El Desmantelamiento Impositivo en Tierra del Fuego: Una Medida Ideológica con Escaso Impacto en los Precios
La eliminación de beneficios fiscales en la isla amenaza la soberanía nacional y deja en la incertidumbre a miles de trabajadores, mientras las prometidas rebajas en electrónicos no supera el 10%.
El Gobierno Nacional impulsó el desarme del régimen tributario en Tierra del Fuego bajo un discurso de apertura comercial y reducción de costos, pero los resultados distan de las promesas iniciales. Lejos de tratarse de una política económica orientada a abaratar productos, la decisión responde más a una convicción ideológica que a un análisis concreto de su impacto en el mercado.
La supuesta baja de precios, anunciada con bombos y platillos por el ministro de Economía, Luis Caputo, no se materializó como se esperaba. Según un relevamiento realizado por este medio, consultando a cámaras sectoriales, proveedores y empresas que antes operaban en la isla, los descuentos no superan, en la mayoría de los casos, el 10%. Incluso, varias de estas reducciones ya se habían aplicado en noviembre pasado, cuando el Gobierno flexibilizó los trámites aduaneros para la importación de bienes.
Las expectativas generadas durante la campaña legislativa fueron exageradas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, llegó a mencionar caídas de hasta el 30% en productos como el iPhone, pero los números oficiales muestran un ajuste real de apenas 8,9%. Mientras tanto, otras marcas, como Samsung, anunciaron rebajas promedio del 7,5%, cifra inferior a la reducción impositiva aplicada.
El caso de los vehículos 0km es aún más elocuente. Caputo había asegurado que, tras reuniones con automotrices, los precios se moderarían. Sin embargo, lejos de disminuir, los valores repuntaron cerca del 2% en junio, rompiendo el supuesto "pacto de caballeros" entre el Gobierno y las empresas. Firmas como Ford, Toyota y General Motors ya comunicaron incrementos, desmintiendo las promesas oficiales.
El argumento de que la eliminación de impuestos generaría un abaratamiento masivo se desvanece ante la realidad. Más allá de algunos ajustes puntuales, el mercado no refleja los descuentos prometidos, mientras que el costo social de la medida —con miles de puestos de trabajo en riesgo— queda en un segundo plano. Lo que comenzó como una bandera de lucha contra la "inflación" se transformó en una decisión política cuyos efectos económicos son, hasta ahora, marginales.
En definitiva, el desmantelamiento del esquema fueguino parece responder más a un dogma que a una estrategia de alivio para los consumidores. Mientras tanto, la soberanía industrial de una región clave queda en jaque, sin que los argentinos vean reflejado en las góndolas el supuesto beneficio de la medida.
