
Censura con sospechas: la Justicia frenó audios de Karina Milei en medio de fuertes denuncias
El juez Alejandro Patricio Maraniello, acusado por acoso y abuso de poder, prohibió difundir los audios tras un pedido de Patricia Bullrich. Crecen las críticas por censura.
El fallo que encendió la polémica
El juez federal civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello dictó una cautelar que prohíbe la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La resolución alcanzó a todos los medios, plataformas digitales y redes sociales, y ordenó incluso al Enacom intervenir de manera inmediata.
La medida fue solicitada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que además pidió allanamientos contra periodistas y medios que difundieron el material. El argumento oficial fue que los audios representan una violación de la privacidad institucional.
Un juez bajo la lupa
La decisión recayó en un magistrado con un presente judicial delicado. Maraniello enfrenta seis expedientes abiertos en el Consejo de la Magistratura, entre ellos por acoso sexual, acoso laboral, violencia de género, abuso de poder y maltrato a personal.
El 14 de agosto, la Comisión de Disciplina del Consejo abrió una investigación por manejo indebido de recursos públicos y denuncias de violencia en su juzgado. Una de las causas más sensibles proviene de la denuncia de una trabajadora que relató haber sido víctima de hostigamiento, tocamientos y relaciones sexuales no consentidas, según registros de la Unidad de Bienestar Laboral del fuero Contencioso Administrativo Federal.
La investigación llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que remitió el caso a los fiscales Carlos Stornelli y María Servini. Aunque la denunciante no impulsó acción penal, la fiscal Mariana Labozzetta entendió que podría tratarse de un delito de acción pública.
Forum shopping y sospechas políticas
En los tribunales, la rapidez con la que actuó Maraniello tras el pedido de Bullrich reavivó la sospecha de “forum shopping”, es decir, la asignación estratégica de un caso a un juez favorable al Gobierno. Una fuente judicial lo definió con ironía como “casualidad permanente”: “No es raro que haya firmado esto arrastrándose con el gobierno a ver si alguien lo zafa de sus causas”.
De este modo, la denuncia de Bullrich por los audios terminó en manos de un magistrado que depende políticamente de la buena voluntad del oficialismo en el Consejo de la Magistratura para evitar una eventual destitución.
Censura y libertad de prensa en debate
El pedido de allanamiento a periodistas, sumado a la cautelar de Maraniello, fue interpretado por comunicadores y especialistas como un ataque directo a la libertad de prensa. Desde organizaciones periodísticas se advirtió que se trata de un precedente de censura previa, prohibida por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
En redes sociales, Maraniello ya fue apodado el “juez Baru Budu Budía”, evocando la histórica censura que en 1992 ejerció la jueza María Servini sobre el programa de Tato Bores. La comparación resume el clima de época: un fallo judicial que protege al poder político en medio de acusaciones de corrupción, a costa de restringir la libertad de expresión.