Andrea Freites impulsa un régimen especial para deudores de tarjeta y Sabrina Selva exige explicaciones a Karina Milei
La diputada fueguina presentó un proyecto de alivio financiero para familias endeudadas. Selva, por su parte, detalló la avanzada del Congreso sobre la Secretaria General de la Presidencia.
En FM La Isla, la diputada nacional Andrea Freites expuso los lineamientos centrales de su nuevo proyecto de ley: un régimen especial de saneamiento y alivio financiero destinado a personas físicas endeudadas con tarjetas de crédito. La propuesta, presentada recientemente en la Cámara de Diputados, responde al crecimiento sostenido de la morosidad en consumos esenciales, como alimentos, medicamentos y servicios, cubiertos cada vez más mediante financiamiento con tarjetas.
“El objetivo es alivianar la carga de quienes, en este contexto de deterioro del poder adquisitivo, ya no usan la tarjeta para bienes de consumo durable sino para comer y pagar impuestos”, explicó Freites. Según indicó, los bancos están registrando una morosidad creciente incluso entre clientes sin antecedentes negativos, lo que revela el carácter excepcional de la situación.
El régimen propuesto tendrá una duración de un año y contempla condonación del 50% de los intereses —ya sean compensatorios, moratorios o punitorios— y un plan de pago de 36 cuotas con 60 días de gracia. Estará dirigido a personas físicas cuya deuda financiada (capital más intereses) no supere los 20 salarios mínimos vitales y móviles, unos 6,4 millones de pesos al momento del proyecto.
Freites detalló además que quedarán excluidas del régimen aquellas personas con tarjetas emitidas en el extranjero, personas jurídicas o individuos con antecedentes de fraude financiero o lavado de activos. “Este proyecto está pensado para quienes cayeron en mora por no poder pagar alimentos o remedios, no para quienes incurrieron en delitos económicos”, subrayó.
Consultada sobre la instrumentación, la diputada aclaró que todos los bancos bajo la órbita del Banco Central deberán ofrecer este régimen a sus clientes sin posibilidad de cobrar comisiones ni imponer condiciones adicionales. “Las entidades que no cumplan con esta obligación podrán ser multadas”, advirtió.
A modo de respaldo estadístico, la legisladora citó informes del Banco Central que muestran un aumento significativo de la morosidad en créditos personales y tarjetas, superando el 5,2% de los préstamos a familias en agosto. Según Freites, lo más alarmante es que la deuda ya no responde a consumos planificados, sino a gastos corrientes. En muchos casos, incluso se observa la práctica de tomar nuevos créditos para pagar deudas anteriores, generando una bola de nieve que resulta insostenible para los usuarios.
Freites estuvo acompañada en la entrevista por su compañera de bloque, la diputada nacional Sabrina Selva, quien aportó un segundo eje temático al diálogo: el funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados respecto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Inicio de la intervención de la diputada Sabrina Selva
Selva denunció que Karina Milei no respondió a la primera citación oficial del Congreso, pautada para el 23 de septiembre, ni tampoco presentó una excusa formal. “Esto no es una facultad optativa, es una carga pública. Mucho más aún tratándose de una funcionaria de su rango”, afirmó. La diputada confirmó que la comisión reiteró el oficio, con plazo hasta el 30 de septiembre, advirtiendo que si persiste la negativa, acudirán al Poder Judicial para solicitar su comparecencia mediante fuerza pública.
La Comisión Investigadora busca que la funcionaria dé explicaciones por dos casos concretos. Por un lado, el conocido como caso Libra, en el cual un ciudadano estadounidense, investigado en su país por estafas relacionadas con criptomonedas, declaró que habría transferido dinero a Karina Milei para que el presidente realizara un tuit promocionando el proyecto de la criptomoneda. Por otro lado, está el caso de los llamados “audios de Spagnuolo”, donde se menciona a Milei como una de las posibles beneficiarias de fondos irregulares.
“Nadie desmintió el contenido de esos audios, ni siquiera la propia Karina Milei”, señaló Selva. “Hasta ahora, los funcionarios del Gobierno se han limitado a sugerir que podrían ser audios manipulados, pero no han refutado el fondo de las acusaciones”.
En paralelo, explicó que si bien el Congreso puede solicitar la interpelación de cualquier funcionario, la moción de censura está prevista únicamente para el Jefe de Gabinete, según la Constitución Nacional. “La negativa de Milei a responder es grave institucionalmente. Vamos a usar todas las herramientas legales que nos da el reglamento para avanzar en este proceso”, concluyó.
Ambas diputadas coincidieron en señalar que el rol del Congreso debe fortalecerse en este contexto, ya sea protegiendo a las familias endeudadas o exigiendo transparencia en el uso de los recursos públicos.
