Crisis política y financiera en Tolhuin: el municipio enfrenta al Concejo Deliberante por fondos y gobernabilidad
Alexis Solís, secretario legal y técnico, denuncia un gasto desmedido del Concejo y judicializa una ordenanza que considera inconstitucional.
En una entrevista cargada de tensión política y preocupación por el rumbo institucional del municipio de Tolhuin, el secretario Legal y Técnico, Alexis Solís, ofreció un crudo diagnóstico del conflicto que enfrenta al Ejecutivo con el Concejo Deliberante. La controversia, según explicó, gira en torno a una ordenanza presupuestaria cuya constitucionalidad está siendo cuestionada ante el Superior Tribunal de Justicia. Para Solís, el cuerpo legislativo ha incurrido en un “gasto desmedido” que amenaza el funcionamiento integral del municipio.
Solís detalló que el Concejo Deliberante, compuesto por solo cinco concejales, solicitó inicialmente un presupuesto de más de 1.820 millones de pesos para su funcionamiento anual. Sin embargo, en agosto ya habían consumido la totalidad de esos recursos y reclamaron mediante cartas documento una ampliación presupuestaria. El pedido incluye, según el funcionario, 205 millones adicionales con proyección a superar los 650 millones antes de fin de año. El monto total solicitado ascendería así a unos 2.500 millones de pesos, lo que equivaldría —según Solís— a un costo de 500 millones por concejal, sin que se haya ofrecido una rendición clara sobre el destino de esos fondos.
“Literalmente se lo gastaron todo. No nos dicen cuántos empleados tienen, cuántos contratos existen o en qué se usan los recursos. Sólo nos notifican que necesitan más plata, sin respaldo alguno”, declaró con evidente molestia. Y agregó que con los fondos pedidos por los concejales, el Ejecutivo podría financiar más de 600 metros de asfalto o adquirir equipamiento crítico para la generación de energía en la localidad.
El funcionario también denunció que el Concejo no sólo ignora el principio de responsabilidad fiscal, sino que actúa de forma contradictoria: tres de los cinco ediles que hoy exigen recursos votaron en 2018 a favor de adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero nunca la han aplicado. “Son unos irresponsables. Siguen generando gastos sin control ni límites, sin importar el impacto sobre la comunidad”, disparó.
En este contexto, el Ejecutivo municipal inició una demanda judicial ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando que se declare inconstitucional la ordenanza presupuestaria. Para Solís, esta acción era inevitable ante la falta de diálogo y la negativa del Concejo a racionalizar su funcionamiento. Incluso mencionó que se convocó al cuerpo legislativo a una reunión para buscar una reestructuración de gastos, pero sólo asistió una concejala —la única, dijo, que ha mostrado acompañamiento al Ejecutivo—, mientras el resto se negó a participar a menos que se les “pagara”, a pesar de haber agotado el presupuesto disponible.
La situación ha obligado al Ejecutivo a solicitar la suspensión de ordenanzas para poder cubrir los sueldos del Concejo, lo cual ha impactado directamente en otras áreas del gobierno municipal. “No podemos garantizar ni siquiera la realización de la Fiesta de los Antiguos Pobladores, porque tenemos que desviar fondos específicos para pagar las dietas y cubrir gastos políticos”, lamentó Solís.
El conflicto también tiene una fuerte dimensión política. El funcionario apuntó contra la conducción del Partido Justicialista (PJ), a quien acusa de boicotear la gestión del intendente por no alinearse con la cúpula partidaria. “La mayoría del Concejo responde directamente al presidente del PJ, Walter Vuoto, y no a las necesidades reales de los vecinos. Nosotros hacemos gestión; ellos hacen clientelismo”, afirmó.
Incluso señaló la inacción del Concejo en temas estratégicos para el municipio. Mencionó que hace más de tres meses se presentó un proyecto para ratificar la venta de un predio a la empresa Dos Arroyos, que podría generar ingresos por más de 500 millones de pesos y empleo genuino. Sin embargo, el Concejo se declaró en receso y luego desestimó la propuesta, argumentando que no era “de interés público ni urgente”. “¿La generación de empleo no es de interés público? ¿Tener una empresa local que genere ingresos genuinos para la ciudad no es urgente?”, cuestionó el funcionario.
Solís confirmó que la presentación judicial fue realizada el jueves anterior y que el Superior Tribunal aún se encuentra dentro del plazo de diez días hábiles para pronunciarse. En caso de prosperar la demanda, el Ejecutivo quedaría exento de girar los fondos reclamados y la ordenanza sería anulada. “Esto va en contra de la Constitución provincial, de la ley 6 y de toda la normativa presupuestaria vigente. No es una discusión política más, es una cuestión legal de fondo”, sentenció.
Ya en el cierre del programa, fue el periodista quien tomó la palabra con un tono claramente editorial. Señaló que cuando los conflictos entre poderes municipales se judicializan, “la discusión política queda totalmente descartada”, y que lo que ocurra en la Corte será determinante para el futuro institucional de Tolhuin.
