El alto costo de abortar en la Argentina de Milei: sin insumos y con precios inalcanzables
Mientras el Gobierno desfinancia la ley de interrupción voluntaria del embarazo, las mujeres deben enfrentar barreras económicas y la falta de medicamentos esenciales.
En la Argentina de Javier Milei, abortar se ha convertido en un privilegio al alcance de pocas. Quienes no cuentan con una obra social o prepaga de alto costo deben desembolsar hasta 100 mil pesos para acceder a una caja de misoprostol, el medicamento esencial para interrumpir un embarazo de manera segura. Mientras tanto, el Estado nacional abandonó por completo la compra y distribución de insumos básicos, dejando a las provincias y a los profesionales de la salud librados a su suerte.
El desmantelamiento sistemático de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva quedó en evidencia cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió ante el Congreso que no existe una partida presupuestaria específica para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.610, que consagra el derecho al aborto legal. "No van a poner un peso", fue el mensaje implícito. Las consecuencias son dramáticas: según Amnistía Internacional, las consultas y denuncias por dificultades para acceder a la interrupción del embarazo aumentaron un 275% en comparación con 2023.
"No hay medicación, tienen que comprarla"
Andrea, una mujer de Entre Ríos, llegó a un hospital público buscando practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. La respuesta que recibió fue contundente: no había stock de misoprostol y debía adquirirlo por sus propios medios. "Yo no tengo el dinero para esto", relató, según el informe "También es por vos", de Amnistía Internacional, que documenta el alarmante retroceso en el acceso al aborto.
El escenario se repite en gran parte del país. Desde que asumió Milei –quien califica al aborto como un "asesinato"–, se interrumpió la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, los fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para abortos seguros. En 2023, el Ministerio de Salud distribuyó más de 88 mil tratamientos de misoprostol; en 2024, la cifra cayó a cero.
Provincias abandonadas y desigualdad territorial
Las jurisdicciones, ya afectadas por otros recortes, intentan suplir con recursos propios la ausencia del Estado nacional. Sin embargo, el panorama es desolador: más de la mitad de las provincias reportan falta de misoprostol, y casi todas carecen de mifepristona. A esto se suma una reducción del 81% en la distribución de anticonceptivos, pastillas de emergencia y tests de embarazo, según datos oficiales.
"El Estado no está garantizando el acceso a la salud sexual y reproductiva", denunció Julieta Izcurdia, directora del área Jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). La organización también alertó que, desde diciembre de 2023, el Gobierno dejó de publicar información sobre el tema, mientras el presupuesto del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva llegó a su nivel más bajo: apenas un 0,19% del gasto ejecutado por el Ministerio de Salud.
Sin insumos, sin aspiración, sin derechos
La situación es tan crítica que ni siquiera el método de aspiración manual endouterina –alternativa cuando no hay medicamentos– está disponible en muchos hospitales. Un pedido de acceso a la información pública reveló que el Gobierno no distribuyó ningún insumo relacionado con interrupciones del embarazo. La excusa inicial fue un problema en las licitaciones, pero hoy ya no hay dudas: se trata de una estrategia de desfinanciamiento para restringir, en los hechos, un derecho conquistado.
En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Argentina enfrenta un retroceso sin precedentes. Quienes deciden interrumpir un embarazo deben sortear obstáculos económicos, geográficos y burocráticos, mientras el Estado mira para otro lado. El mensaje es claro: en el gobierno de Milei, abortar es un lujo que muy pocas pueden pagar.
