Ramírez: "Vinieron por la caja, no por la infraestructura"
El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puerto de Ushuaia cuestionó el llamado a licitación de la intervención federal a cinco meses del 21 de enero: sin consulta a la provincia, sin estudio de impacto ambiental y con un costo que pasó de $30 a $80 millones por mes.
A cinco meses de la intervención federal del Puerto de Ushuaia, la Dirección Provincial de Puertos impugna cada paso que da ANPyN — la entidad intervencionista — y denuncia penalmente los vicios del proceso. Miguel Ramírez, vicepresidente del organismo provincial, describió en FM La Isla un escenario que calificó sin rodeos: "Esto es macondo."
Una licitación sin consulta y sin estudio ambiental
El llamado a licitación para obras de infraestructura en el muelle, convocado por la intervención federal, generó alarma en la Dirección Provincial. "Si el muelle estaba tan tremendo y colapsaba en cualquier momento, ¿cómo es que en menos de tres meses hacen una licitación para poner una defensa sin siquiera saber si tiene capacidad para soportar el impacto de un barco de 300 metros?" La licitación, además, no cumple con las normativas provinciales: cualquier obra en agua requiere un estudio de impacto ambiental que nunca se realizó. "Todas las licitaciones que se presenten van a ser impugnadas porque ni siquiera fueron consultadas y menos están cumpliendo con las reglamentaciones provinciales."
De $30 a $80 millones por mes
Ramírez reveló un dato que grafica el cambio de escala desde la intervención. Antes del 21 de enero, la Dirección Provincial pagaba $30 millones por mes por el control de accesos y la operación de catamaranes, con personal tercerizado exigido por la propia Prefectura. Hoy, la intervención está pagando $80 millones por mes por los mismos servicios. "No solo vinieron por la caja, sino también vinieron a hacer negocios con la caja de lo que recaudan de un negocio que es netamente provincial, de todos los fueguinos."
Lo que se hizo en cinco meses: una senda y dos cámaras
La pregunta sobre qué obras se realizaron desde la intervención tuvo una respuesta lacónica: "Pintaron una senda peatonal en la puerta y pusieron dos cámaras en la entrada. ¿Te parece eso? Creo que es una tomada de pelo por parte de Nación y por parte de ANPyN." Mientras tanto, el gobernador, la vicegobernadora y el Tribunal de Cuentas no pueden ingresar al puerto. "Un avasallamiento espantoso."
La Prefectura como cómplice
Ramírez fue contundente al señalar el rol de la Prefectura Naval en la intervención. "La Prefectura también es cómplice de esta situación." Según explicó, el organismo ocultó los certificados vigentes de habilitación del puerto y los entregó a ANPyN en lugar de a la Dirección Provincial. "Teníamos un certificado con todo legal, con toda la habilitación, y ellos mismos lo ocultaron y se lo dieron a la gente de ANPyN. No a los dueños de casa. Los dueños de casa somos nosotros, el gobierno de la provincia."
El pretexto de la intervención, recordó, fue la existencia de "dos cerraduras eléctricas sin resorte" que la Prefectura usó para declarar el certificado "no vigente". "El término no vigente no existe. O está vigente o no. Por dos cerraduras. Ya había una premeditación y alevosía de todo esto."
Las armadoras se van a Chile
El impacto operativo de la intervención ya se siente en el negocio portuario. Ramírez confirmó que hay empresas armadoras pidiendo cotizaciones en puertos chilenos ante la incertidumbre sobre las condiciones de operación en Ushuaia. El caso más concreto: el buque Ushuaia, que el año pasado había logrado quedarse en la ciudad durante el invierno para hacer salidas turísticas locales, este año directamente se fue a Chile. "Ni consultó. Y cuando termine, para empezar la temporada, volverá a Ushuaia."
El camino legal como única respuesta
La Dirección Provincial trabaja en paralelo en varios frentes judiciales: presentaciones ante la justicia provincial, la Corte Suprema y la Fiscalía de Estado. Los propios trabajadores del puerto contrataron un abogado de manera independiente para acompañar las acciones legales. "Algo más querés que hagamos", señaló Ramírez. Y dejó una definición que resume la postura institucional: "No seamos como ellos. Ellos entraron por la ventana, usurpando, pateando puertas con un solo objetivo: llevarse una caja. Nosotros transitamos el camino de lo legal."
