Sin acuerdo de pago, la Provincia no precisó cuándo cancelará la deuda de coparticipación con Río Grande
La reunión con el ministro Alejandro Barrozo terminó sin un cronograma para saldar los más de $17.294 millones reclamados por el Municipio. Economía condicionó una reducción de las demoras a la llegada de fondos extraordinarios de Nación.
La tercera reunión entre el Gobierno de Tierra del Fuego y los municipios fueguinos concluyó este martes sin un compromiso concreto para cancelar la deuda de coparticipación que Río Grande estima en más de $17.294 millones. El Ministerio de Economía, encabezado por Alejandro Barrozo, no presentó un cronograma de pagos ni precisó cuándo podrían regularizarse las transferencias pendientes, pese a los reclamos y las cartas documento enviadas por la administración municipal.
La secretaria de Finanzas de Río Grande, Valeria Capotorto, participó del encuentro junto a representantes de las áreas económicas de Ushuaia y Tolhuin, con el objetivo de obtener una respuesta formal sobre los recursos que el Municipio reclama. La funcionaria había anticipado públicamente que exigiría un acta firmada que estableciera cómo y cuándo la Provincia cancelaría la deuda acumulada.
Según el planteo municipal, la Provincia recibió fondos coparticipables que correspondían a Río Grande y no los transfirió dentro de los plazos establecidos, una situación que provocó la acumulación de obligaciones pendientes y afectó la previsibilidad financiera de la ciudad. El reclamo se sustenta en registros de transferencias nacionales y documentación contable que, de acuerdo con el Ejecutivo local, fue analizada por los organismos de control provincial y municipal.
Compromisos condicionados a la llegada de fondos extraordinarios
La minuta firmada al finalizar la reunión establece que, si la Provincia recibe recursos extraordinarios, se compromete a reducir los días de demora en las transferencias de coparticipación y dar prioridad a los expedientes más antiguos.
El documento también contempla que, si esos fondos adicionales no se concretan, el Ministerio de Economía trabajará en una propuesta alternativa para disminuir los retrasos. Sin embargo, ninguno de los compromisos establece una fecha de cancelación de la deuda ni determina montos específicos que serán transferidos a Río Grande.
Durante el encuentro, la cartera económica provincial asumió además el compromiso de evitar que continúen aumentando los días de demora y los montos asociados a las transferencias pendientes, aunque no se informó un mecanismo concreto que garantice ese resultado.
Para el Municipio, estas definiciones resultan insuficientes frente a una deuda que continúa afectando la disponibilidad de recursos. Desde la administración de Martín Perez sostienen que la caída de la recaudación y las dificultades económicas generales no justifican las demoras en el envío de fondos que ya fueron percibidos por la Provincia y corresponden legalmente a las administraciones municipales.
Río Grande mantiene la intimación y evalúa acciones legales
La falta de un cronograma de pago se produce después de que el Municipio enviara, el viernes 30 de octubre, cartas documento a la contadora general de la Provincia, Yesica Solange Flecha, y a la tesorera provincial, Romina Rouco, para exigir la regularización de las transferencias.
Las intimaciones reclamaron una deuda estimada en $17.294.814.520,88 al 30 de septiembre, integrada por recursos de coparticipación, regalías y otros conceptos pendientes. Además, establecieron un plazo de 48 horas desde su recepción y advirtieron sobre la posibilidad de impulsar acciones administrativas y judiciales.
Según informó el Ejecutivo municipal, la intimación mantiene su vigencia y se evaluarán los pasos legales correspondientes para resguardar los recursos de la ciudad. Entre las alternativas mencionadas se encuentran la intervención de los organismos de control y eventuales presentaciones judiciales para investigar posibles responsabilidades de los funcionarios intervinientes.
Otro de los reclamos de Río Grande apunta a conocer qué destino tuvieron los fondos coparticipables recibidos por la Provincia que todavía no fueron transferidos. La administración municipal considera que esa información resulta necesaria para esclarecer las demoras y determinar cómo se regularizarán las obligaciones pendientes.
Nuevas reuniones, pero sin fechas para cancelar la deuda
Pese a la falta de un acuerdo de pago, los representantes provinciales y municipales resolvieron mantener una mesa de trabajo permanente para analizar la situación financiera, los recursos de origen nacional y provincial y los mecanismos de distribución de la coparticipación.
En ese contexto, quedaron programados dos nuevos encuentros técnicos: el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 de noviembre en Ushuaia. Las reuniones permitirán continuar el intercambio de información, aunque por el momento no representan un compromiso de cancelación de los fondos reclamados.
Desde Río Grande advierten que las demoras afectan la planificación presupuestaria y condicionan los recursos destinados a servicios esenciales, como la potabilización del agua, la recolección de residuos, el transporte público y los dispositivos municipales de salud, además de la ejecución de obras y otras obligaciones.
La gestión de Martín Perez sostiene que continuará participando de las instancias de diálogo, pero insiste en la necesidad de obtener compromisos verificables y plazos concretos. Su planteo es que la coparticipación no constituye una asistencia financiera discrecional de la Provincia, sino una obligación legal de transferencia de recursos que corresponden a los municipios.
La reunión de este martes dejó abierta la discusión sobre la cancelación de la deuda: mientras Economía propuso mecanismos para intentar reducir las demoras, Río Grande continúa sin una fecha ni un plan de pago definido para recuperar los fondos que reclama.
