
Ibarra desmiente versiones sobre inhabilitaciones: “La causa recién comienza y no hay delito”
El abogado defensor del intendente Harrington y funcionarios de Tolhuin rechazó que exista una orden judicial de restitución ni riesgo de inhabilitación. Sostiene que el proceso está en etapa inicial y que las acusaciones tienen “intencionalidad política”.
El abogado defensor del intendente Daniel Harrington y de funcionarios del municipio de Tolhuin, Francisco Ibarra, salió al cruce de las versiones que hablaban de una inminente inhabilitación para ejercer cargos públicos y de una supuesta orden judicial de restitución de una vivienda. “Hablar de inhabilitaciones o procesamientos es apresurado y con evidente intencionalidad política. La causa recién comienza y no existe delito”, afirmó.
El conflicto se originó a partir de la denuncia de Andrea Verónica González Valle, vecina de Tolhuin que aseguró que el municipio le usurpó un inmueble. El terreno había sido adjudicado años atrás, pero en abril de 2025 la gestión municipal revocó la cesión argumentando abandono. Desde entonces, el caso se judicializó con medidas cautelares que impidieron entregar la posesión efectiva.
En este marco, algunos portales informaron que la justicia había ordenado devolver la vivienda. Ibarra lo negó rotundamente: “No hubo ninguna orden de restitución de la vivienda. Eso está en trámite en el Superior Tribunal de Justicia dentro de una acción contenciosa. Decir lo contrario es parte de una lectura sesgada de los hechos”.
El letrado explicó que hay dos causas paralelas: una penal, que se tramita en el Juzgado de Instrucción de Tolhuin, por presunta usurpación por despojo y abuso de autoridad; y otra contencioso-administrativa, en Ushuaia, donde se debate la legalidad de la revocación de la adjudicación. “Estamos recién en la etapa de instrucción. Hay declaraciones testimoniales previstas para el mes próximo. La denunciante ratificó su presentación hace apenas quince días. Hablar de inhabilitaciones es contar el cuento desde la última hoja, cuando todavía falta todo el medio y el principio”, ironizó.
Respecto al estado del inmueble, Ibarra adelantó que podría abrirse un nuevo frente judicial: “Si se reclama por daños, eso será materia de una demanda civil. Lo que hay que probar es cómo estaba la propiedad antes y cómo está ahora. Pero ese no es el eje de la denuncia penal”.
Finalmente, el abogado apuntó contra el uso político del caso: “Las declaraciones que hablan de inhabilitación perpetua son apresuradas y con alguna intencionalidad propia de los tiempos electorales. Nosotros sostenemos que aquí no hay delito alguno, sino cuestiones administrativas que deben resolverse en las instancias correspondientes”.