Gobierno oficializa reforma migratoria con restricciones a ciudadanía, residencia y acceso a salud y educación
El decreto 366/2025 modifica la ley de migraciones, endurece requisitos para la naturalización, facilita deportaciones e introduce aranceles en universidades y salud pública para no residentes.
El Gobierno nacional formalizó este jueves, mediante un decreto de necesidad y urgencia, la polémica reforma migratoria que había anticipado semanas atrás. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, introduce cambios significativos en las condiciones para obtener la ciudadanía, establece nuevos criterios para las residencias, facilita las expulsiones de extranjeros y habilita el cobro de servicios en el sistema de salud y universidades públicas para quienes no tengan residencia permanente.
Un cambio de paradigma migratorio
El decreto 366/2025 modifica la Ley de Migraciones sancionada en 2003, argumentando que el escenario global actual exige "nuevas respuestas ante desafíos políticos, económicos y sociales". El texto hace referencia a las crisis internacionales que generan flujos migratorios masivos y menciona específicamente las deportaciones realizadas por Estados Unidos, que habrían afectado a más de 138.000 sudamericanos.
Según el Gobierno, estas modificaciones buscan "fortalecer la capacidad del Estado para gestionar los flujos migratorios de manera eficiente, mejorar el control fronterizo y garantizar que la llegada de extranjeros no comprometa la seguridad ni la estabilidad social". Sin embargo, organizaciones de derechos humanos ya han señalado que la medida estigmatiza a los migrantes y promueve expulsiones arbitrarias.
Ciudadanía más restrictiva
Uno de los puntos más controvertidos es el endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad argentina. A partir de ahora, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) será la encargada de otorgar la ciudadanía, quitándole esa facultad al Poder Judicial. Además, se redefine el concepto de "residencia continua": quienes soliciten la naturalización deberán probar que no salieron del país durante los dos años previos a la petición.
También se crea una nueva vía de acceso: la "ciudadanía por inversión relevante". Extranjeros que inviertan sumas significativas en el país podrán obtener el pasaporte argentino sin necesidad de cumplir con plazos de residencia. El Ministerio de Economía determinará qué montos y sectores serán considerados estratégicos, mientras que una flamante Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión administrará el proceso.
Residencia precaria y controles más estrictos
La reforma introduce la figura de "residencia precaria", un permiso transitorio de 90 días renovable que permite trabajar y estudiar, pero no sirve para tramitar la residencia permanente ni la ciudadanía. Además, se refuerzan los controles para evitar el llamado "turismo de natalidad", una práctica mediante la cual extranjeros dan a luz en Argentina para obtener beneficios migratorios.
Los residentes temporarios deberán abandonar el país una vez vencido su plazo, so pena de expulsión. Asimismo, se exige a los extranjeros declarar un domicilio electrónico válido para notificaciones, con sanciones por falsedad en la información. Quienes estén en situación irregular no podrán realizar actividades remuneradas.
Deportaciones aceleradas y rechazo en frontera
El decreto amplía los motivos por los cuales un extranjero puede ser deportado. Entre ellos figuran omitir antecedentes penales, ingresar con documentación falsa, tener condenas por delitos graves o participar en actividades terroristas. La DNM podrá retener preventivamente a personas en proceso de expulsión por hasta 60 días, aunque se contemplan excepciones humanitarias.
Quienes sean expulsados por delitos dolosos enfrentarán una prohibición permanente de reingreso, mientras que en otros casos la restricción será de al menos cinco años. También se faculta a las autoridades a rechazar el ingreso en frontera si hay sospechas fundadas sobre la veracidad de los motivos declarados.
Salud y educación: gratuidad con condiciones
En materia de salud, los extranjeros solo tendrán acceso gratuito a emergencias. Para atención médica habitual, deberán presentar un seguro de cobertura o pagar el servicio, excepto los residentes permanentes, que mantienen igualdad de derechos con los argentinos.
En educación, la reforma mantiene la gratuidad en niveles inicial, primario y secundario, pero establece que las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Las casas de estudio tendrán autonomía para fijar los montos, aunque se garantiza la continuidad de quienes ya estén cursando.
Críticas y apoyo
Mientras el oficialismo defiende la medida como un mecanismo para ordenar el sistema migratorio y atraer inversiones, sectores opositores y organizaciones sociales la califican de regresiva y discriminatoria. El debate promete intensificarse en los próximos días, con posibles acciones judiciales para frenar su implementación.
