
Represión en el Congreso: un periodista fue blanco de disparos policiales durante la protesta de jubilados
Un movilero de C5N resultó agredido mientras cubría la manifestación; imágenes evidencian el uso de armas de fuego, prohibidas en operativos de seguridad.
"¿Qué te pasa que me tirás justo al lado? ¡Me pegaste en los pies!", exclamó con voz alterada Nicolás Munafó, cronista del canal C5N, en medio de una transmisión en vivo frente al Congreso. El reportero, quien documentaba la marcha de jubilados, se convirtió en blanco de un violento accionar policial cuando un agente le disparó a escasos metros, generando conmoción e indignación.
El incidente, captado por las cámaras del medio y difundido en directo, revela un nuevo episodio de violencia institucional, esta vez dirigida contra un comunicador en ejercicio de su labor. Munafó caminaba por la vereda, informando sobre el reclamo de los manifestantes, cuando un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires accionó su arma sin mediar advertencia.
La protesta y la escalada de violencia
La concentración de jubilados y organizaciones sociales, realizada este miércoles como parte de sus reclamos habituales, derivó en un operativo represivo que volvió a marcar un preocupante precedente. Los manifestantes exigían una mejora en sus ingresos, acceso a medicamentos gratuitos y la continuidad de tratamientos médicos, además de repudiar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.
Sin embargo, la atención se desplazó rápidamente hacia el accionar de las fuerzas de seguridad, que recurrieron a métodos cuestionados para dispersar la movilización. Entre las imágenes que circularon en redes sociales, una en particular encendió la alarma: un uniformado portando un arma de fuego, en clara violación a la normativa vigente.
Armas prohibidas y reclamos de sanción
De acuerdo con la Ley 5688 del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad, el uso de armamento letal en protestas sociales está expresamente prohibido. El artículo 99 establece que las fuerzas policiales no pueden llevar ni emplear este tipo de armas en contextos de manifestaciones públicas, con el objetivo de proteger a los participantes y evitar excesos.
Pese a ello, las pruebas audiovisuales y los testimonios de testigos ponen en evidencia un posible incumplimiento de esta disposición. Organismos de derechos humanos y entidades periodísticas ya han reclamado investigaciones urgentes, así como garantías para el ejercicio del periodismo y el derecho a la protesta pacífica.
Mientras la Policía de la Ciudad enfrenta críticas por su proceder, el caso de Munafó se suma a una lista creciente de denuncias por violencia institucional, reavivando el debate sobre los límites del uso de la fuerza en democracia.