Alarma en la comunidad científica por proyecto que busca reformar el Conicet bajo criterios de mercado
Un documento de la Fundación Libertad y Progreso, vinculada al gobierno, propone eliminar la carrera de investigador y reemplazarla por contratos temporales. Expertos advierten sobre el riesgo.
Mientras las calles aún resonaban por las masivas movilizaciones en defensa de la ciencia, este jueves se conoció un polémico informe de la Fundación Libertad y Progreso que plantea una reforma radical del Conicet, despertando fuertes críticas en la comunidad académica. El texto, presentado como un "diagnóstico y propuesta de cambio", sugiere eliminar la carrera estable de los investigadores y reemplazarla por contratos temporales sujetos a evaluaciones políticas y mercantiles.
Aunque la fundación se autodefine como una entidad "privada, sin fines de lucro e independiente", sus vínculos con el actual gobierno son evidentes. Su director general, Agustín Etchebarne, economista ligado a círculos liberales, y su cuerpo académico, encabezado por Alberto Benegas Lynch (h.), cercano al presidente, generan sospechas sobre la influencia de este documento en las políticas públicas. Además, entre sus patrocinadores figura la Red Atlas, organización internacional acusada de financiar agendas de ultraderecha.
¿Qué propone el proyecto?
El plan busca desarticular la estructura actual del Conicet, reemplazando la carrera científica por proyectos "competitivos" con financiamiento temporal, sujetos a la aprobación de un directorio. Según Ariel Goldstein, politólogo e investigador del Conicet, esto implicaría que "los científicos ya no serían parte del organismo, sino que dependerían de contratos precarios, sin autonomía ni continuidad". La evaluación, además, estaría condicionada al "impacto económico" y a los intereses del mercado, dejando en riesgo áreas como las ciencias sociales y la investigación básica.
Etchebarne defendió la iniciativa argumentando que busca "liberar la ciencia de la burocracia estatal" y abrir paso a "nuevas formas de producción de conocimiento". Sin embargo, sus palabras no lograron calmar las críticas. Rodrigo Quiroga, bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba, lo resumió con crudeza: "Es un sinceramiento del plan de Milei: convertir la ciencia en un servicio privado, descartando todo lo que no genere ganancias inmediatas".
Advertencias desde la academia
Ana Franchi, ex presidenta del Conicet, calificó la propuesta como "ilegal y desastrosa". "Si los salarios dependen de subsidios temporales, como en EE.UU., pero sin su estructura de financiamiento, la ciencia argentina colapsará", alertó. Por su parte, Luis Calcaterra, ecólogo afectado por los recortes, destacó que "la inestabilidad laboral ahuyentará a los investigadores y destruirá décadas de avance".
Pero las objeciones no se limitan al ámbito científico. Diego Hurtado, ex secretario de Planeamiento en Ciencia, tildó el informe de "falaz y amateur", señalando errores históricos —como atribuir la creación del Conicet a Frondizi— y una visión "anclada en los años 60". "No entienden la complejidad de gestionar el conocimiento. Es un retroceso de medio siglo", sentenció.
Mientras el debate se intensifica, la pregunta que flota en el aire es clara: ¿Está el gobierno dispuesto a sacrificar el futuro científico del país en nombre de una "liberación" que, para muchos, se parece demasiado a un desguace?
