El Congreso retoma el debate por el financiamiento universitario en medio de tensiones con el Gobierno
El CIN presentó un proyecto para garantizar recursos a las casas de estudio, mientras el oficialismo amenaza con un nuevo veto. La iniciativa coincide con protestas de científicos y jubilados.
Ocho meses después del veto presidencial que frustró el acuerdo alcanzado en 2023, la Cámara de Diputados reinstaló la discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas. En un nuevo episodio de tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó este martes una iniciativa para asegurar fondos actualizados y permanentes al sistema universitario. La propuesta recibió el respaldo de sindicatos docentes, agrupaciones estudiantiles y el apoyo transversal de bloques opositores, incluyendo a Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.
El proyecto se suma a otras cinco iniciativas impulsadas por legisladores del peronismo, la izquierda y sectores del radicalismo disidentes. La Cámara baja prepara ahora el tratamiento en comisión, con la mira puesta en llevar el tema al recinto antes de que finalice junio. El debate podría coincidir con una nueva Marcha Federal Educativa, que ya se organiza en distintas universidades del país. Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó un escenario adverso: cualquier norma que contradiga los lineamientos del Gobierno enfrentará un nuevo veto presidencial.
Un sistema al borde del colapso
La iniciativa del CIN, estructurada en doce artículos, propone asignar partidas automáticas mediante la coparticipación federal, incrementar progresivamente el presupuesto hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031 y crear un fondo especial para carreras estratégicas. Además, establece la reactivación de paritarias para recuperar los salarios docentes y no docentes, y refuerza los programas de becas para garantizar el acceso y la permanencia en las universidades.
Durante su exposición, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, defendió la propuesta como "una solución estructural y republicana". Sin embargo, advirtió sobre la crítica situación del sector: más del 70% de los trabajadores universitarios cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras que el presupuesto asignado para 2025 apenas cubre la mitad de las necesidades operativas. Este deterioro ya provocó recortes en investigación, extensión y actividades académicas, poniendo en riesgo la calidad educativa.
La pulseada política y el llamado a las calles
Los diputados buscan acelerar el tratamiento del proyecto en comisión durante la próxima sesión, presionando al presidente de las comisiones de Educación y Presupuesto, José Luis Espert, a habilitar el debate. De avanzar, los bloques opositores planean firmar un dictamen en junio para llevar la discusión al recinto. Paralelamente, los gremios universitarios evalúan convocar movilizaciones para acompañar el proceso, aunque desconfían de que una ley pueda revertir la crisis sin presión social.
Ileana Celotto, secretaria general de la AGD-UBA, fue clara: "No depositamos expectativas en un proyecto, sino en la movilización. El año pasado vimos cómo el veto se impuso. Esta es una herramienta más, pero la lucha está en la calle". Mientras tanto, el clima de tensión se agravó este martes con protestas de científicos del CONICET y jubilados, que terminaron reprimidas por las fuerzas de seguridad frente al Congreso, en una muestra más del creciente malestar social.
Con el reloj en marcha, la pulseada por el futuro de la educación pública promete escalar en las próximas semanas, en un escenario donde el Gobierno y la oposición miden fuerzas tanto en el Parlamento como en las calles.
