"Van a eliminar los plus por zonas desfavorables": Stella Maris Sotelo advirtió sobre el impacto del nuevo proyecto de ley de discapacidad en Tierra del Fuego
La Secretaría Provincial de Discapacidad advierte: 100 bajas de pensiones en 2025, cero fondos nacionales y un nuevo proyecto que elimina el plus por zona desfavorable
El 17 de abril el gobierno nacional elevó al Congreso un proyecto de ley denominado "contra el fraude en la discapacidad", que busca modificar la ley de emergencia en discapacidad votada, vetada, promulgada y reglamentada pero nunca cumplida. Stella Maris Sotelo, Secretaria Provincial de Discapacidad de Tierra del Fuego, dialogó con FM La Isla para explicar qué significa ese proyecto en términos concretos para las personas con discapacidad de la provincia.
El título ya es una declaración de intenciones
Sotelo no necesitó muchas palabras para definir el problema central: el solo nombre de la ley —"contra el fraude"— presupone que quien reclama asistencia del Estado por razones de discapacidad debe demostrar que no está cometiendo un fraude. "Ya con el título es una locura", coincidió con el conductor. Lo que busca el proyecto, describió, es endurecer los requisitos con nuevas auditorías masivas, cuando las anteriores —realizadas durante 2025— ya produjeron consecuencias graves.
Las 100 bajas en Tierra del Fuego
Durante las auditorías de 2025, la Secretaría solicitó información a la autoridad nacional para conocer el impacto en la provincia. La respuesta: 100 bajas de pensiones nacionales entre mayo y julio de ese año. Actualmente hay 1.201 pensiones nacionales vigentes en Tierra del Fuego.
El argumento oficial para justificar esas bajas fue el artículo de la ley que refiere a domicilios inexistentes o insuficientes. Sotelo mencionó las denuncias que circularon sobre la carga cruzada de domicilios: el domicilio de una persona asignado a otra, generando una inconsistencia que derivaba en la baja. "Nosotros pedimos la nómina de esas personas para ver en qué situación están, pero se amparan en la ley 25.326 de protección de datos personales y no pueden brindarla", explicó. El resultado: la Secretaría desconoce qué pasó realmente con esas 100 personas, salvo en los casos en que ellas mismas se acercaron.
Lo que cambia con el nuevo proyecto
Las modificaciones que Sotelo identificó en el proyecto son concretas y regresivas. El haber se mantiene en el 70% de la jubilación mínima —actualmente 336.000 pesos— pero se eliminan los plus por zonas desfavorables. Más grave aún: se elimina la obligación de actualizar con el índice de precios al consumidor, lo que deja el ajuste a discreción del gobierno de turno. Las prestaciones dejarán de ser universales y pasarán a depender de cada provincia y de los prestadores disponibles. "Es un gran retroceso en materia de discapacidad, todos los derechos adquiridos simplemente desaparecen", sintetizó.
El Estado provincial absorbe lo que la Nación abandona
El corrimiento del Estado nacional tiene un efecto directo y medible sobre la provincia: más demanda de asistencia provincial. Desde las auditorías de 2025, aumentó el volumen de módulos alimentarios entregados por la Secretaría y creció la cantidad de personas que, luego de perder la pensión nacional, tramitan la pensión provincial. Tierra del Fuego tiene actualmente 1.967 pensiones provinciales, con un haber de $606.705,90 —incompatible con la pensión nacional, por lo que no hay duplicidad.
Sotelo aclaró que todos los programas nacionales que administraba el FONADI están dados de baja. La Secretaría se financia exclusivamente con recursos provinciales. "Cada vez hay menos recursos, pero tratamos de sostener a cada una de las personas que vienen con estas demandas", señaló.
Los lugares de atención en la provincia
Durante las auditorías anteriores, las citaciones en Tierra del Fuego se realizaron en tres puntos: el CEMEP en Río Grande, la clínica San Jorge en Ushuaia, y un consultorio en Tolhuin. Sotelo contrastó eso con lo ocurrido en otras provincias, donde se citó a personas en lugares inexistentes o en hoteles que no estaban al tanto de las convocatorias.
La Secretaría atiende en tres dependencias: Río Grande en la calle Alem 160, de 9 a 15 horas, y también en Ushuaia y Tolhuin.
La respuesta colectiva
Este 22 de abril está convocada una marcha masiva al Congreso contra el proyecto. Y el 28 de abril, Sotelo participará de la segunda asamblea anual del COFEDIS —Consejo Federal de Discapacidad—, donde planea presentar una moción en contra de la iniciativa y pedir explicaciones a la Secretaría de Discapacidad Nacional. "Estábamos trabajando con la ley de emergencia y de golpe nos aparece este proyecto que va totalmente en contra", resumió.
