pero no que funcione a medias. Porque ellos te dicen: sí, no, pero las guardias funcionan, o sea, las cosas se mueven, sí, pero no como se tendrían que mover”, expresó.
“Vivimos cautivos del Poder Judicial”
Otro de los cuestionamientos del candidato estuvo dirigido a la prolongación del conflicto y a la falta de respuestas institucionales. Diez consideró que la situación parece haberse transformado en una disputa de desgaste entre el Superior Tribunal y los trabajadores, en la que ninguna de las partes logra alcanzar una solución definitiva.
“Yo veo también que ya es una cuestión de desgaste, a ver quién se cansa primero, o los empleados que están reclamando o el Superior que no hace nada. Esa es una estrategia, para aquellos abogados laboralistas, es una estrategia que saben que impone el patrón”, sostuvo.
Para explicar las consecuencias sobre los ciudadanos, comparó la situación con un comercio cuyos empleados mantienen un conflicto con sus propietarios y donde los clientes dejan de recibir atención. Sin embargo, marcó una diferencia fundamental: mientras un consumidor puede elegir otro establecimiento, quien necesita recurrir a la Justicia no tiene esa alternativa.
“En el caso de los kioscos o de un comercio, podés elegir otro comercio. Acá vivimos cautivos del Poder Judicial. Nosotros vivimos cautivos”, afirmó.
El abogado insistió en que los profesionales y los ciudadanos no pueden quedar a la espera de que alguna de las partes ceda. “Nosotros no tenemos que estar aguantando a ver a quién se da primero. ¿Por qué? O sea, nosotros tenemos que entender a los demás, ¿y quién entiende a los abogados que trabajan de la profesión?”, planteó.
También cuestionó que la situación se haya extendido durante tanto tiempo y consideró que el Poder Judicial fueguino está incorporando prácticas que, a su entender, afectan su funcionamiento institucional. “Está agarrando los vicios de la justicia federal, me parece”, expresó.
La elección del Colegio de Abogados
Las elecciones para renovar las autoridades del Colegio de Abogados de Río Grande se realizarán el 13 de noviembre, con dos listas oficializadas.
Diez encabeza una de las propuestas, acompañado por Vanessa Criado como candidata a vicepresidenta, Martín Luft como secretario y Eva Morales como tesorera. La nómina incluye además a César Casco, Rosa Andrade y Patricia Pajaca como vocales titulares, junto a otros profesionales que integran los órganos de representación y disciplina.
En cuanto a las elecciones, calculó que entre 450 y 500 profesionales estarán habilitados para votar, dado que quienes mantienen deudas con la matrícula y no regularizaron su situación quedaron excluidos del padrón.
Un conflicto que se prolonga y una Justicia sin respuestas
Hacia el cierre de la entrevista, Diez volvió a cuestionar la duración del conflicto judicial y recordó que lleva más de tres décadas ejerciendo la profesión en Tierra del Fuego, sin recordar una situación similar por su extensión.
“Yo hace más de 30 años que estoy acá litigando, yo no recuerdo una situación que se haya extendido en el tiempo como esta”, afirmó. Según su descripción, las medidas comenzaron alrededor de marzo, aunque los reclamos de los trabajadores judiciales se remontan a un período anterior.
El candidato consideró especialmente preocupante que estas dificultades se produzcan en una provincia con un Poder Judicial relativamente joven, que, a su entender, debería contar con mejores condiciones para organizar su funcionamiento.
“Somos una provincia nueva. Es un Poder Judicial nuevo, a comparación de los poderes judiciales de las demás provincias. Esto tendría que funcionar como un violín, con una excelencia nunca vista. Y sin embargo tenemos estos problemas”, sostuvo.
Para Diez, el paso del tiempo agrava las dificultades y reduce las posibilidades de alcanzar una salida al conflicto. “Esto no se tendría que haber llegado a este extremo. Porque cada vez que pasa más tiempo, va a ser más difícil solucionar las cosas”, concluyó.
