Emergencia en Discapacidad: «Operamos principalmente con fondos provinciales»
Stella Maris Sotelo, Secretaria Provincial de Discapacidad, analiza los desafíos del sector frente a la reciente media sanción de la ley de emergencia. Recursos limitados, trámites burocráticos y un a
Stella Maris Sotelo, Secretaria Provincial de Discapacidad, analiza los desafíos del sector frente a la reciente media sanción de la ley de emergencia. Recursos limitados, trámites burocráticos y un aumento en la demanda de asistencia marcan la agenda actual.
En medio de un escenario nacional complejo, la Secretaría Provincial de Discapacidad enfrenta desafíos crecientes en la atención a uno de los sectores más vulnerables. Stella Maris Sotelo, titular del área, detalló por FM La Isla los obstáculos que persisten en el acceso a derechos básicos, como pensiones, vivienda y empleo, mientras se espera el impacto de la reciente media sanción de la ley de emergencia en discapacidad, aprobada con 149 votos afirmativos en la Cámara de Diputados.
La relación con el gobierno nacional, explicó Sotelo, se canaliza a través del Consejo Federal de Discapacidad, con asambleas periódicas. Sin embargo, los recursos transferidos desde Nación son escasos o llegan con trabas administrativas. «Operamos principalmente con fondos provinciales», admitió, destacando que programas como los subsidios para ayuda técnica o inclusión laboral suelen truncarse por requisitos engorrosos. «Preferimos como provincia hacernos cargo directamente», afirmó.
Uno de los puntos críticos es el acceso a pensiones. La RUPE (Régimen Único de Pensiones) provincial cuenta con 2.013 beneficiarios activos, pero las solicitudes han aumentado, en parte por la dificultad para acceder a las pensiones nacionales, sometidas a auditorías. «Muchas familias ni siquiera pueden iniciar el trámite», lamentó Sotelo, quien vinculó el fenómeno a la visibilización de diagnósticos como el autismo y a la crisis económica.
La emergencia recién declarada genera expectativas, aunque limitadas. «Si la persona accede a una pensión nacional, es un alivio para ella y para nuestro sistema», señaló. No obstante, la asistencia inmediata sigue dependiendo de herramientas provinciales, como la tarjeta Bienestar o módulos alimentarios, cuya demanda se ha disparado. «Vivimos recibiendo pedidos por lo económico y lo habitacional», reconoció.
El déficit en vivienda es otro tema urgente. Sotelo mencionó que muchas personas con discapacidad deben enfrentar alquileres impagables, sin opciones de acceso a créditos o subsidios duraderos. «Articulamos con otras áreas, pero los recursos son finitos», admitió.
Consultada sobre si la emergencia basta o si debería reformarse la ley nacional de discapacidad, Sotelo recordó el intento fallido de actualización durante la gestión anterior. «Es necesario ir más allá de la emergencia», sostuvo, aunque enfatizó que cualquier cambio debe incluir la participación activa de las personas con discapacidad, como lo exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La funcionaria cerró con un llamado a la comunidad: «Estamos en Río Grande y Ushuaia para acompañar». Su mensaje refleja una realidad: mientras la política debate, las urgencias cotidianas no esperan.
