La justicia argentina bajo la lupa: cómo el mundo cubrió la censura a los audios oficiales
Los principales medios internacionales cuestionaron la prohibición dictada por la Justicia argentina y vincularon el caso con un "escándalo de sobornos"
La decisión del juez federal civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello de prohibir la difusión de audios que involucran a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, generó una inmediata reacción crítica en los medios de comunicación internacionales más influyentes, que no dudaron en calificar la medida como una forma de censura previa. El magistrado, quien enfrenta seis expedientes abiertos en el Consejo de la Magistratura por acoso sexual y abuso de poder, dictó la cautelar tras el pedido de la ministra Patricia Bullrich.
Bloomberg, el prestigioso medio financiero estadounidense, fue directo al caracterizar el episodio como parte de "un escándalo de sobornos" y destacó el timing político de la decisión judicial, ocurrida "seis días antes de una elección clave en Buenos Aires". La cobertura del medio especializado en finanzas puso el foco en las implicancias económicas y políticas del caso.
Desde España, El País adoptó un enfoque crítico al titular que "Milei consigue que un juez prohíba la difusión de audios de su hermana grabados en la Casa Rosada". El diario madrileño también recogió la versión oficial del gobierno argentino sobre una presunta "operación ilegal" con vínculos a la inteligencia rusa, mostrando escepticismo respecto a estas afirmaciones.
Su compatriota El Mundo fue aún más directo al calificar al magistrado como "polémico" en su titular, mientras destacaba las sospechas gubernamentales sobre "espías rusos". Esta caracterización del juez no es casual, considerando que Maraniello enfrenta múltiples denuncias por violencia de género y abuso de poder, lo que genera sospechas sobre un posible "forum shopping" o asignación estratégica del caso.
Perspectiva regional: preocupación por la libertad de prensa
La cobertura latinoamericana mostró particular preocupación por las implicancias para la libertad de expresión. O Globo de Brasil optó por un enfoque más aséptico pero igualmente revelador al destacar que la prohibición surgió "tras denuncia del gobierno", subrayando así el rol activo del Ejecutivo en la censura.
El País de Uruguay puso énfasis en los allanamientos ordenados contra periodistas, incluyendo el domicilio de Jorge Rial, una figura mediática de alta exposición. Esta perspectiva regional reflejó una sensibilidad particular hacia los ataques contra la prensa, considerando el historial de la región en materia de libertad de expresión.
Desde Chile, tanto Emol como La Tercera coincidieron en destacar el pedido gubernamental de "allanar casas de periodistas", una medida que generó alarma en el gremio periodístico regional. La Tercera añadió el elemento temporal al mencionar que la denuncia oficial habla de "una operación de desestabilización extranjera antes de las elecciones legislativas".
La narrativa oficial vs. la percepción internacional
Mientras el vocero presidencial Manuel Adorni insistió en que "no fue una filtración" sino "un ataque ilegal, planificado y dirigido", la prensa internacional mostró escepticismo ante esta versión. La convergencia de medios de diferentes países y orientaciones políticas en cuestionar la medida judicial sugiere una percepción generalizada de que se trata de un intento de silenciar información comprometedora.
CNN en Español y BBC Mundo también se sumaron a la cobertura crítica, consolidando un consenso mediático internacional que ve en la prohibición una maniobra de control de daños por parte del gobierno de Javier Milei.
La unanimidad en el tono crítico de la cobertura internacional contrasta marcadamente con la narrativa oficial argentina, que presenta el caso como una operación de inteligencia extranjera. Esta disonancia entre la percepción local gubernamental y la mirada externa plantea interrogantes sobre la credibilidad internacional del discurso oficial.
El episodio evidencia cómo las decisiones judiciales de aparente alcance doméstico pueden tener repercusiones reputacionales significativas en el ámbito internacional, especialmente cuando involucran restricciones a la libertad de prensa en un contexto electoral sensible.
