Gobierno impulsa polémica Ley de Inocencia Fiscal: críticas por avalar evasión y desarmar controles
La iniciativa, presentada en clave electoral, busca incentivar el blanqueo de dólares no declarados, pero expertos advierten que debilita la lucha contra el lavado y beneficia a evasores.
El Gobierno nacional lanzó este jueves un controvertido proyecto de ley que, bajo el nombre de Principio de Inocencia Fiscal, promueve la regularización de capitales no declarados, generando duras críticas por su potencial para justificar la evasión y otros delitos tributarios. La propuesta, presentada en un acto con fuerte tono de campaña en la provincia de Buenos Aires, fue defendida por el diputado José Luis Espert, quien calificó la evasión como una forma de "preservación del ahorro".
Acompañado por Juan Pazo, titular de ARCA, Espert aseguró que el Estado no fiscalizará adquisiciones sospechosas —como la compra de múltiples propiedades en un año— siempre que el contribuyente declare ingresos suficientes para cubrir el Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, especialistas señalan que este argumento ignora que muchos evasores se registran como monotributistas o jubilados, ocultando patrimonios imposibles de justificar.
Desmantelamiento de controles
Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación del sistema de información notarial, clave para rastrear operaciones inmobiliarias irregulares. Federico Ledesma, secretario gremial de la AEFIP, advirtió que esta medida contradice las recomendaciones del GAFI, que en 2024 destacó el rol esencial de los escribanos para combatir el lavado de dinero, frecuente en compras de propiedades y autos de lujo.
"Bajo el lema todos somos inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario, este régimen desarma los filtros de detección de riesgo y concentra poder en funcionarios discrecionales", denunció Ledesma. Según el sindicato, la reforma no solo facilita la evasión —en un país donde ya se evade el 35% del IVA y el 50% de Ganancias—, sino que habilita persecuciones selectivas por parte del Gobierno de turno.
Respuestas vagas y rédito político
Durante la conferencia, los funcionarios evitaron precisiones sobre las garantías para los adherentes al blanqueo, limitándose a eslóganes como "eliminamos las amenazas del Estado". Pazo insistió en que el nuevo régimen "protege para siempre" a quienes regularicen sus deudas, aunque no aclaró cómo se sostendría esa promesa ante un cambio de administración.
El proyecto también modifica plazos de prescripción para multas y reduce la capacidad de ARCA para iniciar causas por defraudación. Además, eleva los montos mínimos para considerar una evasión "simple" (de $1,5 a $100 millones) o "agravada" (de $15 a $1.000 millones), lo que, según críticos, legaliza defraudaciones masivas.
Ataques a las provincias y mensaje electoral
El acto incluyó duras críticas a gobernadores, en especial a Axel Kicillof, a quien Espert llamó "el soviético" y amenazó con negarle acceso a datos fiscales. Analistas interpretan la medida como un intento de captar votos ante el ajuste económico, incentivando la idea de que evadir impuestos es legítimo.
Mientras el oficialismo celebra la iniciativa como un paso hacia la "libertad", sindicatos y expertos alertan que profundizará la desigualdad: premia a quienes incumplieron la ley y castiga a los contribuyentes honestos, en un contexto donde el Estado necesita desesperadamente recaudar. La pregunta que queda flotando es si, más que inocencia fiscal, esta ley consagra la impunidad.
