Tragedia en Ciudad Evita: Muere Thiago, el niño baleado por un policía federal
La ministra Bullrich defendió al agente que disparó contra jóvenes acusados de robo, mientras organismos de derechos humanos exigen prohibir el uso de armas fuera de servicio.
Thiago Correa, el pequeño de siete años impactado por un disparo en la cabeza durante un confuso episodio en Ciudad Evita, falleció este viernes en el Hospital de Niños de San Justo. El fatal desenlace conmocionó a la comunidad y reavivó el debate sobre el uso de armas de fuego por parte de agentes fuera de servicio.
El miércoles por la noche, el oficial Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años y recientemente incorporado a la Dirección Montada de la Policía Federal, se encontraba esperando un colectivo junto a su madre cuando fue abordado por cuatro jóvenes. Según la versión oficial, intentaron robarle, lo que desencadenó una persecución en la que el agente efectuó once disparos. Uno de los proyectiles alcanzó mortalmente a Brandon Corpus, de 18 años, mientras que otro impactó en Thiago, quien transitaba por la zona con su padre, a casi dos cuadras del lugar.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tardó en salir en defensa del policía, argumentando que actuó en "legítima defensa". Sin embargo, su postura generó polémica al sostener que los jóvenes involucrados en el presunto intento de robo deberían ser imputados por la muerte del niño, pese a que la bala provino del arma reglamentaria del agente. "Los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo", afirmó la funcionaria, deslizando además críticas hacia la gobernación bonaerense.
Las pruebas recabadas hasta el momento complican el relato oficial. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que los disparos se produjeron cuando los jóvenes ya huían, y el arma incautada al grupo no estaba en condiciones de ser utilizada. Pese a ello, el Ministerio de Seguridad insiste en que el accionar del agente fue justificado, mientras que el fiscal a cargo de la investigación evalúa imputarlo por "exceso en la legítima defensa".
Organismos de derechos humanos alzaron la voz frente al caso. El CELS señaló que el 83% de las muertes en incidentes similares ocurrieron por intervenciones de agentes fuera de servicio, y advirtió sobre el peligro de portar armas en contextos no reglamentados. "Estas intervenciones son improvisadas y desproporcionadas", denunciaron, acusando al gobierno de avalar prácticas violentas.
Mientras la Justicia avanza en la investigación, la muerte de Thiago expone una vez más las grietas en las políticas de seguridad y la urgencia de revisar los protocolos de actuación policial. La sociedad reclama respuestas, pero por ahora, solo hay dolor y preguntas sin resolver.
