Sotelo: “Estamos desbordados de demandas” ante el impacto de los cambios nacionales en discapacidad
La secretaria de Discapacidad de Tierra del Fuego advirtió sobre el impacto que las políticas nacionales están teniendo sobre la asistencia provincial. Señaló que crecen los pedidos de pensiones, subsidios y módulos, cuestionó los cambios incluidos en el Presupuesto 2027 y anticipó que las provincias reclamarán la prórroga de la emergencia en discapacidad.
El aumento de las solicitudes de asistencia y las dificultades para acceder a nuevas pensiones nacionales están trasladando una presión creciente hacia los sistemas provinciales. En Tierra del Fuego, la Secretaría de Discapacidad asegura que esa situación ya se refleja en una mayor demanda de pensiones, subsidios, módulos y otras herramientas de acompañamiento, en momentos en que el proyecto de Presupuesto 2027 propone nuevas modificaciones al régimen nacional de discapacidad.
La secretaria de Discapacidad de la Provincia, Stella Maris Sotelo, explicó en FM La Isla que el área atraviesa una fuerte sobrecarga y vinculó esa situación con las dificultades económicas de las familias y con las respuestas que, según señaló, dejaron de encontrar en el sistema nacional.
“Últimamente estamos teniendo muchas demandas de toda índole, obviamente por todo lo que se está transitando hoy en día en la provincia y en torno a la discapacidad”, señaló.
La preocupación se profundizó a partir del proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno nacional, que propone cambios sobre distintos aspectos de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Entre ellos aparecen modificaciones al régimen de pensiones y al sistema de prestaciones básicas. La ley vigente establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de prorrogarla por un año.
Entre 10 y 15 nuevas solicitudes de pensión por mes
Uno de los datos que Sotelo destacó durante la entrevista es el crecimiento de las solicitudes de pensiones provinciales. La funcionaria explicó que mantienen contacto con otras jurisdicciones por personas que llegan a Tierra del Fuego con trámites de pensiones nacionales ya iniciados y que, al consultar por el estado de esas solicitudes, reciben respuestas que muestran importantes demoras.
“Estuve charlando un poco con otras provincias por el hecho de que por ahí hay personas que vienen hasta nuestra provincia y vienen con una solicitud de pensión nacional. Yo me comunico con la provincia y me dicen: ‘No, recién están saliendo las pensiones del año 2019-2020’”, relató Sotelo.
Frente a esas demoras, explicó, muchas personas terminan recurriendo al sistema provincial. “Imaginate que no están dando, no están otorgando pensiones, altas de pensiones. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Impacta sobre nosotros? ¿Por qué? Porque la persona lo que hace es venir a solicitar la pensión provincial, obviamente”, señaló.
Ese traslado de demanda ya se refleja en las cifras que maneja la Secretaría. “Nosotros tenemos un incremento mensual de entre 10 y 15 pensiones de solicitud”, precisó Sotelo y agregó que actualmente cuentan con casi 200 solicitudes de pensiones.
Pero el incremento no se limita a las pensiones. La funcionaria señaló que también creció la cantidad de personas que requieren otros tipos de asistencia.
“Últimamente estamos teniendo muchas demandas, no solo de solicitudes de pensión”, explicó. Y vinculó ese aumento con la situación económica: “La persona está muy mal, entonces obviamente vienen a solicitar no solamente la pensión, sino también el subsidio, módulos, tarjetas de bienestar. Todo eso se incrementó, pero exacerbadamente”.
Los cambios que preocupan del Presupuesto 2027
Durante la entrevista, Sotelo repasó algunos de los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y cuestionó especialmente las modificaciones previstas para las pensiones y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Uno de los puntos abordados fue la compatibilidad entre la pensión y el trabajo formal. La Ley de Emergencia vigente estableció un esquema que permite compatibilizar la prestación con determinados ingresos laborales, mientras que el proyecto presupuestario propone modificar nuevamente las condiciones de acceso.
Para Sotelo, permitir esa convivencia puede funcionar como una herramienta de transición hacia una inserción laboral estable.
“Debería ser un andamiaje para que la persona, justamente, el día de mañana que ese empleo se formalice, obviamente la persona no dependa más ya de una pensión, pero sí es importante que sea una especie de andamiaje”, sostuvo.
Según su interpretación del proyecto, esa posibilidad se restringiría: “Con este nuevo presupuesto, ya desde el vamos es incompatible, es imposible que la persona pueda ejercer lo laboral y a su vez percibir la pensión”.
Otro punto de preocupación es el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que actualmente establece valores de referencia para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El proyecto de Presupuesto plantea que esos valores dejen de ser universales, una modificación que alteraría el actual mecanismo de determinación de aranceles.
Sotelo también manifestó preocupación por los cambios vinculados con la cobertura sanitaria de quienes perciben pensiones nacionales y por el impacto que una menor intervención nacional podría trasladar a provincias, prestadores y obras sociales.
“Estamos desbordados”
El impacto sobre las provincias atraviesa buena parte de la preocupación expresada por la funcionaria. Sotelo explicó que la Secretaría recibe directamente los pedidos y luego debe articular con diferentes áreas del Gobierno para intentar responder a cada situación.
“Estamos desbordados justamente de demandas en relación a todo. A nivel subsidios, módulos, pensiones, todo ingresa por medio de la Secretaría y nosotros vamos articulando con todas las áreas para poder solucionar la problemática puntual de la persona”, describió.
La dificultad adicional es que ese crecimiento de la demanda se produce en un escenario de recursos limitados. “Los recursos son muy finitos”, reconoció Sotelo. “Obviamente tratamos de buscar una solución, vamos acompañando y vamos articulando y vamos viendo cómo podemos solucionar el caso puntual de la persona. Sí, el recurso es muy finito, lamentablemente”.
En ese contexto, cuestionó el rumbo adoptado a nivel nacional y sostuvo que derechos alcanzados durante los últimos años están siendo afectados. “Habíamos adquirido muchos derechos, ganado muchos derechos, mucho terreno en derechos, y hoy la verdad que lo están avasallando”, afirmó.
Las provincias preparan un reclamo
Sotelo anticipó además que representantes provinciales comenzaron a organizarse a través del Consejo Federal de Discapacidad para plantear formalmente sus objeciones. Según señaló, ese ámbito federal no es convocado desde hace más de cuatro meses.
“Nosotros, a través del Consejo Federal de Discapacidad, lo vamos a hacer. Ya estamos organizándonos entre las provincias para armar la nota y elevarla”, explicó.
La funcionaria remarcó la importancia de que las jurisdicciones provinciales sean escuchadas en la discusión: “Debemos ser oídos porque nosotros somos los que llevamos la voz de las personas con discapacidad a través de este consejo”.
Uno de los reclamos centrales será la extensión de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La Ley 27.793 fijó su vigencia hasta fines de 2026 con la posibilidad de una prórroga anual, y en Diputados se encuentra en discusión una iniciativa para concretar esa extensión.
“Nosotros vamos a seguir luchando por que esto salga en buenos términos y, obviamente, que se pueda prorrogar esta ley de emergencia”, afirmó Sotelo. Mientras esa discusión continúa en el Congreso, aseguró que la Secretaría provincial seguirá recibiendo y acompañando a las familias y personas con discapacidad que requieran asistencia.
